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[Foto: Flickr / Nathan Guy (2008)]
El Comité de Expertos sobre la Protección de la Abogacía (CJ-AV) del Consejo de Europa, encargado de redactar el Convenio sobre la protección de la profesión de la abogacía, se reunió por última vez en Estrasburgo del 9 al 11 de septiembre de 2024.
En esta ocasión, el Comité examinó las solicitudes de modificaciones formuladas por las partes interesadas consultadas. Esta fue la novena de una serie de reuniones que comenzaron en 2018. El Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo participó activamente en todas las reuniones a través de sus representantes.
El texto finalmente aprobado por el Comité de Expertos se trasladó para examen del Comité Europeo de Cooperación Jurídica (CDCJ), que se reunió en sesión plenaria del 19 al 21 de noviembre de 2024 y aprobó el borrador del Convenio y del informe explicativo.
Posteriormente, los dos documentos se remitieron al Comité de Ministros para que los presentara a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para su consenso.
El Convenio deberá ser adoptado en 2025 por el Comité de Ministros, compuesto por ministros que representan a los 46 Estados miembros del Consejo de Europa, bajo la Presidencia de Luxemburgo. A partir de ese momento, habrá que esforzarse por conseguir que el Convenio sea firmado por el mayor número posible de Estados. El Convenio también estará abierto a la firma de Estados no miembros del Consejo de Europa, con lo que su protección se extenderá más allá de las fronteras europeas.
El texto final de este instrumento ofrece a todos los profesionales de la abogacía y colegios de la abogacía la oportunidad de beneficiarse de un mecanismo fuerte y vinculante frente a los Estados, destinada a defender el Estado de Derecho.
Tras la adopción del Convenio, se nombrará un grupo de expertos (GRAVO), de acuerdo con los criterios que indique el Consejo de Ministros, para supervisar y verificar la correcta aplicación del Convenio y el cumplimiento de sus disposiciones.
El GRAVO identificará los Estados y las situaciones en las que será necesario verificar el cumplimiento del Convenio y podrá llevar a cabo las investigaciones oportunas mediante cuestionarios, solicitudes de información y reuniones con el fin de verificar las violaciones cometidas.
También será posible realizar visitas a los países objeto de investigación, en las que deberá garantizarse la posibilidad de reunirse tanto con las autoridades públicas como con todas aquellas personas a las que el GRAVO pretenda entrevistar. Lo mismo se aplica a la posibilidad de solicitar y obtener cualquier documentación que se considere necesaria.
Al final de la investigación, el GRAVO elaborará un informe que también se enviará al Estado investigado y se hará público en cuanto se haya aprobado. Al mismo tiempo, el GRAVO podrá emitir recomendaciones al Estado sobre las medidas que deben adoptarse para eliminar las violaciones constatadas y garantizar el cumplimiento efectivo del Convenio.
Será necesario entonces esforzarse por conseguir la firma del Convenio por el mayor número posible de Estados.
También se prevé un procedimiento de urgencia para los casos en que las violaciones se consideren especialmente graves. La adopción del texto definitivo del Convenio y su aprobación por el CDCJ es un logro muy importante Sin embargo, ahora es necesario entablar acciones ante todos los Estados y autoridades competentes para garantizar que el Convenio sea firmado por el mayor número posible de Estados.
Sólo así será posible ofrecer a los abogados/as, a los colegios de la abogacía y a la profesión la protección que hasta ahora no tenían garantizada.
Consultar los textos completos:
Draft Council of Europe Convention for the Protection of the Profession of Lawyer
