{"id":10547,"date":"2024-03-15T10:00:22","date_gmt":"2024-03-15T10:00:22","guid":{"rendered":"https:\/\/protect-lawyers.org\/?post_type=listing&p=10547"},"modified":"2025-03-17T16:18:58","modified_gmt":"2025-03-17T16:18:58","slug":"german-romero-sanchez","status":"publish","type":"listing","link":"https:\/\/protect-lawyers.org\/es\/case\/german-romero-sanchez\/","title":{"rendered":"Germ\u00e1n Romero S\u00e1nchez"},"content":{"rendered":"

<\/i> ALERTA 27\/11\/2023<\/a><\/h4>\n

<\/i> ALERTA 10\/2019<\/a><\/h4>\n

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<\/a>COLOMBIA:\u00a0Grave patr\u00f3n de Hostigamiento, Persecuci\u00f3n y Atentados contra el Abogado German Romero en consecuencia del ejercicio de sus funciones<\/h2>\n

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El Observatorio expresa nuevamente suma preocupaci\u00f3n por los continuos hostigamientos y atentados dirigidos hacia el abogado German Romero, quien se ha dedicado a lo largo de su carrera a la defensa de v\u00edctimas objeto de ataques por parte de altos oficiales del ej\u00e9rcito y Estado colombiano.<\/strong><\/p>\n

El abogado\u00a0German Romero<\/strong>, quien forma parte del equipo DH Colombia (Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos), centra su trabajo en representar v\u00edctimas de graves violaciones de derechos humanos y cr\u00edmenes de lesa humanidad en casos emblem\u00e1ticos de Colombia, listados en el siguiente\u00a0Anexo I.<\/p>\n

Desde 2019 el defensor\u00a0Germ\u00e1n<\/strong>\u00a0Romero S\u00e1nchez y su familia<\/strong>\u00a0vienen siendo v\u00edctimas de seguimientos, amenazas, persecuci\u00f3n y atentados, debido al ejercicio de la abogac\u00eda, tal y como conden\u00f3 el Observatorio en una\u00a0alerta\u00a0publicada en octubre del 2019.<\/p>\n

Entr<\/strong>e el a\u00f1o 2021 a 2022<\/strong>\u00a0(durante un a\u00f1o), German Romero, su pareja sentimental y dos menores de edad salieron obligatoriamente del pa\u00eds,\u00a0en calidad de exiliados<\/strong>\u00a0debido al peligro al que se enfrentaban. Pocas semanas despu\u00e9s de su regreso a Colombia, continuaron las actividades de amenazas y vigilancia, identific\u00e1ndose m\u00e1s de 12 episodios de riesgo hasta la fecha, documentados en el\u00a0Anexo II<\/u>. El \u00faltimo incidente tuvo lugar fecha 30 de octubre, en el que un hombre posiblemente armado y con apariencia militar realiz\u00f3 actividades de vigilancia en la residencia del abogado Germ\u00e1n Romero.<\/p>\n

En la actualidad, a pesar de haber denunciado cada incidente de riesgo, el abogado German Romero contin\u00faa sufriendo episodios de riesgo persistentes por el ejercicio de la abogac\u00eda,\u00a0<\/strong>provocando da\u00f1os de car\u00e1cter multidimensional que tienen un impacto a nivel individual, familiar y colectivo, y graves consecuencias psicosociales.<\/p>\n

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El OIAD mantiene su firme condena de las amenazas, la persecuci\u00f3n y el acoso persistente contra el abogado Germ\u00e1n Romero S\u00e1nchez y su familia.<\/strong><\/p>\n

El OIAD insta a las autoridades colombianas, a que tomen todas las medidas necesarias\u00a0<\/strong>para garantizar la seguridad y la integridad f\u00edsica y psicol\u00f3gica del abogado\u00a0German Romero y su familia.<\/strong><\/p>\n

El OIAD insta a las autoridades colombianas<\/strong>\u00a0a garantizar el respeto a los\u00a0Principios B\u00e1sicos de las Naciones Unidas sobre la Funci\u00f3n de los Abogados<\/strong>, en particular a los\u00a0principios 16, 17 y 22:<\/strong><\/p>\n

Principio 16<\/strong>: \u201cLos gobiernos garantizar\u00e1n que los abogados a) puedan desempe\u00f1ar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obst\u00e1culos, acosos o interferencias indebidas; b) puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto dentro de su pa\u00eds como en el exterior; y c) no sufran ni est\u00e9n expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, econ\u00f3micas o de otra \u00edndole a ra\u00edz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas \u00e9ticas que se reconocen a su profesi\u00f3n.\u201d<\/p>\n

Principio 17<\/strong>: \u201cCuando la seguridad de los abogados sea amenazada a ra\u00edz del ejercicio de sus funciones, recibir\u00e1n de las autoridades protecci\u00f3n adecuada.\u201d<\/p>\n

Principio 22<\/strong>.\u00a0\u201c<\/em>Los gobiernos reconocer\u00e1n y respetar\u00e1n la confidencialidad de todas las comunicaciones y consultas entre los abogados y sus clientes, en el marco de su relaci\u00f3n profesional.\u201d<\/p>\n

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<\/a>Colombia: El OIAD expresa su profunda preocupaci\u00f3n por los repetidos ataques y amenazas a la integridad personal y profesional de German Romero S\u00e1nchez destacado abogado comprometido con la defensa de los derechos humanos en Colombia.<\/h2>\n

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Descripci\u00f3n de la situaci\u00f3n<\/u><\/strong>:<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong>Seg\u00fan las informaciones recibidas, su trabajo se basa en la representaci\u00f3n de v\u00edctimas en procesos penales para la b\u00fasqueda de la verdad, justicia y reparaci\u00f3n de las mismas. Como parte de estos procedimientos, trabaja en casos donde se encuentran acusados como responsables agentes del Estado y altos oficiales del ej\u00e9rcito de Colombia; entre los cuales destacan:<\/p>\n

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  1. Las investigaciones penales por parte de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n por los delitos de ejecuciones extrajudiciales contra los altos oficiales activos como el General Emiro Jos\u00e9 Barrios Jim\u00e9nez y el General Jorge Enrique Navarrete, y las investigaciones contra el General Diego Luis Villegas Mu\u00f1oz, Comandante de la Fuerza de Tarea Vulcan, como tambi\u00e9n contra el Coronel Nelson Vel\u00e1squez Parrado.<\/li>\n
  2. La parte civil en el proceso penal de la Comunidad de Paz de San Jos\u00e9 de Apartad\u00f3 por la responsabilidad de la Brigada XVII del Ej\u00e9rcito Nacional en la masacre de 8 personas perpetrada por militares y paramilitares en febrero de 2005.<\/li>\n<\/ol>\n

    En mayo de 2019 la Corte Suprema conden\u00f3 a 34 a\u00f1os a varios oficiales y suboficiales de la Brigada XVII, entre ellos el Coronel Orlando Espinosa Beltr\u00e1n y el Mayor Jos\u00e9 Fernando Casta\u00f1o10, por su coparticipaci\u00f3n y responsabilidad en la masacre. Para ejecutarla, se dict\u00f3 la Orden de Operaciones F\u00e9nix por parte de la Brigada XVII, en conjunto con la misi\u00f3n \u2018Feroz\u2019, cuya planeaci\u00f3n estaba a cargo del General R. Mario Montoya, ex Comandante del Ej\u00e9rcito Nacional, hoy en la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz (JEP) por los delitos de ejecuciones extrajudiciales.<\/p>\n

    Por esta masacre, en 2013 fueron llamados a indagatoria los Generales (r) Luis Alfonso Zapata y H\u00e9ctor Fandi\u00f1o Rinc\u00f3n, a quienes le resolvieron sus situaciones jur\u00eddicas sin imponerle ninguna medida de aseguramiento y finalmente cerrar la investigaci\u00f3n este a\u00f1o.<\/p>\n

      \n
    1. Representaci\u00f3n legal de la periodista Claudia Julieta Duque, v\u00edctima de tortura psicol\u00f3gica perpetrada por agentes del extinto Departamento de Administraci\u00f3n de Seguridad (DAS); a la fecha 8 funcionarios p\u00fablicos se encuentran en juicio y una persona m\u00e1s est\u00e1 siendo investigada. De igual manera, en marzo de 2019, Duque y Romero S\u00e1nchez radicaron un recurso de revisi\u00f3n ante la Corte Suprema para que no se archive una denuncia penal de Claudia Julieta Duque por injuria y calumnia contra el ex presidente de Colombia, \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez.<\/li>\n
    2. Romero S\u00e1nchez y su socio, abogado defensor de derechos humanos, Jorge Molano, litigaron el caso de la Operaci\u00f3n Drag\u00f3n, un plan de asesinatos en contra de personas defensoras de derechos humanos, sindicalistas y l\u00edderes pol\u00edticos por su oposici\u00f3n a la privatizaci\u00f3n de Empresas Municipales de Cali (Emcali); uno de los blancos del plan fue Berenice Celeita, presidenta de la organizaci\u00f3n NOMADESC, acompa\u00f1ada por PBI Colombia. Este plan fue desarrollado e implementado por militares activos y en retiro. El plan fue descubierto en 2004; 15 a\u00f1os m\u00e1s tarde, en enero de 2019, fueron condenados por el crimen tres militares de la Brigada III del Ej\u00e9rcito Nacional.<\/li>\n
    3. Representaci\u00f3n legal de Alfamir Castillo cuyo hijo, Darbey Mosquera, fue asesinado en febrero de 2008 por miembros del Batall\u00f3n de Contraguerrillas N\u00ba 57 de la XIII Brigada, quienes lo llevaron hasta la zona rural de Manizales con enga\u00f1os y lo hicieron pasar como miembro de una banda criminal. Por este caso fueron condenados siete militares, entre ellos el Mayor Activo del Ej\u00e9rcito Nacional Josue Yobanny Linares. Por el mismo caso, Alfamir fue reconocida como v\u00edctima dentro del proceso de la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz (JEP) contra del General (r) Mario Montoya Uribe.<\/li>\n<\/ol>\n

      El 11 de enero de 2019, tras amenazas previas contra ella y contra Romero S\u00e1nchez que hac\u00edan referencia a su participaci\u00f3n en la JEP, Alfamir sufri\u00f3 un atentado mientras se desplazaba en un veh\u00edculo otorgado por la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n (UNP).<\/p>\n

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      1. Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Romero S\u00e1nchez representa a los familiares de las personas desaparecidas del Palacio de Justicia de 1985. En una audiencia reciente, Romero S\u00e1nchez cuestion\u00f3 las conclusiones de la Fiscal\u00eda General y el Instituto de Medicina Legal en un informe enviado a la CIDH, considerando inadmisible que 32 a\u00f1os despu\u00e9s, el ente investigador diga que no existieron desaparecidos. Por este caso est\u00e1 condenado el General R. Jes\u00fas Armando Arias Cabrales.<\/li>\n
      2. Abogado en el caso de Nicol\u00e1s Neira, un joven de 15 a\u00f1os asesinado por miembros del Escuadr\u00f3n M\u00f3vil Antidisturbios de la Polic\u00eda (ESMAD) en 2005, la Corte Suprema neg\u00f3 en septiembre de 2019 un preacuerdo para rebajar las penas a los responsables del crimen en la Polic\u00eda Nacional.<\/li>\n<\/ol>\n

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        Cabe destacar que en el transcurso de este a\u00f1o, diferentes organizaciones internacionales han llamado la atenci\u00f3n en m\u00faltiples ocasiones sobre las amenazas y situaci\u00f3n de riesgo de Romero S\u00e1nchez y su familia. Preocupa especialmente la falta de reacci\u00f3n de la Presidencia\u00a0 frente a los llamados de atenci\u00f3n febrero de 2019 sobre la situaci\u00f3n de Germ\u00e1n Romero S\u00e1nchez desde el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU y de la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales[1]<\/sup>. La persecuci\u00f3n en contra de Romero S\u00e1nchez se enmarca en un contexto de riesgo permanente frente a la b\u00fasqueda de la verdad alrededor de cr\u00edmenes donde existe la presunta responsabilidad de altos mandos de las Fuerzas Militares. Estos ataques ocurren en el contexto de m\u00faltiples esc\u00e1ndalos dentro de la instituci\u00f3n, como el cuestionamiento de ascender a militares investigados por cr\u00edmenes de lesa humanidad y directrices internas en el Ej\u00e9rcito Nacional que abrir\u00edan nuevamente la puerta al aumento de Ejecuciones Extrajudiciales, reveladas por el New York Times el 18 de mayo pasado.<\/p>\n

        Los ataques concretos hacia su persona y su familia\u00a0 en los \u00faltimos meses se han ido multiplicando, pese a las m\u00faltiples denuncias ante las autoridades colombianas,\u00a0 debido a la gran responsabilidad que supone la representaci\u00f3n en estos casos descritos. Algunos de ellos, cronol\u00f3gicamente,\u00a0 son los siguientes:<\/p>\n