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Ben Ramos, abogado y defensor de los derechos humanos, fue cobardemente asesinado hace un a\u00f1o (6 de noviembre de 2018) en la isla de Negros, en Filipinas. Fue el 34\u00ba abogado asesinado en Filipinas desde la elecci\u00f3n del actual presidente Duterte y estos ataques contra los abogados van en aumento.<\/strong><\/p>\n Ben Ramos fue director de la ONG Grupo de Desarrollo de la Paz (PDG), creada en 1987 para contribuir al desarrollo de las comunidades rurales de la provincia de Negros Occidental. A pesar de las amenazas de muerte contra \u00e9l, Ben Ramos continu\u00f3 trabajando en la defensa de los peque\u00f1os agricultores, en la prestaci\u00f3n de asistencia jur\u00eddica gratuita a las v\u00edctimas de violaciones de derechos humanos, a los presos pol\u00edticos y a otros defensores de los derechos humanos atacados.<\/p>\n Fue asesinado fuera de una tienda en Kabankalan por asesinos no identificados que huyeron en una motocicleta despu\u00e9s del tiroteo.<\/p>\n Desde su asesinato, la situaci\u00f3n ha empeorado para los miembros del equipo de PDG que recibieron amenazas de muerte. 38 personas fueron asesinadas en Negros en 2019 (incluyendo activistas campesinos y defensores de los derechos humanos) y 57 personas, en su mayor\u00eda miembros de organizaciones de derechos humanos, fueron arrestadas en redadas en su lugar de trabajo o en su casa en la ciudad de Bacolod el 31 de octubre de 2019.<\/p>\n Pocos meses antes de su asesinato,\u00a0Ben Ramos, al igual que muchos otros, fue sometido a un \u201cred-tagging\u201d, un m\u00e9todo para acusar oficialmente a los defensores de los derechos humanos de ser \u201cenemigos del Estado\u201d, en relaci\u00f3n con el Nuevo Ej\u00e9rcito Popular Comunista (NPA).<\/strong>\u00a0Esta pr\u00e1ctica, combinada con la cultura de la impunidad, ha sido identificada por las misiones de investigaci\u00f3n nacionales e internacionales como una de las principales causas de las ejecuciones extrajudiciales en Filipinas en el pasado y contin\u00faa en la actualidad.<\/p>\n La senadora Leila De Lima destac\u00f3 la inacci\u00f3n del gobierno al responder a los llamados para investigar los ataques y asesinatos sistem\u00e1ticos de abogados filipinos en el pa\u00eds<\/strong>. El senador se\u00f1al\u00f3 que unos 27.000 filipinos han sido injustamente asesinados desde que el presidente lanz\u00f3 su guerra total contra las drogas en 2016, incluidos jueces, abogados y fiscales cuyas profesiones ponen en peligro sus vidas. Seg\u00fan ella, al menos 41 jueces, fiscales y abogados fueron asesinados en julio de 2019.<\/p>\n El jueves 6 de noviembre de 2019, se denunci\u00f3 un nuevo asesinato de un profesional del derecho. El juez Mario Anacleto Ba\u00f1ez fue asesinado a tiros por hombres no identificados a \u00faltima hora de la tarde, que luego huyeron. Es el quinto juez asesinado desde el comienzo de la administraci\u00f3n del Presidente Duterte.<\/p>\n El senador De Lima ha presentado una resoluci\u00f3n en el Senado instando al gobierno de Duterte a hacer todo lo posible para investigar las ejecuciones extrajudiciales no resueltas contra abogados filipinos y para detener los ataques contra ellos.<\/p>\n \u201cLa incapacidad de nuestro gobierno para impedir estos asesinatos contin\u00faa a pesar de que los organismos y expertos de la ONU ya han expresado su preocupaci\u00f3n por las ejecuciones extrajudiciales en el pa\u00eds, como lo demuestra la adopci\u00f3n de la resoluci\u00f3n 41\/L.20 por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado mes de julio<\/em>\u201c, dijo.<\/p>\n En dicha resoluci\u00f3n del Consejo de Derechos Humanos, apoyada por 18 pa\u00edses, se inst\u00f3 a Filipinas a \u201ctomar todas las medidas necesarias para prevenir las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, llevar a cabo investigaciones imparciales y hacer que los autores rindan cuentas, de conformidad con las normas y est\u00e1ndares internacionales<\/em>\u2026\u201d.<\/p>\n <\/p>\n El OIAD, Lawyers for Lawyers y 150 colegios de abogados nacionales o internacionales y organizaciones de abogados y profesionales del derecho de 49 pa\u00edses tambi\u00e9n pidieron a la administraci\u00f3n Duterte que adoptara las medidas necesarias para poner fin a los ataques contra los abogados en el pa\u00eds en una\u00a0declaraci\u00f3n conjunta\u00a0el pasado mes de septiembre.<\/p>\n Adem\u00e1s, la Facultad de Derecho de la Universidad de Filipinas emiti\u00f3 el pasado lunes una declaraci\u00f3n conjunta en la que expresaba su profunda preocupaci\u00f3n por las acusaciones contra profesores de derecho filipinos y miembros del Colegio de Abogados de Filipinas (Integrated Bar of the Philippines \u2013 IBP): \u201cLas acusaciones no son m\u00e1s que puro acoso, intimidaci\u00f3n e injerencia indebida en su funci\u00f3n profesional\u201d, dice la declaraci\u00f3n.<\/p>\n La Facultad de Derecho cit\u00f3 los Principios B\u00e1sicos sobre la Funci\u00f3n de los Abogados de las Naciones Unidas (1990), en los que se pide a los gobiernos que garanticen que \u201cLos gobiernos garantizar\u00e1n que los abogados\u00a0a) puedan desempe\u00f1ar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obst\u00e1culos, acosos o interferencias indebidas<\/em>\u201d (Principio N\u00ba 16).<\/p>\n <\/p>\n El OIAD<\/strong>\u00a0presta pleno apoyo a los abogados filipinos amenazados en el desempe\u00f1o de sus funciones profesionales, as\u00ed como a todos los defensores de los derechos humanos en Filipinas.<\/p>\n El OIAD<\/strong>\u00a0insta a las autoridades filipinas a que investiguen con prontitud, imparcialidad y transparencia las ejecuciones extrajudiciales y los ataques contra abogados a fin de identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.<\/p>\n