{"id":13742,"date":"2023-05-10T14:38:13","date_gmt":"2023-05-10T14:38:13","guid":{"rendered":"https:\/\/protect-lawyers.org\/colombie-rapport-de-la-vii-caravane-international-de-juristes\/"},"modified":"2023-08-24T15:28:54","modified_gmt":"2023-08-24T15:28:54","slug":"colombia-informe-de-la-vii-caravana-internacional-de-juristas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/protect-lawyers.org\/es\/colombia-informe-de-la-vii-caravana-internacional-de-juristas\/","title":{"rendered":"COLOMBIA: Informe de la VII Caravana Internacional de Juristas"},"content":{"rendered":"

\u00abContra la impunidad: protecci\u00f3n de la abogac\u00eda e independencia judicial\u00bb<\/strong>\u00a0<\/em>es el t\u00edtulo del informe de la VII Caravana Internacional de Juristas en Colombia, en la que participaron 6 delegados del Observatorio Internacional de la abogac\u00eda en riesgo. Ya est\u00e1 disponible el informe completo\u00a0en\u00a0ingl\u00e9s<\/a>\u00a0<\/strong>y a continuaci\u00f3n se presenta el resumen del mismo.<\/p>\n

Resumen del informe de la VII Caravana Internacional de Juristas\u00a0<\/strong><\/h3>\n

Este informe documenta las conclusiones de la visita realizada en agosto de 2022 por la VII Caravana Internacional de Juristas en Colombia. en la que participaron 6 delegados del Observatorio Internacional de la abogac\u00eda en riesgo.<\/p>\n

El tel\u00f3n de fondo de la Caravana fue la alta tasa de asesinatos de defensores de derechos humanos (DDH) y l\u00edderes sociales, el alarmante aumento de la violencia territorial y la aceleraci\u00f3n de la represi\u00f3n y criminalizaci\u00f3n de la protesta social en los \u00faltimos a\u00f1os. En los inicios de la delegaci\u00f3n, el gobierno entrante de Petro promet\u00eda implementar plenamente el Acuerdo de Paz. Los delegados tambi\u00e9n eran conscientes de la preocupaci\u00f3n por el incumplimiento por parte del gobierno de Duque de compromisos clave del Acuerdo de Paz. Teniendo lo anterior en cuenta, la\u00a0VII Caravana se centr\u00f3 en la necesidad de un poder judicial independiente y en la protecci\u00f3n de la abogac\u00eda y defensores de derechos humanos, para hacer frente a la impunidad y garantizar el acceso a la justicia para todos<\/strong>.<\/p>\n

Reunidos primeramente en Bogot\u00e1 para mantener encuentros preliminares con compa\u00f1eros colombianos, los delegados de la Caravana viajaron a cuatro regiones, Bol\u00edvar (Cartagena), Norte De Santander (C\u00facuta), Santander (Bucaramanga) y Valle Del Cauca (Cali) para reunirse con abogados, defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, representantes de comunidades rurales, v\u00edctimas y supervivientes, jueces y otros operadores del sistema judicial, y otras autoridades estatales. A su regreso a la capital, los delegados se reunieron con representantes de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, la judicatura y la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz (JEP), y entidades estatales como la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n (UNP).<\/p>\n

Las realidades fueron a\u00fan m\u00e1s preocupantes de lo esperado<\/strong>. La Caravana escuch\u00f3 testimonios que confirman la falta de avances en la implementaci\u00f3n del Acuerdo de Paz en los \u00faltimos cuatro a\u00f1os y se\u00f1alan realidades complejas y sist\u00e9micas que se interponen en el camino hacia una paz justa y duradera.<\/p>\n

Resumen de las observaciones de la VII Caravana<\/em><\/strong><\/p>\n

La Caravana se mostr\u00f3 preocupada al conocer la persecuci\u00f3n que sufren grupos que intentan implementar el Acuerdo de Paz y los retos a los que siguen enfrent\u00e1ndose las v\u00edctimas-sobrevivientes de la violencia estatal hist\u00f3rica y reciente en su b\u00fasqueda de justicia y rendici\u00f3n de cuentas.<\/p>\n

Entre otras observaciones de la Caravana fueron las siguientes:<\/p>\n

    \n
  • El conflicto armado, la violencia y la inestabilidad contin\u00faan en las \u00e1reas urbanas marginales y en las zonas rurales afectadas por niveles cr\u00edticos de \u00abviolencia territorial\u201d, con los consiguientes efectos adversos. Los esfuerzos para combatir el origen de estos ataques han progresado poco o nada. De hecho, el n\u00famero de actores armados ilegales y sus \u00e1reas de influencia se han ampliado.<\/li>\n
  • El n\u00famero de violaciones graves de derechos humanos es elevado e incluye fen\u00f3menos como el reclutamiento de menores y violencia de g\u00e9nero sin control, especialmente en la zona fronteriza de C\u00facuta, y la persistencia de altos \u00edndices de asesinatos de l\u00edderes sociales y defensores de los derechos humanos.<\/li>\n
  • Los defensores y l\u00edderes comunitarios y sociales act\u00faan con alto riesgo y no gozan de garant\u00edas de seguridad y protecci\u00f3n significativas.<\/li>\n
  • La problem\u00e1tica de la tierra dista mucho de estar resuelta; contin\u00faan los conflictos por el territorio y los violentos desplazamientos forzosos y confinamientos de comunidades, as\u00ed como la persecuci\u00f3n de sus l\u00edderes y miembros.<\/li>\n
  • Existen pautas de respuesta represiva a quienes ejercen su derecho a disentir, asociarse, movilizarse en protesta y participar en otras expresiones no violentas de su oposici\u00f3n a las realidades econ\u00f3micas y pol\u00edticas dominantes.<\/li>\n
  • La independencia del poder judicial se ve cuestionada en m\u00faltiples niveles y prevalecen la denegaci\u00f3n o el retraso de la justicia y la impunidad. Las amenazas van desde la injerencia pol\u00edtica a la grave escasez de recursos; el incumplimiento y la no ejecuci\u00f3n de las decisiones judiciales; los altos riesgos, amenazas y asesinatos de jueces y operadores de justicia; hasta la falta de garant\u00edas y protecci\u00f3n de la seguridad del Estado. El tratamiento que da el Estado a las presuntas irregularidades judiciales tambi\u00e9n sigue siendo motivo de grave preocupaci\u00f3n.<\/li>\n
  • La profesi\u00f3n de la abogac\u00eda sigue estando en peligro, sufriendo diversas amenazas y ataques contra ella personalmente y en t\u00e9rminos de otros obst\u00e1culos que dificultan e interfieren en su capacidad para llevar a cabo sus actividades profesionales.<\/li>\n<\/ul>\n

    Nuevo compromiso de implementaci\u00f3n territorial e integral del Acuerdo de Paz<\/em><\/strong><\/p>\n

    El nuevo compromiso de aplicaci\u00f3n territorial e integral del Acuerdo de Paz (y las recomendaciones de la Comisi\u00f3n de la Verdad y otros organismos) es de crucial importancia para el logro de una paz justa y duradera. El Acuerdo de Paz marc\u00f3 un hito importante y proporcion\u00f3 las bases generales para iniciar la transici\u00f3n hacia la paz al comprometerse a abordar las causas estructurales del conflicto que duraba d\u00e9cadas. M\u00e1s de seis a\u00f1os despu\u00e9s de la firma del Acuerdo de Paz, la Caravana est\u00e1 muy preocupada por la falta de avances en la aplicaci\u00f3n de los compromisos fundamentales, as\u00ed como por la continuaci\u00f3n e incluso la intensificaci\u00f3n de la violencia, del conflicto armado y de las violaciones de los derechos humanos.<\/p>\n

    As\u00ed se desprende de los relatos de representantes de comunidades y organizaciones ind\u00edgenas, afrocolombianas y campesinas de las regiones visitadas. Los delegados de la Caravana en C\u00facuta tuvieron conocimiento de la falta de avances en la implementaci\u00f3n de la reforma rural integral y la problem\u00e1tica de la droga; el estado de estos compromisos es que se han estancado y la participaci\u00f3n de las comunidades se ha degradado (en t\u00e9rminos de PDET y PNIS). Adem\u00e1s, la erradicaci\u00f3n forzada no s\u00f3lo se ha renovado, sino que se ha intensificado en los \u00faltimos a\u00f1os. Los esfuerzos de las organizaciones sociales -como la Asociaci\u00f3n de Campesinos del Catatumbo (ASCAMCAT)- por impulsar la implementaci\u00f3n del Acuerdo han sido respondidos con violencia y estigmatizaci\u00f3n, lo que les hace a\u00fan m\u00e1s vulnerables.<\/p>\n

    El problema de la tierra no se ha resuelto. Los delegados de la Caravana en C\u00facuta, Bucaramanga y Cartagena escucharon testimonios alarmantes sobre los esfuerzos en curso para desplazar a los habitantes rurales y disuadirlos de organizarse para satisfacer sus necesidades fundamentales de acceso a sus territorios y tierras productivas para mantener a sus familias y satisfacer sus necesidades b\u00e1sicas. Ejemplos emblem\u00e1ticos incluyen las amenazas a dos comunidades campesinas en el departamento del Cesar, Pitalito y 20 de Julio, un incidente que tuvo lugar durante la Caravana y otro en noviembre de 2022; y la situaci\u00f3n de las comunidades afrocolombianas que intentan proteger la salud ambiental y garantizar el acceso a la tierra y las fuentes de agua que les permiten ganarse la vida con la agricultura y la pesca, frente a los efectos adversos del proyecto gubernamental de desviaci\u00f3n del Canal del Dique. Una vez m\u00e1s, estos esfuerzos se han topado con amenazas y ataques contra estas comunidades y sus abogados y defensores de derechos humanos.<\/p>\n

    En cuanto a los esfuerzos para garantizar la rendici\u00f3n de cuentas por graves cr\u00edmenes y violaciones de derechos humanos hist\u00f3ricos y recientes, y la protecci\u00f3n frente a la violencia continuada de m\u00faltiples actores armados ilegales, los l\u00edderes sociales y los defensores de derechos de campesinos, ind\u00edgenas y afrocolombianos siguen corriendo un elevado riesgo de sufrir ataques y homicidios. Las masacres contin\u00faan en las regiones caracterizadas por altos niveles de violencia territorial. Estas zonas se caracterizan tanto por la impunidad del Estado como por su ausencia. Esta combinaci\u00f3n ha demostrado ser dif\u00edcil de resolver, y abordarla resulta una tarea crucial.<\/p>\n

    Los defensores de los derechos humanos, en situaci\u00f3n de alto riesgo: a\u00fan \u00abno hay tregua para los abogados de derechos humanos\u201d<\/em><\/strong><\/p>\n

    \u00a0<\/em><\/strong>La Caravana est\u00e1 extremadamente preocupada por los reportes recibidos durante y despu\u00e9s de la delegaci\u00f3n de que las amenazas, los ataques y la inseguridad siguen siendo la norma para la profesi\u00f3n jur\u00eddica, en particular, para los abogados de derechos humanos, as\u00ed como para los defensores de derechos humanos en general. Los profesionales de la abogac\u00eda siguen corriendo altos riesgos en el ejercicio de su labor de representaci\u00f3n, ya sea en regiones fronterizas y otras zonas rurales de conflicto armado, cuando representan a comunidades desplazadas o confinadas y a defensores de la tierra, o a personas detenidas arbitrariamente y criminalizadas en contextos universitarios y protestas sociales.<\/p>\n

    El informe presenta relatos detallados de abogados particulares y colectivos de abogados en Bogot\u00e1 y las regiones visitadas. El cap\u00edtulo 3 examina casos espec\u00edficos de abogados y abogadas atacadas en el curso de sus esfuerzos por representar a las v\u00edctimas de la represi\u00f3n durante el paro nacional. El cap\u00edtulo 4.2 presenta casos adicionales en otros contextos: la universidad, el campo y las zonas urbanas, cuando los abogados intentan cumplir con sus deberes profesionales en casos contra actores estatales y privados, as\u00ed como en contextos que desaf\u00edan el status quo pol\u00edtico y econ\u00f3mico dominante. En todas las regiones visitadas, los delegados de la Caravana escucharon testimonios de estigmatizaci\u00f3n, judicializaci\u00f3n (montajes) y criminalizaci\u00f3n, amenazas y ataques contra la abogac\u00eda y sus familias, as\u00ed como contra sus clientes. La situaci\u00f3n de los \u00abdefensores de los defensores\u00bb sigue siendo insostenible.<\/p>\n

    Incumplimiento por parte del Estado de la obligaci\u00f3n de aplicar garant\u00edas de seguridad y medidas de protecci\u00f3n significativas<\/em><\/strong><\/p>\n

    Sin embargo, el Estado no ha cumplido con sus obligaciones de proteger a la profesi\u00f3n jur\u00eddica y de cumplir con sus deberes en virtud de los Principios B\u00e1sicos de la ONU sobre la Funci\u00f3n de los Abogados. El cap\u00edtulo 4.2 tambi\u00e9n desarrolla las cr\u00edticas y recomendaciones detalladas de abogados y defensores de los derechos humanos en relaci\u00f3n con las pol\u00edticas y los planes de protecci\u00f3n de la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n (UNP). Las cr\u00edticas son extensas, y equivalen a un fracaso del sistema para proporcionar medidas oportunas, flexibles, diferenciadas y adecuadas, incluso de acuerdo con las medidas ordenadas por el sistema interamericano de derechos humanos. Por el contrario, los esquemas y pol\u00edticas son criticados por poner en mayor peligro a los supuestos beneficiarios, y por constituir un mecanismo m\u00e1s de vigilancia, y obstaculizar su vital labor. Varios abogados y colectivos informaron de que no est\u00e1n protegidos, sino m\u00e1s bien expuestos a peligros adicionales. Uno de los colectivos de abogadas, ASOCOLEMAD, ha compartido las comunicaciones de la UNP en respuesta a graves incidentes de seguridad, que s\u00f3lo pueden calificarse de enrevesadas y dilatorias, cuando no obstruccionistas. Mientras tanto, \u00e9stas y otras abogadas siguen corriendo graves riesgos.<\/p>\n

    Adem\u00e1s, la postura adoptada por la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n (UNP) en la reuni\u00f3n de la Caravana en Bogot\u00e1 no infunde confianza en que se vayan a producir cambios vitales. A la Caravana le preocupa que, para que las medidas de protecci\u00f3n cumplan su funci\u00f3n, deben producirse cambios significativos en las pol\u00edticas restrictivas de la UNP y se \u00e9sta debe contar con los recursos adecuados para poder cumplir adecuadamente su misi\u00f3n.<\/p>\n

    La prevenci\u00f3n, por supuesto, es la respuesta definitiva, que comienza con la asignaci\u00f3n de suficientes recursos financieros, humanos y t\u00e9cnicos al poder judicial y a la Fiscal\u00eda General y, en particular, a las unidades encargadas de investigar los delitos y las violaciones de derechos humanos, para facilitar investigaciones imparciales, independientes y efectivas de las violaciones de derechos humanos y los delitos de forma r\u00e1pida e imparcial, y hacer frente a la impunidad que facilita estos delitos.<\/p>\n

    Amenazas estructurales a un poder judicial independiente y al Estado de Derecho<\/em><\/strong><\/p>\n

    La Caravana pudo confirmar numerosas de las amenazas sist\u00e9micas a un poder judicial independiente ya identificadas. Las amenazas son variadas e incluyen ejemplos preocupantes de injerencia pol\u00edtica y cooptaci\u00f3n de los \u00f3rganos judiciales, que tuvieron un fuerte protagonismo durante el \u00faltimo gobierno.<\/p>\n

    Otros problemas identificados son la gran insuficiencia de recursos financieros, t\u00e9cnicos y humanos, que amenazan el funcionamiento independiente del sistema y deniegan y retrasan la justicia para las v\u00edctimas y los supervivientes. La Caravana escuch\u00f3 relatos contundentes sobre la incapacidad del sistema para funcionar adecuadamente debido a la falta de personal adecuado (con especial menci\u00f3n a jueces y fiscales) y a la sobrecarga de trabajo. Los delegados de la Caravana en Cartagena escucharon que hay muchos puestos de fiscales sin cubrir y un n\u00famero inadecuado de jueces cualificados. Los delegados de Cartagena escucharon a jueces que manejan un aumento del 200% en su carga de trabajo. Los delegados de C\u00facuta hablaron con fiscales con cargas de trabajo imposibles, por ejemplo, uno encargado de atender varios miles de amenazas denunciadas.<\/p>\n

    El tema de la debilidad o ineficacia de los mecanismos de control estatal y de la coordinaci\u00f3n interinstitucional fue destacado por el personal de la Defensor\u00eda del Pueblo en C\u00facuta. Reportaron que, aunque su personal emiti\u00f3 debidamente alertas tempranas de amenazas de muerte \u2013 parte del esquema para proporcionar garant\u00edas de seguridad \u2013 estas alertas no fueron atendidas por las entidades estatales encargadas de tomar medidas adicionales, y adem\u00e1s, no hubo ninguna sanci\u00f3n por esta inacci\u00f3n.<\/p>\n

    Tambi\u00e9n destaca la continua estigmatizaci\u00f3n de los jueces y el desacato de sus decisiones por falta de ejecuci\u00f3n. Los jueces y magistrados de restituci\u00f3n de tierras soportan una pesada carga de trabajo que resulta insostenible por el n\u00famero de casos, su complejidad y la exigencia adicional de llevar a cabo la supervisi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de sus decisiones.<\/p>\n

    La VII Caravana ha registrado la alarmante continuaci\u00f3n de amenazas y atentados contra operadores de justicia que adoptan diversas formas, incluyendo el asesinato. Los delegados se alarmaron al escuchar de boca de funcionarios de la rama judicial amenazas y hostigamientos por parte de la fuerza p\u00fablica, al igual que relatos de inseguridad y violencia tan extrema, en lugares como Tib\u00fa en Norte de Santander, donde se present\u00f3 el asesinato de la fiscal Esperanza Navas y las posteriores amenazas y desplazamiento del resto de su oficina en junio de 2021, de tal manera que no hay presencia de la rama judicial (fiscal\u00eda) en esa zona de alto conflicto. Los delegados de Cartagena hablaron con los jueces sobre la falta de seguridad y los altos niveles de riesgo, particularmente para los jueces de la rama de restituci\u00f3n de tierras; los jueces comparten veh\u00edculos, lo cual es inadecuado, y no cuentan con provisiones de seguridad personal. Como observ\u00f3 un ex juez, no es normal que el Estado no proteja a los jueces y operadores de justicia, y se deben implementar garant\u00edas efectivas de seguridad y protecci\u00f3n en adelante.<\/p>\n

    Por \u00faltimo, al igual que las delegaciones anteriores, la Caravana est\u00e1 preocupada por las evidentes amenazas a la investigaci\u00f3n imparcial y el enjuiciamiento de las denuncias de mala conducta judicial, ya sea por v\u00eda disciplinaria o penal. Dada la continuidad de estas preocupaciones desde Caravanas anteriores (por ejemplo, en 2012 y 2014), la Caravana hace un llamamiento al gobierno actual para que revise los casos de jueces previamente sentenciados y actualmente encarcelados por presunta mala conducta, con varios de los cuales los delegados de la Caravana se reunieron en Cartagena.<\/p>\n

    El gobierno tambi\u00e9n deber\u00eda examinar de cerca y poner remedio al problem\u00e1tico alcance y\/o aplicaci\u00f3n de delitos penales como el \u00abdelito de prevaricato\u00bb<\/em>. Uno de los casos emblem\u00e1ticos es el del juez Arney Payares, que cumple condena penal. La VII Caravana comparte las preocupaciones expresadas por anteriores visitas de monitoreo de jueces de la Carvavana en 2012 y 2014 [1]<\/sup>\u00a0respecto a la grave amenaza a la independencia de los jueces para interpretar la ley y resolver los casos. Sigue siendo motivo de grave preocupaci\u00f3n y una posible violaci\u00f3n de los compromisos del derecho internacional de los derechos humanos, el hecho de que opiniones jur\u00eddicas pueden constituir la base de un proceso penal y la destituci\u00f3n del cargo.<\/p>\n

    Perspectivas de una paz duradera y justa<\/em><\/strong><\/p>\n

    La Caravana concluye que Colombia est\u00e1 lejos de ser un pa\u00eds post-conflicto; el conflicto y las fuentes de violencia evidentemente contin\u00faan, y con particular gravedad en los territorios rurales e ind\u00edgenas y en las comunidades afrocolombianas y campesinas, pero tambi\u00e9n en las ciudades y en los entornos urbanos marginales.<\/p>\n

    Al mismo tiempo, la Caravana se inspir\u00f3 en los esfuerzos creativos y persistentes de los colombianos para obtener justicia y superar la impunidad. Entre ellos, este informe describe varios ejemplos: (a) el\u00a0Tribunal Popular de Silo\u00e9<\/strong>, una iniciativa popular para obtener justicia y desafiar la impunidad en el contexto del paro nacional de 2021; (b)\u00a0las medidas de protecci\u00f3n comunitaria\u00a0<\/strong>en curso en territorios ind\u00edgenas y campesinos para garantizar una protecci\u00f3n efectiva contra las violaciones de sus derechos en virtud de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario; y (c)\u00a0los esfuerzos para desafiar la problem\u00e1tica decisi\u00f3n de la CPI\u00a0<\/strong>de cerrar su examen preliminar de Colombia.<\/p>\n

    Hay muchos obst\u00e1culos en el camino hacia una paz duradera y justa. La VII Caravana afirma que los retos para el actual gobierno y la sociedad civil son numerosos y el futuro incierto. Hace un llamado a la comunidad internacional para que redoble su acompa\u00f1amiento y apoyo a los esfuerzos y sacrificios de los colombianos para lograr la paz estable y justa que con tanto fervor se busca.<\/p>\n

    Llamamiento a la acci\u00f3n<\/em><\/strong><\/p>\n

    Colombia vive una crisis de derechos humanos e impunidad que se agravar\u00e1 a menos que se tomen urgentemente medidas concretas para enfrentar los retos identificados en este informe y otros citados, particularmente en lo que se refiere a la implementaci\u00f3n integral del Acuerdo de Paz. La Caravana insta a Colombia a considerar e implementar las recomendaciones del Informe de la Comisi\u00f3n de la Verdad y las contenidas en el informe de la OACNUDH sobre Violencia Territorial y el Informe Colombia en Riesgo. Tambi\u00e9n hacemos un llamamiento al gobierno colombiano para que implemente plenamente los Principios B\u00e1sicos de la ONU sobre la Funci\u00f3n de los Abogados, para que tome medidas que aseguren medidas de protecci\u00f3n adecuadas y tempranas para los abogados, defensores de derechos humanos, l\u00edderes sociales y sus comunidades, con el fin de garantizar el acceso a la justicia y las garant\u00edas de no repetici\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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