{"id":23746,"date":"2025-10-31T14:02:11","date_gmt":"2025-10-31T14:02:11","guid":{"rendered":"https:\/\/protect-lawyers.org\/conclusions-preliminaires-de-la-mission-internationale-de-juristes-pour-le-guatemala\/"},"modified":"2025-10-31T14:09:51","modified_gmt":"2025-10-31T14:09:51","slug":"hallazgos-preliminares-de-la-mision-internacional-de-juristas-por-guatemala","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/protect-lawyers.org\/es\/hallazgos-preliminares-de-la-mision-internacional-de-juristas-por-guatemala\/","title":{"rendered":"Hallazgos preliminares de la Misi\u00f3n Internacional de Juristas por Guatemala"},"content":{"rendered":"

Guatemala, 29 de octubre de 2025<\/strong> \u2013 Desde hace varios a\u00f1os, organismos internacionales, misiones independientes y organizaciones de la sociedad civil han venido advirtiendo sobre el progresivo deterioro del Estado de Derecho en Guatemala.\u00a0 Hace seis meses, la Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados realiz\u00f3 una visita oficial a Guatemala y advirti\u00f3 sobre riesgos graves para la independencia judicial y la profesi\u00f3n legal.<\/p>\n

La Misi\u00f3n Internacional de Juristas por Guatemala<\/strong>, conformada por el Observatorio<\/p>\n

Internacional de la Abogac\u00eda en Riesgo (OIAD), Lawyers for Lawyers, la Asociaci\u00f3n de Abogados, Abogadas, Jueces y Fiscales de Derechos Humanos de Am\u00e9rica Latina y el Caribe (AJUFIDH), la Asociaci\u00f3n de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Asociaci\u00f3n Pro Derechos Humanos de Espa\u00f1a (ADPHE), visit\u00f3 el pa\u00eds con el objetivo de observar, documentar y evaluar de manera imparcial la situaci\u00f3n de la independencia judicial y del ejercicio de la abogac\u00eda<\/strong>.<\/p>\n

Durante nuestra visita, llevamos a cabo entrevistas con operadores y exoperadores de justicia, abogados y abogadas, personas privadas de libertad, organizaciones de la sociedad civil, embajadas, personal acad\u00e9mico e instituciones jur\u00eddicas y pol\u00edticas relevantes, como la Corte Constitucional, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el Ministerio de Gobernaci\u00f3n y Universidades. La Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica declin\u00f3 la invitaci\u00f3n a participar en estas entrevistas.<\/p>\n

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Principales hallazgos: patrones estructurales que amenazan al Estado de Derecho<\/h3>\n

Los hallazgos preliminares son alarmantes:<\/strong> los patrones de intimidaci\u00f3n, criminalizaci\u00f3n y persecuci\u00f3n contra jueces, fiscales, abogados y abogadas independientes, as\u00ed como contra defensores de derechos humanos, l\u00edderes ind\u00edgenas, periodistas y representantes de la sociedad civil, no s\u00f3lo se han consolidado<\/strong>, sino que revelan un entramado estructural<\/strong> que utiliza el derecho penal como herramienta de control sobre las instituciones del Estado, limitando adem\u00e1s el ejercicio de derechos fundamentales<\/strong>, como la libertad de asociaci\u00f3n, la protesta social y la libertad de expresi\u00f3n.<\/p>\n

Guatemala atraviesa una etapa en la que el poder se disputa en los tribunales. Tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1996<\/strong>, se puso fin a un r\u00e9gimen autoritario condenado por genocidio que dominaba todas las instituciones y \u00f3rganos judiciales. Sin embargo, la transici\u00f3n democr\u00e1tica qued\u00f3 marcada por la persistencia de patrones de dominio por parte de poderes f\u00e1cticos<\/strong>, que consolidaron un entramado de influencias destinado a garantizar la impunidad y proteger intereses econ\u00f3micos y pol\u00edticos. Hoy, ya no se persigue con balas, sino con el sistema penal y penitenciario<\/strong>; ya no se silencian voces con la fuerza, sino con procesos penales interminables y el uso injustificado de la prisi\u00f3n preventiva,<\/strong> todo bajo un manto de aparente legalidad.<\/p>\n

En nuestras entrevistas, hemos identificado un patr\u00f3n sistem\u00e1tico de persecuci\u00f3n que, con frecuencia, culmina en procesos de criminalizaci\u00f3n.<\/strong> Este patr\u00f3n incluye acciones de intimidaci\u00f3n f\u00edsica<\/strong> -como seguimientos y vigilancia- y hostigamiento en l\u00ednea<\/strong>, manifestado en campa\u00f1as de estigmatizaci\u00f3n, difamaci\u00f3n y ataques en redes sociales. En la mayor\u00eda de los casos, las campa\u00f1as de difamaci\u00f3n funcionan como un anticipo de la persecuci\u00f3n penal<\/strong>, llegando\u00a0 incluso a se\u00f1alar p\u00fablicamente qui\u00e9nes ser\u00e1n los siguientes en ser procesados. Dichas acciones suelen originarse en cuentas de operadores pol\u00edticos o perfiles an\u00f3nimos vinculados a net centers,\u00a0 lo que genera la percepci\u00f3n de que determinados actores tienen acceso anticipado a informaci\u00f3n reservada de procesos penales, incluso antes de que las personas sindicadas sean formalmente citadas.<\/p>\n

El Ministerio P\u00fablico<\/strong>, en contubernio con algunos jueces y magistrados, se ha convertido en un actor central de esta instrumentalizaci\u00f3n penal selectiva, recurriendo con frecuencia a tipos penales abiertos<\/strong> y a investigaciones superfluas<\/strong>. La criminalizaci\u00f3n opera como herramienta de amedrentamiento y silenciamiento de voces cr\u00edticas y de operadores de justicia que llevaron casos de corrupci\u00f3n y de graves violaciones de derechos humanos<\/strong>. Adem\u00e1s, sirve para influir en los procesos electorales mediante la criminalizaci\u00f3n o amenaza a integrantes de las comisiones de postulaci\u00f3n y candidatos<\/strong>, consolidando as\u00ed el control institucional.<\/p>\n

Estos procesos judiciales<\/strong> presentan violaciones sistem\u00e1ticas al debido proceso, especialmente por la violaci\u00f3n del plazo razonable y el uso abusivo de la reserva<\/strong>, convirtiendo los procedimientos en castigos anticipados. Lo que genera incertidumbre prolongada y, junto con el exilio forzado<\/strong>, constituye una verdadera muerte civil<\/strong>, afectando el acceso al trabajo, la reputaci\u00f3n y la participaci\u00f3n social de las v\u00edctimas. Una vez m\u00e1s, esta exclusi\u00f3n se extiende a los procesos electorales<\/strong>, impidiendo que las personas criminalizadas o exiliadas ejerzan su derecho al voto o a ser elegidas.<\/p>\n

El clima de miedo se extiende a todas las instituciones y sectores de la sociedad, alimentando una espiral de control y cooptaci\u00f3n institucional. Esta din\u00e1mica resulta especialmente preocupante de cara a las pr\u00f3ximas elecciones, cuando coinciden por primera vez en 60 a\u00f1os los procesos para renovar el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Fiscal\u00eda General, jefatura del Ministerio P\u00fablico (MP).<\/p>\n

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Abogados y operadores de justicia: una l\u00ednea de defensa de los derechos humanos<\/h3>\n

Los abogados y operadores de justicia cumplen un rol esencial en la defensa de los derechos humanos y en el equilibrio democr\u00e1tico<\/strong>. Sin embargo, justamente por cumplir ese rol, se han convertido en blanco de ataques sistem\u00e1ticos<\/strong> que constituyen un s\u00edntoma de crisis profunda del Estado de Derecho<\/strong>. A continuaci\u00f3n, la Misi\u00f3n profundiza en algunas de las observaciones m\u00e1s relevantes relacionadas con su situaci\u00f3n.<\/p>\n

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La cooptaci\u00f3n del sistema judicial y sus ra\u00edces estructurales<\/h3>\n

La misi\u00f3n identifica un aparato sofisticado de cooptaci\u00f3n judicial<\/strong> que atraviesa distintos procesos, desde la selecci\u00f3n de magistrados hasta los mecanismos internos de control.<\/p>\n

El sistema de designaci\u00f3n de magistrados<\/strong>, a trav\u00e9s de las Comisiones de Postulaci\u00f3n, permite la influencia de grupos de poder<\/strong>, que financian candidaturas y generan compromisos que afectan la independencia judicial. A esto se suma la concentraci\u00f3n de facultades jurisdiccionales, administrativas y disciplinarias en la Corte Suprema<\/strong>, que facilita traslados y remociones de jueces que, aplicando el derecho, no se alinean con los intereses de poder.<\/p>\n

Este entramado se refuerza mediante mecanismos de criminalizaci\u00f3n<\/strong>, que amenazan no solo el desempe\u00f1o regular de operadores de justicia, sino tambi\u00e9n la transparencia de los procesos electorales. La falta de mecanismos efectivos de contenci\u00f3n por parte de otras instituciones evidencia tanto la cooptaci\u00f3n institucional como el temor de algunos organismos a actuar.<\/p>\n

En conjunto, estas pr\u00e1cticas configuran un modelo donde los principios b\u00e1sicos de la justicia est\u00e1n subvertidos <\/strong>lo que permite:<\/p>\n

    \n
  • La multiplicaci\u00f3n de casos de criminalizaci\u00f3n<\/strong> contra operadores judiciales independientes, defensores de derechos humanos, l\u00edderes ind\u00edgenas y abogados comprometidos con la justicia. Y, a su vez,<\/li>\n
  • La obstaculizaci\u00f3n de la persecuci\u00f3n de los determinadores de otros delitos que no son de interes de la estructura de cooptaci\u00f3n o que afecta los propios<\/strong>, como la corrupci\u00f3n, el narcotr\u00e1fico, cr\u00edmenes cometidos durante el conflicto armado o la violencia de g\u00e9nero y la trata de personas,. Y, en particular, se evidencia una inacci\u00f3n frente a las denuncias presentadas contra operadores de justicia por pr\u00e1cticas ileg\u00edtimas de criminalizaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n

     <\/p>\n

    Abogac\u00eda bajo presi\u00f3n<\/h3>\n

    El clima de terror ha generado un efecto disuasorio<\/strong> en la abogac\u00eda, especialmente entre quienes defienden los derechos humanos. Se ha documentado autocensura, limitaci\u00f3n en la asunci\u00f3n de casos y ajustes en las estrategias de litigio<\/strong>, que se orientan hacia enfoques m\u00e1s cautelosos o defensivos. En las entrevistas, abogados y abogadas relataron sentirse desarmados. Sus conocimientos legales ya no bastan para garantizar justicia a sus representados, porque aplicar la ley no asegura resultados frente a un sistema judicial cooptado.<\/p>\n

    Para quienes ejercen la abogac\u00eda en este contexto, cada decisi\u00f3n profesional puede tener consecuencias graves, lo que hace de su trabajo una tarea de alto riesgo y constante vigilancia<\/strong>. Adem\u00e1s, hemos observado ataques en redes sociales, seguimientos, robos de informaci\u00f3n y la inclusi\u00f3n de abogados que representan a ciertos clientes en \u201clistas negras\u201d. Estas presiones no s\u00f3lo erosionan la labor de defensa, sino que tambi\u00e9n restringen el acceso y la confianza de la sociedad en la justicia.<\/p>\n

     <\/p>\n

    Justicia desigual: racismo estructural y criminalizaci\u00f3n de comunidades ind\u00edgenas<\/h3>\n

    Durante los encuentros con equipos de asistencia jur\u00eddica que acompa\u00f1an a pueblos ind\u00edgenas<\/strong>, la Misi\u00f3n constat\u00f3 la persistencia de un racismo estructural que dificulta el acceso a la justicia y condiciona los procesos judiciales<\/strong>. Este patr\u00f3n se manifiesta de manera especialmente grave en la criminalizaci\u00f3n de las organizaciones ancestrales ind\u00edgenas, a las que se equipara arbitrariamente con el crimen organizado y se les imputan delitos graves, como sedici\u00f3n, asociaci\u00f3n il\u00edcita o terrorismo, por ejercer la defensa de su territorio o su derecho a la protesta pac\u00edfica.<\/p>\n

    El ejercicio de la abogac\u00eda ind\u00edgena <\/strong>se ve particularmente afectado por un repertorio de violencias dentro y fuera de los tribunales<\/strong>. Las comunidades ind\u00edgenas y sus representantes enfrentan denuncias infundadas, hostigamiento, difamaci\u00f3n p\u00fablica y trato discriminatorio. En las audiencias, se ha documentado la limitaci\u00f3n del uso de la palabra, la deslegitimaci\u00f3n de su identidad cultural y el trato desigual frente a otros actores judiciales. Estas pr\u00e1cticas vulneran no solo los derechos individuales de quienes representan a las comunidades, sino tambi\u00e9n el derecho colectivo de los pueblos a acceder a una justicia intercultural y equitativa.<\/p>\n

     <\/p>\n

    Doble persecuci\u00f3n: mujeres abogadas frente al acoso profesional y de g\u00e9nero<\/h3>\n

    Las mujeres abogadas y operadoras de justicia enfrentan una doble persecuci\u00f3n<\/strong>, por su labor profesional y por el hecho de ser mujeres. Durante nuestra visita, se identific\u00f3 el especial ensa\u00f1amiento en la persecuci\u00f3n contra mujeres que han ejercido funciones judiciales, investigado casos de corrupci\u00f3n o documentado graves violaciones a los derechos humanos, llevando la persecuci\u00f3n a la exposici\u00f3n de informaci\u00f3n personal que no se evidencia en sus pares hombres.<\/p>\n

    En los tribunales, muchas sufren un trato despectivo y sexista, con intentos de invalidar su palabra, interrupciones constantes y limitaciones en su participaci\u00f3n. Esta violencia trasciende las salas de audiencia, manifest\u00e1ndose tambi\u00e9n en acoso digital, amenazas y ataques que ponen en riesgo tanto su integridad f\u00edsica como profesional. La intensidad de estas agresiones supera ampliamente la que enfrentan sus colegas varones, evidenciando una din\u00e1mica sistem\u00e1tica de discriminaci\u00f3n y hostigamiento por raz\u00f3n de g\u00e9nero y a aquellas abogadas que adelantan causas con esta perspectiva y en defensa de ni\u00f1as, adolescentes y mujeres.<\/p>\n

     <\/p>\n

    Llamado urgente: proteger la independencia judicial y fortalecer el Estado de Derecho<\/h3>\n

    El clima de temor que hemos descrito resulta profundamente preocupante. Sin embargo, durante nuestra visita tambi\u00e9n identificamos se\u00f1ales que permiten vislumbrar que el Estado de Derecho en Guatemala sigue siendo una meta posible. En particular, se constat\u00f3 la existencia de una abogac\u00eda comprometida con la defensa del orden constitucional y con la representaci\u00f3n t\u00e9cnica de personas injustamente criminalizadas, as\u00ed como de jueces y fiscales que, pese a las presiones, contin\u00faan ejerciendo sus funciones con apego a la ley, garantizando la observancia de las normas procesales y los principios fundamentales de justicia.<\/p>\n

    Los hallazgos hoy presentados son preliminares y reconocemos sus limitaciones. El an\u00e1lisis completo se realizar\u00e1 en los pr\u00f3ximos meses, profundizando en la informaci\u00f3n recopilada e incorporando entrevistas adicionales con operadores de justicia y defensores de derechos humanos en el exilio. Con base en este trabajo, la Misi\u00f3n Internacional de Juristas por Guatemala tiene la intenci\u00f3n de llevar a cabo acciones de incidencia y publicar\u00e1 un informe detallado sobre estas cuestiones, incluyendo recomendaciones concretas.<\/p>\n

    A pesar de su car\u00e1cter inicial, los hallazgos evidencian la urgencia de medidas inmediatas para proteger la independencia judicial y la labor de la abogac\u00eda en Guatemala. Por ello, hacemos un llamado a distintos actores:<\/p>\n

      \n
    • A las autoridades nacionales, incluyendo el Poder Judicial y el Ministerio P\u00fablico:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n

      A garantizar un entorno seguro y libre de amenazas para jueces, fiscales, abogados y abogadas, mediante el abandono inmediato de pr\u00e1cticas intimidatorias, de manera que puedan ejercer sus funciones sin temor, presiones ni represalias.<\/p>\n

      Expedir de manera urgente la pol\u00edtica p\u00fablica y protocolos operativos para la protecci\u00f3n de defensores derechos humanos, incluyendo operadores de justicia, asegurando asistencia legal, protecci\u00f3n f\u00edsica y apoyo frente a la criminalizaci\u00f3n selectiva.<\/p>\n

      Asegurar la integridad de los procesos electorales mediante la adopci\u00f3n de medidas preventivas como la transparencia transversal desde la conformaci\u00f3n de las comisiones de postulaci\u00f3n y la elaboraci\u00f3n de criterios y perfiles id\u00f3neos, hasta la elecci\u00f3n de las personas que formen parte de las tres instituciones sometidas a renovaci\u00f3n el a\u00f1o que viene.<\/p>\n

        \n
      • A los operadores de justicia y abogados<\/strong>: Mantenerse firmes en la defensa de los derechos humanos y la legalidad, fortaleciendo su labor con \u00e9tica y compromiso profesional, evitando cualquier desv\u00edo que pueda debilitar la justicia o ser usado como herramienta de quienes buscan cooptar el sistema.<\/li>\n
      • A la comunidad internacional<\/strong>: se le solicita acompa\u00f1amiento activo y coordinaci\u00f3n para proteger a quienes defienden la justicia, asegurando apoyo a quienes han debido salir del pa\u00eds por su labor profesional.<\/li>\n
      • A los Sistemas Internacionales de Protecci\u00f3n de Derechos Humanos:<\/strong> emitir decisiones r\u00e1pidas en los casos puestos a su conocimiento, instando de manera contundente al Ejecutivo y a los dem\u00e1s poderes del Estado a ajustar sus actuaciones a derecho, y promover la implementaci\u00f3n de mecanismos internos extraordinarios para revisar los procedimientos de criminalizaci\u00f3n.<\/li>\n
      • A la sociedad civil y medios de comunicaci\u00f3n<\/strong>: Se les invita a visibilizar estos riesgos y contribuir a la construcci\u00f3n de un Estado de Derecho que garantice justicia y equidad para todos.<\/li>\n<\/ul>\n

        En definitiva, hacemos un llamado urgente a todos los actores a intervenir con determinaci\u00f3n y proteger a quienes sostienen la justicia y la democracia en el pa\u00eds, garantizando un entorno seguro, transparente y justo para jueces, fiscales y abogados, as\u00ed como condiciones dignas para quienes han sido exiliados por defender la justicia. Esta es una responsabilidad ineludible para fortalecer la democracia en Guatemala y asegurar que el derecho deje de ser instrumento de control y vuelva a ser herramienta de protecci\u00f3n para todas las personas.<\/strong><\/p>\n

        Por \u00faltimo, todos los integrantes de esta misi\u00f3n reiteramos nuestro profundo compromiso\u00a0 con la tarea emprendida, tomando esta actividad como un punto de partida para futuras labores como las de seguimiento, monitoreo, visibilizaci\u00f3n\u00a0 y acompa\u00f1amiento a todos los sectores involucrados en la defensa del Estado de Derecho y de la vida en democracia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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