{"id":23935,"date":"2025-11-28T21:01:38","date_gmt":"2025-11-28T21:01:38","guid":{"rendered":"https:\/\/protect-lawyers.org\/end-the-judicial-persecution-of-human-rights-lawyers-imaan-zainab-mazari-hazir-and-hadi-ali-chattha\/"},"modified":"2025-11-28T21:29:47","modified_gmt":"2025-11-28T21:29:47","slug":"end-the-judicial-persecution-of-human-rights-lawyers-imaan-zainab-mazari-hazir-and-hadi-ali-chattha","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/protect-lawyers.org\/es\/end-the-judicial-persecution-of-human-rights-lawyers-imaan-zainab-mazari-hazir-and-hadi-ali-chattha\/","title":{"rendered":"Se debe poner fin a la persecuci\u00f3n judicial de los abogados defensores de los derechos humanos Imaan Zainab Mazari-Hazir y Hadi Ali Chattha."},"content":{"rendered":"

Lawyers for Lawyers<\/em><\/strong>, International Bar Association\u2019s Human Rights Institute, Law Society of England and Wales, International Commission of Jurists <\/em>y el Observatorio Internacional de la Abogac\u00eda en Riesgo expresan su profunda preocupaci\u00f3n por el acoso judicial que est\u00e1n sufriendo los abogados paquistan\u00edes defensores de los derechos humanos Imaan Zainab Mazari-Hazir y Hadi Ali Chattha. Hemos recibido informaci\u00f3n fiable que indica que la reciente acusaci\u00f3n y el proceso penal contra la pareja, plagados de graves irregularidades y de la denegaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales, tienen por objeto obstaculizar su leg\u00edtimo ejercicio profesional y tomar represalias contra ellos por ejercer su derecho a la libertad de expresi\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

Imaan Zainab Mazari es una destacada abogada de derechos humanos que ha representado a v\u00edctimas de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y abusos bajo custodia, cuestionando con frecuencia la legalidad de las pr\u00e1cticas estatales llevadas a cabo por el ej\u00e9rcito, la polic\u00eda y las agencias de inteligencia. Su marido, Hadi Ali Chattha, es un abogado especializado en derechos humanos y en derecho penal que ha defendido a personas acusadas falsamente de blasfemia y ha prestado asistencia jur\u00eddica gratuita a trav\u00e9s de la Asma Jahangir Legal Aid Cell y el Justice Project Pakistan en casos relacionados con violencia sexual, desapariciones forzadas y presos condenados a muerte. Ambos abogados han sido objeto de represalias, incluido el acoso judicial, por su labor en materia de derechos humanos y jur\u00eddica, y por su defensa abierta de la rendici\u00f3n de cuentas y el estado de derecho.<\/p>\n

La causa penal m\u00e1s reciente contra Mazari y Chattha se deriva de unos tuits publicados entre 2021 y 2025 en los que se criticaba el papel del ej\u00e9rcito pakistan\u00ed en las violaciones de los derechos humanos. El primer informe policial (FIR), presentado por la Agencia Nacional de Investigaci\u00f3n de Delitos Cibern\u00e9ticos (NCIA) el 22 de agosto de 2025, los acusa de \u00abincitar a la divisi\u00f3n ling\u00fc\u00edstica\u00bb y de insinuar que las fuerzas armadas son c\u00f3mplices del terrorismo. El FIR hace referencia a comentarios en las redes sociales sobre desapariciones forzadas, el trato a activistas pol\u00edticos pac\u00edficos y las pol\u00edticas antiterroristas y de seguridad del Estado, en particular en lo que respecta a la situaci\u00f3n en las provincias de Khyber Pakhtunkhwa y Baluchist\u00e1n. Sobre esta base, el caso se registr\u00f3 en virtud de los art\u00edculos de la Ley de Prevenci\u00f3n de Delitos Electr\u00f3nicos (PECA) de 2016,[1]<\/a> lo que expone a Mazari y Chattha a penas que van de tres a catorce a\u00f1os de prisi\u00f3n y multas de hasta 50 millones de PKR por el ejercicio leg\u00edtimo de su derecho a la libertad de expresi\u00f3n, protegido por el derecho internacional y pakistan\u00ed.<\/p>\n

Tras su imputaci\u00f3n formal el 30 de octubre de 2025, el juicio contra Mazari y Chattha ha avanzado r\u00e1pidamente[2]<\/a> y se ha visto empa\u00f1ado por irregularidades procesales y un aparente sesgo judicial, lo que ha suscitado serias preocupaciones sobre la imparcialidad y la legitimidad del juicio. A pesar de las pruebas de la presencia de Chattha en el tribunal, fue detenido<\/a> el 29 de octubre por supuesta incomparecencia. El tribunal procedi\u00f3 a designar un abogado de oficio sin conceder a los acusados el tiempo suficiente para conseguir representaci\u00f3n legal. Las audiencias se programaron sistem\u00e1ticamente con poca antelaci\u00f3n y, seg\u00fan se informa<\/a>, el tribunal comenz\u00f3 a registrar las pruebas antes de formular formalmente los cargos y en ausencia de los abogados defensores.<\/p>\n

En audiencias consecutivas, se denegaron las solicitudes de tiempo adicional para preparar la defensa, mientras que las solicitudes para destituir a los abogados designados por el Estado fueron desestimadas sin la debida consideraci\u00f3n. Seg\u00fan la defensa, Mazari y Chattha a\u00fan no han podido conseguir un abogado de su elecci\u00f3n, ya que cada selecci\u00f3n se ha realizado bajo presi\u00f3n y a partir de un grupo muy limitado de abogados dispuestos a aceptar el caso, y, seg\u00fan se informa, varios profesionales han rechazado la representaci\u00f3n debido a las presiones y amenazas.<\/p>\n

Durante la \u00faltima vista celebrada el 24 de noviembre, el abogado designado por el Estado declar\u00f3 que<\/a> no pod\u00eda representar de forma efectiva a Mazari ante el tribunal, alegando que no hab\u00eda tenido tiempo suficiente para preparar el caso y que se le hab\u00eda denegado el acceso al expediente, al tiempo que rechazaba una lista de preguntas para el contrainterrogatorio preparadas de antemano por la Fiscal\u00eda, calific\u00e1ndolas de intento flagrante de influir en el proceso.[3]<\/a> Estas pr\u00e1cticas apuntan a violaciones sist\u00e9micas de las garant\u00edas de un juicio justo, incluido el derecho a elegir un abogado de su elecci\u00f3n, y ponen en duda la integridad del proceso.<\/p>\n

El juicio en curso forma parte de una tendencia m\u00e1s amplia y preocupante de persecuci\u00f3n judicial destinada a agotar el tiempo y los recursos de los abogados, desacreditar su trabajo y obstaculizar su capacidad para representar a las v\u00edctimas de la violencia estatal. Las repetidas citaciones en casos basados en acusaciones infundadas han perturbado gravemente su pr\u00e1ctica, oblig\u00e1ndoles a comparecer ante m\u00faltiples tribunales de todo el pa\u00eds, supuestamente con la intenci\u00f3n de desviar su atenci\u00f3n de la defensa de clientes vulnerables.[4]<\/a> Mazari y Chattha se encuentran actualmente en libertad bajo fianza en otros seis y cinco casos, respectivamente, entre los que se incluyen cargos antiterroristas relacionados con protestas pac\u00edficas ante el Tribunal Superior de Islamabad, disputas con la polic\u00eda de tr\u00e1fico y discursos pronunciados en manifestaciones por los derechos humanos en defensa de la libertad de expresi\u00f3n. Estos casos tambi\u00e9n parecen carecer de base jur\u00eddica y f\u00e1ctica y est\u00e1n claramente relacionados con el ejercicio de su derecho a la libertad de expresi\u00f3n.<\/p>\n

Las organizaciones abajo firmantes recuerdan las obligaciones de Pakist\u00e1n en virtud de los Principios B\u00e1sicos de las Naciones Unidas sobre la Funci\u00f3n de los Abogados.<\/p>\n

Seg\u00fan el Principio 16<\/strong>, los gobiernos deben \u00abgarantizar que los abogados (a) puedan desempe\u00f1ar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obst\u00e1culos, acoso o interferencias indebidas; (…) y (c) no sufran ni est\u00e9n expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, econ\u00f3micas o de otra \u00edndole a ra\u00edz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas \u00e9ticas que se reconocen a su profesi\u00f3n\u00bb.<\/p>\n

El Principio 23<\/strong> afirma que \u00ablos abogados, como los dem\u00e1s ciudadanos, tienen derecho a la libertad de expresi\u00f3n, creencias, asociaci\u00f3n y reuni\u00f3n\u00bb, y que \u00abtendr\u00e1n derecho a participar en el debate p\u00fablico de asuntos relativos a la legislaci\u00f3n, la administraci\u00f3n de justicia y la promoci\u00f3n y la protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb.<\/p>\n

Por \u00faltimo, el Principio 18<\/strong> hace hincapi\u00e9 en que \u00ablos abogados no ser\u00e1n identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempe\u00f1o de sus funciones\u00bb.<\/p>\n

Estos principios tambi\u00e9n se reflejan en el Convenio para la Protecci\u00f3n de la Profesi\u00f3n de la Abogac\u00eda<\/a> del Consejo de Europa, que, una vez entre en vigor, estar\u00e1 abierto a la adhesi\u00f3n de todos los Estados del mundo.<\/p>\n

El derecho a la libertad de expresi\u00f3n de Mazari y Chattha tambi\u00e9n est\u00e1 protegido por el art\u00edculo 19 de la Constituci\u00f3n de Pakist\u00e1n, la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos (DUDH) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos (PIDCP). Como signatario del PIDCP, Pakist\u00e1n est\u00e1 legalmente obligado a abstenerse de realizar actos que socaven el objeto y el prop\u00f3sito del tratado.<\/p>\n

A la luz de estas preocupaciones, las organizaciones abajo firmantes instan a las autoridades pakistan\u00edes a:<\/p>\n