El funcionamiento del Ministerio P\u00fablico<\/strong><\/p>\nLa Misi\u00f3n constat\u00f3 un proceso sostenido de cooptaci\u00f3n institucional que ha afectado de manera particular al Ministerio P\u00fablico, comprometiendo su independencia y desnaturalizando su mandato constitucional de ejercer la acci\u00f3n penal con objetividad e imparcialidad. La informaci\u00f3n recabada coincide en se\u00f1alar que el Ministerio P\u00fablico ha actuado de manera sistem\u00e1tica para proteger intereses vinculados a redes de corrupci\u00f3n y determinados sectores de poder, mediante el uso arbitrario y selectivo del sistema penal.<\/p>\n
Estas pr\u00e1cticas se han manifestado, por un lado, en la persecuci\u00f3n penal selectiva con fines pol\u00edticos o electorales \u2014dirigida contra integrantes de Comisiones de Postulaci\u00f3n, personas candidatas y autoridades electas\u2014, as\u00ed como en la criminalizaci\u00f3n de personas defensoras de derechos humanos,\u00a0 operadores de justicia, personas abogadas y comunidades ind\u00edgenas; y, por otro lado, en la garant\u00eda de impunidad mediante la inacci\u00f3n, el archivo o la falta de investigaci\u00f3n diligente en causas relacionadas con actores de poder, as\u00ed como en casos en los que las v\u00edctimas o denunciantes son operadores de justicia, personas defensoras de derechos humanos o comunidades ind\u00edgenas, que son r\u00e1pidamente desestimados sin investigaciones adecuadas.<\/p>\n
La Misi\u00f3n observ\u00f3 que este proceso de cooptaci\u00f3n institucional se profundiz\u00f3 durante la gesti\u00f3n iniciada en 2018 y consolidada tras la reelecci\u00f3n de la actual Fiscal General en 2022. Ello se ha materializado mediante remociones, traslados y despidos masivos de personal fiscal, afectando gravemente las garant\u00edas de estabilidad e independencia en el cargo, as\u00ed como la reconfiguraci\u00f3n institucional a trav\u00e9s de la destituci\u00f3n de jefaturas de fiscal\u00edas especializadas, incluyendo la Fiscal\u00eda Especial contra la Impunidad (FECI), la Fiscal\u00eda de Asuntos Internos, la Fiscal\u00eda de Delitos Administrativos y otras unidades clave para la lucha contra la corrupci\u00f3n y la impunidad. La situaci\u00f3n de la FECI resulta especialmente ilustrativa. Esta fiscal\u00eda \u2014que desempe\u00f1\u00f3 un papel central en investigaciones de corrupci\u00f3n y justicia transicional en coordinaci\u00f3n con la Comisi\u00f3n Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)\u2014 ha sido progresivamente desmantelada y reorientada hacia la persecuci\u00f3n de quienes anteriormente lideraron dichas investigaciones.<\/p>\n
Continuidad de la pol\u00edtica de criminalizaci\u00f3n <\/strong><\/p>\nEl informe documenta m\u00faltiples casos de criminalizaci\u00f3n contra abogados, abogadas, ex fiscales y jueces que contin\u00faan enfrentando procesos penales carentes de fundamento y sin garant\u00edas de debido proceso y juicio justo. Entre ellos se encuentra la abogada Claudia Gonz\u00e1lez Orellana, cuya audiencia de inicio de debate, prevista para el 5 de mayo de 2026, fue suspendida por un a\u00f1o debido a la incomparecencia del Ministerio P\u00fablico. Asimismo, el abogado Ram\u00f3n Cadena fue detenido el 10 de noviembre de 2025 pese a haberse presentado voluntariamente ante las autoridades y posteriormente sometido a medidas sustitutivas; su audiencia de etapa intermedia, programada para el 11 de mayo de 2026, debi\u00f3 ser reprogramada para agosto debido a la inasistencia de la Fiscal\u00eda de Delitos contra el Patrimonio de la Naci\u00f3n, mientras el proceso penal en su contra contin\u00faa abierto. El informe tambi\u00e9n destaca la situaci\u00f3n del exfiscal Stuardo Campos, quien permanece privado de libertad desde 2023 sin una revisi\u00f3n efectiva de su situaci\u00f3n jur\u00eddica, as\u00ed como la de los l\u00edderes ind\u00edgenas Luis Pacheco y H\u00e9ctor Chacl\u00e1n, quienes contin\u00faan detenidos desde hace m\u00e1s de un a\u00f1o y cuya prisi\u00f3n preventiva fue prorrogada en abril hasta el 23 de septiembre de 2026.<\/p>\n
De igual manera, la Misi\u00f3n observa con preocupaci\u00f3n la situaci\u00f3n de personas abogadas y\u00a0 operadoras de justicia que permanecen en el exilio debido a la existencia de procesos penales abiertos y \u00f3rdenes de captura vigentes en su contra. Resultan particularmente representativos los casos de Leily Santizo, Eva Siomara Sosa, Flor de Mar\u00eda G\u00e1lvez, Paola Escobar, Virginia Laparra, Miguel \u00c1ngel G\u00e1lvez, Juan Francisco Sandoval y Thelma Aldana, quienes ejercieron funciones vinculadas a la administraci\u00f3n de justicia y cuya criminalizaci\u00f3n alcanz\u00f3 tal magnitud que se vieron forzadas a abandonar el pa\u00eds. A la fecha, la continuidad de m\u00faltiples procesos penales y el riesgo de ser privadas arbitrariamente de libertad les impiden regresar a Guatemala en condiciones que garanticen el ejercicio efectivo de su derecho de defensa, el debido proceso y el acceso a jueces independientes e imparciales.<\/p>\n
Designaci\u00f3n y llamamiento <\/strong><\/p>\nLa Misi\u00f3n toma nota de que el plan de trabajo presentado por Gabriel Garc\u00eda Luna ante la Comisi\u00f3n de Postulaci\u00f3n plantea la recuperaci\u00f3n de la autonom\u00eda y credibilidad del Ministerio P\u00fablico, as\u00ed como la reorientaci\u00f3n de la pol\u00edtica de persecuci\u00f3n penal hacia criterios de objetividad, priorizando casos de alto impacto relacionados con corrupci\u00f3n, crimen organizado y violaciones a derechos humanos. Este contexto representa una oportunidad crucial para iniciar un proceso efectivo de recuperaci\u00f3n de la independencia y credibilidad del Ministerio P\u00fablico, mediante la adopci\u00f3n de medidas concretas orientadas a restablecer su mandato constitucional de ejercer la acci\u00f3n penal con objetividad, imparcialidad y apego a los derechos humanos.<\/p>\n
En consecuencia, hacemos un llamado a todas las instituciones del Estado para que garanticen que el proceso de transici\u00f3n y toma de posesi\u00f3n de las nuevas autoridades se desarrolle con pleno respeto a la legalidad, la independencia institucional y los principios democr\u00e1ticos.<\/p>\n
A su vez, Instamos a las nuevas autoridades a impulsar una transformaci\u00f3n institucional alineada con la Constituci\u00f3n de Guatemala y con los est\u00e1ndares internacionales sobre independencia judicial, debido proceso y acceso a la justicia, a fin de revertir las din\u00e1micas de criminalizaci\u00f3n, cooptaci\u00f3n institucional y uso indebido del derecho penal documentadas durante los \u00faltimos a\u00f1os. En particular, instamos a:<\/p>\n
\n- Garantizar que el proceso de transici\u00f3n institucional y toma de posesi\u00f3n de las nuevas autoridades del Ministerio P\u00fablico se realice con transparencia, publicidad y pleno respeto al orden constitucional y democr\u00e1tico.<\/li>\n
- Identificar y revisar, mediante mecanismos independientes e imparciales, los casos basados en denuncias espurias o carentes de fundamento, disponiendo su pronta desestimaci\u00f3n y garantizando plenamente el debido proceso y el derecho a un juicio justo.<\/li>\n
- Revisar de manera urgente el uso abusivo de la prisi\u00f3n preventiva y promover la revisi\u00f3n judicial de las detenciones arbitrarias documentadas en casos de criminalizaci\u00f3n contra operadores de justicia, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y l\u00edderes ind\u00edgenas.<\/li>\n
- Garantizar investigaciones independientes sobre el funcionamiento del Ministerio P\u00fablico y su impacto en los derechos humanos, incluyendo procesos de rendici\u00f3n de cuentas frente a posibles abusos, desviaciones de poder o interferencias indebidas en la funci\u00f3n fiscal.<\/li>\n
- Revisar la aplicaci\u00f3n de figuras legales y mecanismos procesales utilizados de manera contraria a est\u00e1ndares internacionales, incluyendo el uso expansivo de determinados tipos penales y otras pr\u00e1cticas incompatibles con el principio de legalidad y las garant\u00edas judiciales.<\/li>\n
- Garantizar que los y las fiscales puedan desempe\u00f1ar sus funciones con plena independencia e imparcialidad, libres de presiones, injerencias, amenazas o represalias por el contenido de sus decisiones o actuaciones, asegurando condiciones adecuadas de seguridad y protecci\u00f3n frente a cualquier forma de intimidaci\u00f3n.<\/li>\n
- Adoptar medidas orientadas a recuperar la capacidad t\u00e9cnica, independencia y especializaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, incluyendo el fortalecimiento de fiscal\u00edas especializadas y la protecci\u00f3n de personal fiscal que haya sido objeto de represalias por el ejercicio independiente de sus funciones.<\/li>\n
- Garantizar condiciones seguras para el retorno y ejercicio profesional de operadores de justicia y personas abogadas que se encuentren en el exilio como consecuencia de actos de persecuci\u00f3n o criminalizaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n
La Misi\u00f3n Internacional de Juristas por Guatemala reitera que la recuperaci\u00f3n de la independencia judicial y del Ministerio P\u00fablico constituye una condici\u00f3n indispensable para la vigencia del Estado de derecho, la lucha contra la impunidad y la garant\u00eda efectiva de los derechos humanos en Guatemala.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Ante la designaci\u00f3n de Gabriel Garc\u00eda Luna como nuevo Fiscal General de la Rep\u00fablica y Jefe del Ministerio P\u00fablico de Guatemala, quien asumir\u00e1 el cargo el pr\u00f3ximo 18 de mayo de 2026, la Misi\u00f3n Internacional de Juristas por Guatemala hace un llamado a que el proceso de transici\u00f3n institucional se desarrolle de manera pac\u00edfica, transparente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":19500,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-25784","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-publicaciones"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/protect-lawyers.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25784","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/protect-lawyers.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/protect-lawyers.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/protect-lawyers.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/protect-lawyers.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=25784"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/protect-lawyers.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25784\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":25795,"href":"https:\/\/protect-lawyers.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25784\/revisions\/25795"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/protect-lawyers.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/19500"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/protect-lawyers.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=25784"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/protect-lawyers.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=25784"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/protect-lawyers.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=25784"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}