{"id":25928,"date":"2026-06-05T15:58:48","date_gmt":"2026-06-05T15:58:48","guid":{"rendered":"https:\/\/protect-lawyers.org\/tunisie-des-organisations-internationales-de-defense-du-droit-et-des-droits-humains-condamnent-lescalade-des-attaques-menees-par-les-autorites-tunisiennes-contre-la-profession-davo\/"},"modified":"2026-08-06T19:38:35","modified_gmt":"2026-08-06T19:38:35","slug":"organizaciones-internacionales-de-defensa-del-estado-de-derecho-y-de-los-derechos-humanos-condenan-la-escalada-de-los-ataques-llevados-a-cabo-por-las-autoridades-tunecinas-contra-la-profesion-de-la-ab","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/protect-lawyers.org\/es\/organizaciones-internacionales-de-defensa-del-estado-de-derecho-y-de-los-derechos-humanos-condenan-la-escalada-de-los-ataques-llevados-a-cabo-por-las-autoridades-tunecinas-contra-la-profesion-de-la-ab\/","title":{"rendered":"Organizaciones internacionales de defensa del Estado de derecho y de los derechos humanos condenan la escalada de los ataques llevados a cabo por las autoridades tunecinas contra la profesi\u00f3n de la abogac\u00eda, la independencia del poder judicial y la sociedad civil"},"content":{"rendered":"

Treinta y nueve organizaciones, entre ellas colegios de la abogac\u00eda, asociaciones de abogados\/as, asociaciones de magistrados y organizaciones de defensa de los derechos humanos, condenan la campa\u00f1a de intimidaci\u00f3n, obstrucci\u00f3n y represalia, cada vez m\u00e1s intensa y sistem\u00e1tica, llevada a cabo por las autoridades tunecinas contra los abogados\/as, los jueces, los colegios de la abogac\u00eda tunecinos, las asociaciones de magistrados y las organizaciones independientes de la sociedad civil.<\/strong><\/p>\n

Desde la consolidaci\u00f3n del poder ejecutivo por el presidente Sa\u00efd en 2021 y la destituci\u00f3n sin previo aviso de 57 jueces mediante decreto presidencial en 2022, T\u00fanez ha experimentado un deterioro continuo del Estado de derecho. Las autoridades han recurrido a procesos penales, \u00f3rdenes de suspensi\u00f3n, prohibiciones de viajar, trabas administrativas y campa\u00f1as de difamaci\u00f3n contra quienes defienden los derechos humanos, cuestionan la injerencia del poder ejecutivo en el poder judicial, documentan las violaciones de derechos y prestan asistencia jur\u00eddica a las v\u00edctimas.<\/p>\n

Los ataques descritos en la presente declaraci\u00f3n forman parte de un patr\u00f3n m\u00e1s amplio de ataques contra la independencia de la profesi\u00f3n de la abogac\u00eda, del poder judicial y de la sociedad civil en T\u00fanez. El deterioro de la independencia judicial, la persecuci\u00f3n de los abogados\/as y las restricciones impuestas a la sociedad civil tienen graves consecuencias para el Estado de derecho y el acceso a la justicia. Estos ataques menoscaban directamente el derecho de defensa, el acceso a la justicia y la garant\u00eda de un juicio justo.<\/p>\n

 <\/p>\n

Los ataques de las autoridades contra la Orden Nacional de la Abogac\u00eda de T\u00fanez<\/strong><\/p>\n

Las organizaciones firmantes manifiestan su profunda preocupaci\u00f3n por la escalada de los ataques llevados a cabo por las autoridades tunecinas contra la Orden Nacional de la Abogac\u00eda de T\u00fanez (ONAT) y contra la profesi\u00f3n jur\u00eddica en su conjunto. Una profesi\u00f3n jur\u00eddica independiente y aut\u00f3noma es esencial para la buena administraci\u00f3n de justicia. La ONAT tiene la misi\u00f3n de proteger la integridad profesional de sus miembros, garantizar el acceso a los servicios jur\u00eddicos y velar por el respeto de las garant\u00edas de un juicio justo y del Estado de derecho. Toda injerencia contra la ONAT atenta, por tanto, no solo contra los intereses de la profesi\u00f3n jur\u00eddica, sino tambi\u00e9n contra el acceso a la justicia para todas las personas y contra la integridad del sistema judicial en su conjunto.<\/p>\n

En los \u00faltimos meses, la ONAT ha instado a las autoridades a poner remedio al deterioro de las condiciones de trabajo en los tribunales, en particular a la falta de equipamientos b\u00e1sicos y a la escasez de personal judicial y administrativo. Asimismo, ha denunciado la celebraci\u00f3n injustificada de juicios a distancia, las violaciones de las garant\u00edas de un juicio justo, los ataques contra la independencia judicial y la injerencia del poder ejecutivo en el sistema judicial. Dado que las autoridades no ofrecieron ninguna respuesta concreta, la ONAT convoc\u00f3 una Asamblea General Extraordinaria el 1 de mayo de 2026 con el fin de abordar tanto las reivindicaciones profesionales de los abogados\/as como la crisis m\u00e1s amplia que atraviesa el sistema judicial. En lugar de responder a las demandas de la ONAT, las autoridades impugnaron los procedimientos de la Asamblea y continuaron ignorando el fondo de las preocupaciones planteadas<\/a>. Posteriormente, el Consejo de la Orden anunci\u00f3 un plan de movilizaci\u00f3n que inclu\u00eda huelgas regionales, manifestaciones con brazaletes rojos en los tribunales y una huelga general nacional<\/a> a partir del 18 de junio de 2026.<\/p>\n

La ONAT ha indicado claramente que su movilizaci\u00f3n<\/a> no se limita a reivindicaciones de car\u00e1cter profesional. Su objetivo es defender la profesi\u00f3n de la abogac\u00eda, preservar el sistema p\u00fablico de justicia y garantizar el respeto de las garant\u00edas de un juicio justo. La negativa de las autoridades a responder de manera constructiva a estas reivindicaciones, as\u00ed como los intentos posteriores de impugnar u obstaculizar la acci\u00f3n colectiva de la ONAT, en particular mediante la interposici\u00f3n por el Fiscal de T\u00fanez de un recurso de anulaci\u00f3n contra la Asamblea General Extraordinaria del 1 de mayo, suscitan una profunda preocupaci\u00f3n por una injerencia deliberada en el papel institucional e independiente de la profesi\u00f3n de la abogac\u00eda en la defensa de la independencia judicial, de las garant\u00edas de un juicio justo y del Estado de derecho.<\/p>\n

De conformidad con el Principio 14 de los Principios B\u00e1sicos de las Naciones Unidas sobre la Funci\u00f3n de los Abogados<\/a> (Principios B\u00e1sicos de las Naciones Unidas), en el marco de la protecci\u00f3n de los derechos de sus clientes y de la promoci\u00f3n de la causa de la justicia, los abogados\/as deben esforzarse por hacer respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales. El Principio 23 protege el derecho de los abogados\/as a participar en el debate p\u00fablico sobre cuestiones relativas al derecho, la administraci\u00f3n de justicia y la promoci\u00f3n y protecci\u00f3n de los derechos humanos. Los Principios 24 y 25 reconocen el papel de las asociaciones profesionales aut\u00f3nomas de abogados\/as en la protecci\u00f3n de la integridad profesional de sus miembros y en la cooperaci\u00f3n para garantizar un acceso efectivo e igualitario a los servicios jur\u00eddicos. Por consiguiente, el intento de las autoridades tunecinas de deslegitimar, obstaculizar o tomar represalias contra la movilizaci\u00f3n de la ONAT constituye un atentado contra el papel institucional de la profesi\u00f3n de la abogac\u00eda en la defensa de la independencia judicial, de las garant\u00edas de un juicio justo y del Estado de derecho.<\/p>\n

 <\/p>\n

Los abogados\/as perseguidos por raz\u00f3n de sus actividades profesionales<\/strong><\/p>\n

El ataque contra la ONAT se inscribe en el marco de una ofensiva m\u00e1s amplia y sistem\u00e1tica contra los abogados\/as que defienden a opositores pol\u00edticos, periodistas, jueces, defensores de los derechos humanos y v\u00edctimas de violaciones de los derechos humanos. En T\u00fanez, los abogados han sido objeto de procesos judiciales, detenciones arbitrarias, prohibiciones de viajar, juicios injustos y otras formas de represalias debido a los asuntos que defienden y a los clientes que representan. Tales medidas vulneran no solo los derechos de los abogados\/as, sino tambi\u00e9n los de sus clientes, y producen un grave efecto disuasorio sobre el ejercicio del derecho de defensa. Ello constituye una violaci\u00f3n del Principio 16 de los Principios B\u00e1sicos de las Naciones Unidas, que exige a los gobiernos garantizar que los abogados\/as puedan desempe\u00f1ar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obst\u00e1culos, acoso ni injerencias indebidas. Asimismo, vulnera el art\u00edculo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos (PIDCP), que protege el derecho a contar con un representante legal de libre elecci\u00f3n.<\/p>\n

El caso de Ayachi Hammami<\/strong> ilustra claramente esta tendencia. Se opuso a las medidas adoptadas por el Presidente que atentaban contra la independencia judicial y el Estado de derecho, en particular la destituci\u00f3n sumaria de jueces y fiscales mediante decreto presidencial en junio de 2022. El Sr. Hammami era portavoz del comit\u00e9 de defensa de los jueces destituidos. En enero de 2023 fue procesado en virtud del Decreto-Ley n.\u00ba 54 sobre la base de declaraciones que hab\u00eda realizado a los medios de comunicaci\u00f3n en el ejercicio de sus funciones como portavoz. El Sr. Hammami, destacado abogado y defensor de los derechos humanos, actu\u00f3 inicialmente como abogado defensor en el denominado asunto de \u00abcomplot contra la seguridad del Estado\u00bb. Posteriormente fue incluido en la lista de sospechosos, procesado, sometido a una prohibici\u00f3n de viajar y de acceder a lugares p\u00fablicos, y finalmente encarcelado para cumplir una pena de cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n. Expertos de las Naciones Unidas consideraron<\/a> que su condena estaba vinculada a su labor de defensa de los acusados en este asunto y advirtieron que perseguir a profesionales de la abogac\u00eda por el ejercicio de sus funciones amenazaba la integridad y la equidad de los procedimientos judiciales en T\u00fanez.<\/p>\n

El Sr. Hammami forma parte de las decenas de abogados<\/a> v\u00edctimas de acoso judicial y expuestos a un grave riesgo de represalias por haber ejercido sus funciones profesionales y su derecho a la libertad de expresi\u00f3n. Hasta la fecha, 8 abogados se encuentran privados de libertad<\/a>, entre ellos un antiguo Decano del Colegio de la Abogac\u00eda. Adem\u00e1s, cinco abogados se han visto obligados a exiliarse y doce son v\u00edctimas de un ensa\u00f1amiento judicial. Entre ellos, cabe mencionar los siguientes casos:<\/p>\n