{"id":26215,"date":"2026-07-21T10:43:19","date_gmt":"2026-07-21T10:43:19","guid":{"rendered":"https:\/\/protect-lawyers.org\/nicaragua-des-organisations-de-defense-des-droits-humains-et-juridiques-condamnent-la-radiation-arbitraire-dau-moins-2-000-avocats-de-nicaragua\/"},"modified":"2026-07-21T10:59:03","modified_gmt":"2026-07-21T10:59:03","slug":"nicaragua-organizaciones-de-derechos-humanos-y-juristas-condenamos-la-inhabilitacion-arbitraria-de-al-menos-2-mil-profesionales-de-la-abogacia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/protect-lawyers.org\/es\/nicaragua-organizaciones-de-derechos-humanos-y-juristas-condenamos-la-inhabilitacion-arbitraria-de-al-menos-2-mil-profesionales-de-la-abogacia\/","title":{"rendered":"NICARAGUA \/ Organizaciones de derechos humanos y juristas condenamos la inhabilitaci\u00f3n arbitraria de al menos 2 mil profesionales de la abogac\u00eda."},"content":{"rendered":"

El r\u00e9gimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo elimin\u00f3 de manera arbitraria a\u00a0numerosas personas abogadas y notarias del registro de la Corte Suprema de Justicia, sin notificaci\u00f3n oficial, sin procedimiento previo y sin la publicaci\u00f3n del correspondiente decreto en La Gaceta. Seg\u00fan estimaciones fiables, la medida habr\u00eda afectado al menos a dos mil personas, quienes han quedado de facto inhabilitadas para ejercer la profesi\u00f3n. Para muchas de ellas, esta decisi\u00f3n constituye una verdadera “muerte profesional”.<\/p>\n

La mayor\u00eda de las personas afectadas permanecen en Nicaragua, aunque tambi\u00e9n hay profesionales que se encuentran en el exilio. Esta nueva acci\u00f3n forma parte de la estrategia del gobierno para eliminar los espacios de ejercicio independiente de la profesi\u00f3n jur\u00eddica y excluir a quienes considera personas opositoras o no alineadas con sus intereses.<\/p>\n

La gravedad de esta decisi\u00f3n ha sido reconocida y denunciada por mecanismos internacionales de derechos humanos. Tanto el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN)<\/a> como la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados<\/a> condenaron la medida, advirtiendo que constituye un grave ataque contra la independencia de la profesi\u00f3n jur\u00eddica y el Estado de derecho.<\/p>\n

Estas acciones son incompatibles con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Nicaragua en materia de derechos humanos. En particular, vulneran las garant\u00edas consagradas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos (PIDCP)<\/strong>, entre ellas el derecho a un juicio justo y a contar con asistencia letrada de libre elecci\u00f3n (art\u00edculo 14), as\u00ed como el derecho a un recurso efectivo frente a violaciones de derechos humanos (art\u00edculo 2.3). Asimismo, los Principios B\u00e1sicos de las Naciones Unidas sobre la Funci\u00f3n de los Abogados<\/strong> establecen que los Estados deben garantizar que las personas abogadas puedan desempe\u00f1ar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obst\u00e1culos, hostigamientos ni injerencias indebidas (Principio 16), que no sufran ni sean amenazadas con sanciones administrativas o de otra \u00edndole por actuar de conformidad con sus deberes profesionales (Principio 17), y que los procedimientos disciplinarios se sustancien ante un \u00f3rgano independiente e imparcial, con pleno respeto de las garant\u00edas del debido proceso (Principio 28).<\/p>\n

M\u00e1s all\u00e1 de la afectaci\u00f3n directa a las personas abogadas, esta decisi\u00f3n compromete gravemente el acceso a la justicia de amplios sectores de la poblaci\u00f3n. Sin una abogac\u00eda libre e independiente, miles de personas ven limitado su derecho a la defensa y a una tutela judicial efectiva. En particular, las mujeres que buscan justicia frente a hechos de violencia basada en g\u00e9nero pueden quedar privadas de asistencia y representaci\u00f3n legal.<\/p>\n

Muchas de las personas excluidas brindaban asesor\u00eda y representaci\u00f3n a v\u00edctimas de persecuci\u00f3n pol\u00edtica, tanto dentro como fuera del pa\u00eds, as\u00ed como a personas defensoras de derechos humanos, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y comunidades que defienden sus territorios y otros derechos colectivos. Al impedirles ejercer su profesi\u00f3n, el Estado nicarag\u00fcense debilita a\u00fan m\u00e1s las posibilidades de estas personas y comunidades de acceder a mecanismos de protecci\u00f3n y justicia.<\/p>\n

En el contexto del r\u00e9gimen de terror instaurado desde abril de 2018, esta purga constituye adem\u00e1s un mensaje de intimidaci\u00f3n dirigido a todo el gremio jur\u00eddico. La medida busca desalentar el ejercicio independiente de la abogac\u00eda y advertir que cualquier profesional que represente a personas opositoras, defensoras de derechos humanos o causas consideradas contrarias a los intereses del gobierno puede ser objeto de represalias similares. Con ello, se restringe tambi\u00e9n el derecho a defender derechos humanos y se profundiza el cierre del espacio c\u00edvico en Nicaragua.<\/p>\n

Las firmantes condenamos en\u00e9rgicamente esta medida arbitraria, que constituye un nuevo ataque contra la independencia de la profesi\u00f3n jur\u00eddica, el acceso a la justicia y el Estado de derecho, y forma parte de la estrategia de consolidaci\u00f3n\u00a0del r\u00e9gimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.<\/p>\n

Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los organismos regionales e internacionales de derechos humanos, a los colegios y asociaciones de la abogac\u00eda y a las organizaciones internacionales de juristas para que condenen p\u00fablicamente estas medidas y exijan\u00a0al Estado de Nicaragua que:<\/p>\n