{"id":27272,"date":"2026-11-04T10:00:52","date_gmt":"2026-11-04T10:00:52","guid":{"rendered":"https:\/\/protect-lawyers.org\/concern-over-death-threats-against-lawyers-alirio-uribe-yessika-hoyos-morales-and-three-movice-members\/"},"modified":"2026-11-04T15:26:47","modified_gmt":"2026-11-04T15:26:47","slug":"preocupacion-por-las-amenazas-de-muerte-contra-los-abogados-alirio-uribe-yessika-hoyos-morales-y-tres-integrantes-del-movice","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/protect-lawyers.org\/es\/preocupacion-por-las-amenazas-de-muerte-contra-los-abogados-alirio-uribe-yessika-hoyos-morales-y-tres-integrantes-del-movice\/","title":{"rendered":"Preocupaci\u00f3n por las amenazas de muerte contra los abogados Alirio Uribe, Yessika Hoyos Morales y tres integrantes del MOVICE"},"content":{"rendered":"

Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la IX Caravana Internacional de Juristas a Colombia, expresamos nuestra profunda preocupaci\u00f3n por las amenazas de muerte contra los abogados de derechos humanos Yessika Hoyos Morales y Alirio Uribe, as\u00ed como contra tres integrantes del Movimiento Nacional de V\u00edctimas de Cr\u00edmenes de Estado (MOVICE), cap\u00edtulo Sucre: Candelaria Barrios Acosta, Malena Mart\u00ednez Montoya y Juan David D\u00edaz Chamorro. Las amenazas parecen estar relacionadas con su participaci\u00f3n en los procesos judiciales relativos al asesinato de tres hombres en La Guaripa, Sucre. Instamos a las autoridades colombianas a investigar las amenazas de manera pronta y efectiva, garantizar la seguridad de las personas amenazadas y asegurar que las personas abogadas puedan ejercer sus funciones profesionales sin intimidaciones ni represalias.
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Antecedentes<\/strong><\/p>\n

Yessika Hoyos Morales y Alirio Uribe son abogados de derechos humanos del Colectivo de Abogados y Abogadas Jos\u00e9 Alvear Restrepo (CAJAR), que han dedicado su carrera a la representaci\u00f3n de v\u00edctimas de cr\u00edmenes de Estado. Entre otros casos, han representado a las familias de tres hombres asesinados el 25 de enero de 2018 en La Guaripa, Sucre. En septiembre de 2026, el Tribunal Superior de Sincelejo conden\u00f3 al exdirector de la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar de Sucre (Comfasucre) a 27 a\u00f1os de prisi\u00f3n por ordenar los asesinatos.<\/p>\n

Tras la condena, el 18 de octubre de 2026, Yessika Hoyos Morales, Alirio Uribe y Candelaria Barrios Acosta recibieron en sus tel\u00e9fonos m\u00f3viles un mensaje<\/a> que conten\u00eda amenazas de muerte contra ellas y otros dos integrantes del MOVICE, Malena Mart\u00ednez Montoya y Juan David D\u00edaz Chamorro. El mensaje advert\u00eda que, si el exfuncionario condenado era enviado a prisi\u00f3n, deb\u00edan \u201ccomprar los cajones\u201d y guardar silencio. Tambi\u00e9n afirmaba que estaban siendo vigilados.<\/p>\n

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Riesgos que enfrentan las personas abogadas en Colombia<\/strong><\/p>\n

Desde 2008, nuestras organizaciones han documentado reiteradamente los riesgos y obst\u00e1culos que enfrentan las personas abogadas en Colombia para ejercer sus funciones profesionales de manera independiente y segura, a trav\u00e9s de las misiones de investigaci\u00f3n que realiza cada dos a\u00f1os la Caravana de Juristas. Durante la misi\u00f3n de 2026, las personas abogadas entrevistadas informaron<\/a> sobre la persistencia de la estigmatizaci\u00f3n por las personas, comunidades y causas que representan, as\u00ed como sobre amenazas, restricciones a la movilidad impuestas por actores armados, vigilancia y violencia digital. La Caravana tambi\u00e9n document\u00f3 preocupaciones por la falta de investigaciones efectivas sobre las amenazas y los ataques contra personas abogadas y defensoras de derechos humanos.<\/p>\n

La Corte Constitucional tambi\u00e9n ha reconocido los riesgos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en Colombia. En la Sentencia SU-546 de 2023, la Corte declar\u00f3 la existencia de un estado de cosas inconstitucional ante las violaciones persistentes, generalizadas y graves de los derechos fundamentales de l\u00edderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos, as\u00ed como la insuficiencia de la respuesta institucional del Estado para protegerlas. La sentencia reconoci\u00f3 el car\u00e1cter estructural de los obst\u00e1culos que enfrentan quienes defienden los derechos humanos y la necesidad de adoptar medidas efectivas para hacerles frente.<\/p>\n

Los integrantes del CAJAR han enfrentado violencia, hostigamiento y amenazas desde la d\u00e9cada de 1990, incluida la vigilancia sistem\u00e1tica por parte del entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Entre 2002 y 2010, varios de sus abogados y abogadas tuvieron que exiliarse para protegerse a s\u00ed mismos y a sus familias. El 18 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declar\u00f3<\/a> la responsabilidad internacional de Colombia por el hostigamiento y la persecuci\u00f3n sufridos por integrantes del CAJAR durante varias d\u00e9cadas, y determin\u00f3 que se hab\u00edan vulnerado, entre otros, sus derechos a la vida, a la integridad personal y a la vida privada. La sentencia reconoci\u00f3 el impacto grave y sostenido de estos actos en los integrantes del CAJAR y en su labor de defensa de los derechos humanos, y destac\u00f3 la obligaci\u00f3n de Colombia de reparar las violaciones y adoptar medidas para evitar que se repitan.<\/p>\n

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Incumplimiento de las obligaciones internacionales<\/strong><\/p>\n

Colombia est\u00e1 obligada por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos (PIDCP) y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos (CADH) a proteger los derechos a la vida y a la libertad y seguridad personales (art\u00edculos 6 y 9 del PIDCP; art\u00edculos 4 y 7 de la CADH), as\u00ed como garantizar recursos efectivos frente a las violaciones de derechos (art\u00edculo 2.3 del PIDCP; art\u00edculos 8 y 25 de la CADH). Cuando las autoridades tienen conocimiento de amenazas cre\u00edbles, deben adoptar medidas adecuadas para proteger a las personas en riesgo y llevar a cabo investigaciones prontas, efectivas e imparciales.<\/p>\n

Asimismo, los Principios B\u00e1sicos de las Naciones Unidas sobre la Funci\u00f3n de los Abogados establecen que los gobiernos deben garantizar que las personas abogadas puedan desempe\u00f1ar sus funciones profesionales sin intimidaciones, obst\u00e1culos, acoso ni injerencias indebidas (Principio 16); proteger adecuadamente su seguridad cuando esta se vea amenazada como consecuencia del ejercicio de sus funciones profesionales (Principio 17); y abstenerse de asimilar a las personas abogadas con sus clientes o con las causas de estos (Principio 18).<\/p>\n

De igual manera, el art\u00edculo 12.2 de la Declaraci\u00f3n de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos insta a los Estados a proteger a las personas defensoras frente a la violencia, las amenazas, las represalias y cualquier otra acci\u00f3n arbitraria derivada del ejercicio leg\u00edtimo de sus derechos humanos.<\/p>\n

Las amenazas contra los abogados y los tres integrantes del MOVICE, que parecen estar relacionadas con su participaci\u00f3n en los procesos judiciales relativos a los hechos de La Guaripa, suscitan serias preocupaciones respecto del cumplimiento de estas obligaciones internacionales por parte de Colombia. Estas amenazas no solo ponen en peligro a las personas afectadas, sino que tambi\u00e9n socavan la independencia de la profesi\u00f3n jur\u00eddica y el derecho de las v\u00edctimas a acceder a la justicia y a un recurso efectivo.<\/p>\n

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Llamamiento a las autoridades colombianas<\/strong><\/p>\n

A la luz de lo anterior, las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra solidaridad con Yessika Hoyos Morales, Alirio Uribe, Candelaria Barrios Acosta, Malena Mart\u00ednez Montoya y Juan David D\u00edaz Chamorro e instamos a las autoridades colombianas a:<\/p>\n

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  1. Investigar de manera pronta, exhaustiva, independiente y efectiva <\/strong>las amenazas de muerte denunciadas el 18 de octubre de 2026, incluida su posible relaci\u00f3n con la participaci\u00f3n de las personas afectadas en los procesos judiciales relativos a los hechos de La Guaripa, y llevar a las personas responsables ante la justicia, con pleno respeto de las garant\u00edas del debido proceso.<\/li>\n
  2. Adoptar medidas de protecci\u00f3n inmediatas y adecuadas <\/strong>para Yessika Hoyos Morales, Alirio Uribe, Candelaria Barrios Acosta, Malena Mart\u00ednez Montoya y Juan David D\u00edaz Chamorro, en consulta con las personas afectadas, entre otras medidas, mediante la activaci\u00f3n de los protocolos de prevenci\u00f3n pertinentes y la convocatoria de las instancias territoriales competentes de protecci\u00f3n y garant\u00edas.<\/li>\n
  3. Garantizar el ejercicio seguro e independiente de la profesi\u00f3n jur\u00eddica<\/strong>, de conformidad con los Principios B\u00e1sicos de las Naciones Unidas sobre la Funci\u00f3n de los Abogados, y asegurar que las personas abogadas puedan representar a v\u00edctimas de violaciones de derechos humanos sin intimidaciones, estigmatizaci\u00f3n ni represalias.<\/li>\n<\/ol>\n

    Nuestras organizaciones continuar\u00e1n dando seguimiento a esta situaci\u00f3n e instamos a las autoridades colombianas a garantizar que todas las personas abogadas y defensoras de derechos humanos en Colombia puedan desempe\u00f1ar sus funciones profesionales sin temor a amenazas, hostigamiento, represalias ni injerencias indebidas, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.<\/p>\n

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    Organizaciones firmantes<\/span><\/strong><\/p>\n

    Colombian Caravana UK Lawyers Group
    \nLawyers for Lawyers (L4L)
    \nF\u00e9d\u00e9ration des Barreaux d’Europe (FBE)
    \nLawyers\u2019 Rights Watch Canada (LRWC)
    \nObservatorio Internacional de la Abogac\u00eda en Riesgo (OIAD)<\/p>\n

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    Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la IX Caravana Internacional de Juristas a Colombia, expresamos nuestra profunda preocupaci\u00f3n por las amenazas de muerte contra los abogados de derechos humanos Yessika Hoyos Morales y Alirio Uribe, as\u00ed como contra tres integrantes del Movimiento Nacional de V\u00edctimas de Cr\u00edmenes de Estado (MOVICE), cap\u00edtulo Sucre: Candelaria Barrios Acosta, […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":27259,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[108],"tags":[],"class_list":["post-27272","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/protect-lawyers.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27272","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/protect-lawyers.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/protect-lawyers.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/protect-lawyers.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/protect-lawyers.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=27272"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/protect-lawyers.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27272\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":27279,"href":"https:\/\/protect-lawyers.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27272\/revisions\/27279"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/protect-lawyers.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/27259"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/protect-lawyers.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=27272"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/protect-lawyers.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=27272"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/protect-lawyers.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=27272"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}