{"id":25966,"date":"2026-06-08T14:24:43","date_gmt":"2026-06-08T14:24:43","guid":{"rendered":"https:\/\/protect-lawyers.org\/el-salvador-comunicado-conjunto-al-cumplirse-un-ano-de-la-detencion-arbitraria-de-enrique-anaya\/"},"modified":"2026-06-08T14:25:03","modified_gmt":"2026-06-08T14:25:03","slug":"el-salvador-comunicado-conjunto-al-cumplirse-un-ano-de-la-detencion-arbitraria-de-enrique-anaya","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/protect-lawyers.org\/it\/el-salvador-comunicado-conjunto-al-cumplirse-un-ano-de-la-detencion-arbitraria-de-enrique-anaya\/","title":{"rendered":"EL SALVADOR: Comunicado conjunto al cumplirse un a\u00f1o de la detenci\u00f3n arbitraria de Enrique Anaya"},"content":{"rendered":"<p><strong>Un a\u00f1o despu\u00e9s de la detenci\u00f3n arbitraria del abogado Enrique Anaya, Lawyers for Lawyers (L4L) y el Observatorio Internacional de la Abogac\u00eda en Riesgo (OIAD) contin\u00faan profundamente preocupados por la persistente privaci\u00f3n de su libertad y las continuas violaciones de sus derechos fundamentales.<\/strong><\/p>\n<p>Enrique Anaya, abogado constitucionalista, fue detenido el 7 de junio de 2025 bajo acusaciones de lavado de activos. Su detenci\u00f3n tuvo lugar poco despu\u00e9s de expresar p\u00fablicamente cr\u00edticas sobre diversas medidas gubernamentales, entre ellas la concentraci\u00f3n de funciones estatales en el \u00d3rgano Ejecutivo, el debilitamiento de la separaci\u00f3n de poderes, la reducci\u00f3n de los espacios de participaci\u00f3n democr\u00e1tica y la <a href=\"https:\/\/www.lawyersforlawyers.org\/one-year-since-the-arbitrary-detention-of-ruth-eleonora-lopez-in-el-salvador\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">detenci\u00f3n de la abogada Ruth Eleonora L\u00f3pez<\/a>.<\/p>\n<p>Desde el inicio de su privaci\u00f3n de libertad, Anaya ha permanecido en condiciones de detenci\u00f3n incompatibles tanto con las garant\u00edas del debido proceso y el derecho a un juicio justo como con los est\u00e1ndares internacionales aplicables al trato digno de las personas privadas de libertad. Su detenci\u00f3n se ha caracterizado por un r\u00e9gimen de aislamiento prolongado, restricciones al contacto con sus abogados y familiares, obst\u00e1culos para acceder al expediente judicial y a los elementos probatorios en su contra, as\u00ed como limitaciones para conocer plenamente los hechos que se le imputan y preparar adecuadamente su defensa. Asimismo, su derecho a la salud se encuentra en riesgo, ya que padece una condici\u00f3n m\u00e9dica que requiere tratamiento especializado y no existe informaci\u00f3n p\u00fablica suficiente sobre la atenci\u00f3n m\u00e9dica que recibe durante su detenci\u00f3n.<\/p>\n<p>La Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorg\u00f3 medidas cautelares a favor de Enrique Anaya mediante la <a href=\"https:\/\/www.oas.org\/en\/IACHR\/jsForm\/?File=\/es\/cidh\/prensa\/comunicados\/2025\/194.asp&utm_content=country-slv&utm_term=class-mc\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Resoluci\u00f3n 67\/2025<\/a>, ordenando al Estado salvadore\u00f1o adoptar las medidas necesarias para proteger su vida, integridad personal y salud; garantizar el contacto regular con su familia y defensa legal; y revisar la continuidad de su detenci\u00f3n preventiva conforme a los est\u00e1ndares internacionales aplicables, incluyendo la posibilidad de adoptar medidas alternativas. En su resoluci\u00f3n, la CIDH tom\u00f3 en cuenta tanto el contexto de riesgo para las personas defensoras de derechos humanos en El Salvador como el perfil p\u00fablico de Enrique Anaya, quien, en su calidad de abogado constitucionalista, ha intervenido en debates sobre institucionalidad democr\u00e1tica y derechos humanos y ha sido etiquetado por un asesor presidencial como \u201cel principal abogado de la oposici\u00f3n\u201d.<\/p>\n<p>Sin embargo, las medidas cautelares otorgadas por la CIDH no han sido implementadas de manera satisfactoria. A medida que el proceso penal se aproxima al cierre de la etapa de instrucci\u00f3n y se cumple un a\u00f1o de su detenci\u00f3n, persisten serias preocupaciones respecto del respeto de sus derechos fundamentales. En particular, se le ha negado en la pr\u00e1ctica la posibilidad de obtener una revisi\u00f3n efectiva de la medida de detenci\u00f3n provisional para evaluar su sustituci\u00f3n por medidas menos gravosas.<\/p>\n<p>La detenci\u00f3n de Enrique Anaya resulta particularmente alarmante porque parece constituir una represalia por el ejercicio leg\u00edtimo de la profesi\u00f3n jur\u00eddica y por el ejercicio de su libertad de expresi\u00f3n. Su caso se desarrolla en un contexto m\u00e1s amplio de deterioro del Estado de derecho y de <a href=\"https:\/\/www.lawyersforlawyers.org\/situation-of-lawyers-in-el-salvador-amid-rule-of-law-concerns\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">restricciones a la capacidad de los abogados y abogadas para ejercer sus funciones profesionales<\/a> de manera segura e independiente, especialmente aquellos que trabajan en derechos humanos, lucha contra la corrupci\u00f3n y litigio de inter\u00e9s p\u00fablico. \u00a0Este entorno hostil socava directamente la independencia de la profesi\u00f3n jur\u00eddica y el derecho de acceso a la justicia de la poblaci\u00f3n, al tiempo que genera un efecto amedrentador sobre quienes ejercen la abogac\u00eda en estos \u00e1mbitos.<\/p>\n<p>El Salvador es Estado Parte de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, y por tanto est\u00e1 obligado a garantizar los derechos a la libertad, la seguridad personal, el acceso a la justicia y el debido proceso. Asimismo, los Principios B\u00e1sicos de las Naciones Unidas sobre la Funci\u00f3n de los Abogados, en particular los Principios 16, 18 y 23, establecen que los gobiernos deben garantizar que los abogados puedan desempe\u00f1ar sus funciones profesionales sin intimidaciones, hostigamientos ni injerencias indebidas; que no sean identificados con las causas o personas a quienes representan; y que puedan ejercer libremente sus derechos a la libertad de expresi\u00f3n, asociaci\u00f3n y reuni\u00f3n, incluyendo el derecho a participar en debates p\u00fablicos sobre cuestiones relativas al derecho, la administraci\u00f3n de justicia y la promoci\u00f3n y protecci\u00f3n de los derechos humanos.<\/p>\n<p>Las organizaciones firmantes instamos urgentemente al Gobierno de El Salvador a:<\/p>\n<ol>\n<li>Implementar de manera inmediata y efectiva las medidas cautelares otorgadas por la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en la Resoluci\u00f3n 67\/2025, garantizando la protecci\u00f3n de la vida, integridad personal y salud de Enrique Anaya.<\/li>\n<li>Revisar sin m\u00e1s demora la necesidad, legalidad y proporcionalidad de la medida de detenci\u00f3n provisional impuesta a Enrique Anaya, de conformidad con los est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos y las recomendaciones de la CIDH, considerando la aplicaci\u00f3n de medidas cautelares menos restrictivas de la libertad.<\/li>\n<li>Garantizar un juicio justo con pleno respeto a las garant\u00edas judiciales, los derechos al debido proceso y sin demoras indebidas.<\/li>\n<li>Cesar todos los actos de acoso, intimidaci\u00f3n y criminalizaci\u00f3n contra abogados por el ejercicio leg\u00edtimo de su profesi\u00f3n o por el ejercicio de su libertad de expresi\u00f3n.<\/li>\n<li>Respetar y garantizar la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, y los Principios B\u00e1sicos de las Naciones Unidas sobre la Funci\u00f3n de los Abogados, para que todos los abogados en El Salvador puedan ejercer sus actividades profesionales de manera independiente y sin temor a represalias.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Nuestras organizaciones continuar\u00e1n monitoreando de cerca la situaci\u00f3n de las y los abogados en El Salvador. Instamos a la comunidad internacional, incluyendo colegios de abogados, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos, a mantenerse vigilantes frente a la situaci\u00f3n en El Salvador y a adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar la protecci\u00f3n de los profesionales del derecho en el pa\u00eds.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un a\u00f1o despu\u00e9s de la detenci\u00f3n arbitraria del abogado Enrique Anaya, Lawyers for Lawyers (L4L) y el Observatorio Internacional de la Abogac\u00eda en Riesgo (OIAD) contin\u00faan profundamente preocupados por la persistente privaci\u00f3n de su libertad y las continuas violaciones de sus derechos fundamentales. 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