GUATEMALA: Amicus curiae conjunto del OIAD y LawyersforLawyers en el caso de Claudia González ante la ONU
El Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD) y LawyersforLawyerspresentaronconjuntamente un escrito de amicuscuriae ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (WGAD) en relación con la detención y las medidas restrictivas impuestas a la abogada guatemalteca Claudia González Orellana, exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y defensora de derechos humanos.
El amicuscuriae ofrece al WGAD un análisis jurídico imparcial del caso, centrado en la detención de 82 días de González y su continuación bajo arresto domiciliario, con base en criterios específicos de arbitrariedad de detención reconocidos por el propio Grupo de Trabajo. Según el escrito, el caso se enmarca en un patrón de hostigamiento, intimidación y criminalización de profesionales del derecho en Guatemala, particularmente de quienes han defendido a operadores de justicia en contextos de lucha contra la corrupción.
El análisis sostiene que la privación de libertad de la abogada cumple con varios de los criterios de arbitrariedad según la clasificación del WGAD, incluyendo:
- Categoría I: La detención carece de una base legal válida, ya que su privación de libertad se impuso sin justificación razonada, violando normas nacionales e internacionales, y el cargo de “abuso de autoridad” no es aplicable dado que González no era funcionaria pública y actuó en el ejercicio legítimo de su labor profesional.
- Categoría II: La detención resulta del ejercicio de libertades fundamentales, como el derecho a desempeñarse como abogada y defensora de derechos humanos, así como la libertad de expresión en asuntos de interés público.
- Categoría III: Existen irregularidades procesales que socavan el derecho al debido proceso, incluyendo retrasos procedimentales, falta de imparcialidad del tribunal y restricciones que impiden una defensa adecuada.
- Categoría V: La detención está motivada por discriminación vinculada a su ejercicio profesional, en particular por su defensa de exfiscales y operadores judiciales objeto de procesos políticos motivados.
El amicus también subraya que el caso de González no es un incidente aislado, sino indicativo de un contexto más amplio en el que abogados en Guatemala operan bajo presión, intimidación y represalias, lo que genera un efecto disuasorio que amenaza la independencia de la abogacía y el acceso a la justicia.
Con esta presentación, el OIAD y LawyersforLawyers instan al WGAD a considerar el caso en su contexto sistémico y a emitir una opinión que reafirme las obligaciones internacionales de Guatemala de proteger a los abogados y abogadas contra detenciones arbitrarias y de garantizar condiciones seguras para el ejercicio independiente de la profesión.
