GUATEMALA: Informe de medio término sobre el EPU de Guatemala
Fecha del informe: Enero de 2026
Descripción:
El Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD), junto con LawyersforLawyers y la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), presentó un informe de medio término sobre Guatemala en el marco del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU. El informe analiza el grado de cumplimiento por parte del Estado guatemalteco de las recomendaciones aceptadas en 2023 relacionadas con la protección de la abogacía y su formación profesional, concluyendo que su implementación ha sido insuficiente.
Durante ese ciclo, Guatemala aceptó parcialmente 17 recomendaciones sobre la protección de defensores de derechos humanos y operadores de justicia —incluyendo abogados/as—, el cese de la criminalización y el respeto del debido proceso, así como una recomendación específica para mejorar la formación jurídica de los profesionales del derecho. Sin embargo, los avances han sido limitados: persisten la criminalización, la intimidación y el hostigamiento hacia abogados y abogadas que trabajan en casos sensibles, y los mecanismos de protección y formación jurídica siguen siendo insuficientes.
El informe destaca casos que ilustran los patrones de persecución y criminalización, entre ellos los de Claudia González Orellana y Ramón Cadena Rámila, así como los casos de exilio forzado de Leily Indira Santizo Rodas y Flor de María Gálvez. Estos ejemplos reflejan un patrón preocupante de obstáculos y represalias hacia profesionales de la abogacía, evidenciando los riesgos que enfrenta la abogacía defensora de derechos humanos en Guatemala.
El OIAD, LawyersforLawyers y APDHE instan a los Estados miembros de la ONU que hicieron recomendaciones a Guatemala a exigir a las autoridades guatemaltecas que:
- Respeten el derecho de la abogacía a ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, obstáculos, hostigamiento o interferencias indebidas, de acuerdo con los Principios Básicos de la ONU sobre el papel de los abogados.
- Apliquen de manera inmediata las recomendaciones emitidas, incluyendo medidas para poner fin al acoso y la criminalización de abogados y abogadas, garantizar el pleno respeto del debido proceso, investigar abusos contra operadores de justicia y proporcionar medidas de protección efectivas, incluidas garantías para el regreso seguro de quienes se encuentran actualmente en el exilio.
- Garanticen que los profesionales de la abogacía reciban educación y formación profesional adecuadas, de conformidad con el Principio 9 de los Principios Básicos de la ONU.
