ALERTA 27/11/2023
ALERTA 10/2019
COLOMBIA: Grave patrón de Hostigamiento, Persecución y Atentados contra el Abogado German Romero en consecuencia del ejercicio de sus funciones
El Observatorio expresa nuevamente suma preocupación por los continuos hostigamientos y atentados dirigidos hacia el abogado German Romero, quien se ha dedicado a lo largo de su carrera a la defensa de víctimas objeto de ataques por parte de altos oficiales del ejército y Estado colombiano.
El abogado German Romero, quien forma parte del equipo DH Colombia (Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos), centra su trabajo en representar víctimas de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en casos emblemáticos de Colombia, listados en el siguiente Anexo I.
Desde 2019 el defensor Germán Romero Sánchez y su familia vienen siendo víctimas de seguimientos, amenazas, persecución y atentados, debido al ejercicio de la abogacía, tal y como condenó el Observatorio en una alerta publicada en octubre del 2019.
Entre el año 2021 a 2022 (durante un año), German Romero, su pareja sentimental y dos menores de edad salieron obligatoriamente del país, en calidad de exiliados debido al peligro al que se enfrentaban. Pocas semanas después de su regreso a Colombia, continuaron las actividades de amenazas y vigilancia, identificándose más de 12 episodios de riesgo hasta la fecha, documentados en el Anexo II. El último incidente tuvo lugar fecha 30 de octubre, en el que un hombre posiblemente armado y con apariencia militar realizó actividades de vigilancia en la residencia del abogado Germán Romero.
En la actualidad, a pesar de haber denunciado cada incidente de riesgo, el abogado German Romero continúa sufriendo episodios de riesgo persistentes por el ejercicio de la abogacía, provocando daños de carácter multidimensional que tienen un impacto a nivel individual, familiar y colectivo, y graves consecuencias psicosociales.
El OIAD mantiene su firme condena de las amenazas, la persecución y el acoso persistente contra el abogado Germán Romero Sánchez y su familia.
El OIAD insta a las autoridades colombianas, a que tomen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del abogado German Romero y su familia.
El OIAD insta a las autoridades colombianas a garantizar el respeto a los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados, en particular a los principios 16, 17 y 22:
Principio 16: “Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; b) puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto dentro de su país como en el exterior; y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión.”
Principio 17: “Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada.”
Principio 22. “Los gobiernos reconocerán y respetarán la confidencialidad de todas las comunicaciones y consultas entre los abogados y sus clientes, en el marco de su relación profesional.”
Colombia: El OIAD expresa su profunda preocupación por los repetidos ataques y amenazas a la integridad personal y profesional de German Romero Sánchez destacado abogado comprometido con la defensa de los derechos humanos en Colombia.
Descripción de la situación:
Según las informaciones recibidas, su trabajo se basa en la representación de víctimas en procesos penales para la búsqueda de la verdad, justicia y reparación de las mismas. Como parte de estos procedimientos, trabaja en casos donde se encuentran acusados como responsables agentes del Estado y altos oficiales del ejército de Colombia; entre los cuales destacan:
- Las investigaciones penales por parte de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de ejecuciones extrajudiciales contra los altos oficiales activos como el General Emiro José Barrios Jiménez y el General Jorge Enrique Navarrete, y las investigaciones contra el General Diego Luis Villegas Muñoz, Comandante de la Fuerza de Tarea Vulcan, como también contra el Coronel Nelson Velásquez Parrado.
- La parte civil en el proceso penal de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó por la responsabilidad de la Brigada XVII del Ejército Nacional en la masacre de 8 personas perpetrada por militares y paramilitares en febrero de 2005.
En mayo de 2019 la Corte Suprema condenó a 34 años a varios oficiales y suboficiales de la Brigada XVII, entre ellos el Coronel Orlando Espinosa Beltrán y el Mayor José Fernando Castaño10, por su coparticipación y responsabilidad en la masacre. Para ejecutarla, se dictó la Orden de Operaciones Fénix por parte de la Brigada XVII, en conjunto con la misión ‘Feroz’, cuya planeación estaba a cargo del General R. Mario Montoya, ex Comandante del Ejército Nacional, hoy en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por los delitos de ejecuciones extrajudiciales.
Por esta masacre, en 2013 fueron llamados a indagatoria los Generales (r) Luis Alfonso Zapata y Héctor Fandiño Rincón, a quienes le resolvieron sus situaciones jurídicas sin imponerle ninguna medida de aseguramiento y finalmente cerrar la investigación este año.
- Representación legal de la periodista Claudia Julieta Duque, víctima de tortura psicológica perpetrada por agentes del extinto Departamento de Administración de Seguridad (DAS); a la fecha 8 funcionarios públicos se encuentran en juicio y una persona más está siendo investigada. De igual manera, en marzo de 2019, Duque y Romero Sánchez radicaron un recurso de revisión ante la Corte Suprema para que no se archive una denuncia penal de Claudia Julieta Duque por injuria y calumnia contra el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.
- Romero Sánchez y su socio, abogado defensor de derechos humanos, Jorge Molano, litigaron el caso de la Operación Dragón, un plan de asesinatos en contra de personas defensoras de derechos humanos, sindicalistas y líderes políticos por su oposición a la privatización de Empresas Municipales de Cali (Emcali); uno de los blancos del plan fue Berenice Celeita, presidenta de la organización NOMADESC, acompañada por PBI Colombia. Este plan fue desarrollado e implementado por militares activos y en retiro. El plan fue descubierto en 2004; 15 años más tarde, en enero de 2019, fueron condenados por el crimen tres militares de la Brigada III del Ejército Nacional.
- Representación legal de Alfamir Castillo cuyo hijo, Darbey Mosquera, fue asesinado en febrero de 2008 por miembros del Batallón de Contraguerrillas Nº 57 de la XIII Brigada, quienes lo llevaron hasta la zona rural de Manizales con engaños y lo hicieron pasar como miembro de una banda criminal. Por este caso fueron condenados siete militares, entre ellos el Mayor Activo del Ejército Nacional Josue Yobanny Linares. Por el mismo caso, Alfamir fue reconocida como víctima dentro del proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra del General (r) Mario Montoya Uribe.
El 11 de enero de 2019, tras amenazas previas contra ella y contra Romero Sánchez que hacían referencia a su participación en la JEP, Alfamir sufrió un atentado mientras se desplazaba en un vehículo otorgado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
- Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Romero Sánchez representa a los familiares de las personas desaparecidas del Palacio de Justicia de 1985. En una audiencia reciente, Romero Sánchez cuestionó las conclusiones de la Fiscalía General y el Instituto de Medicina Legal en un informe enviado a la CIDH, considerando inadmisible que 32 años después, el ente investigador diga que no existieron desaparecidos. Por este caso está condenado el General R. Jesús Armando Arias Cabrales.
- Abogado en el caso de Nicolás Neira, un joven de 15 años asesinado por miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (ESMAD) en 2005, la Corte Suprema negó en septiembre de 2019 un preacuerdo para rebajar las penas a los responsables del crimen en la Policía Nacional.
Cabe destacar que en el transcurso de este año, diferentes organizaciones internacionales han llamado la atención en múltiples ocasiones sobre las amenazas y situación de riesgo de Romero Sánchez y su familia. Preocupa especialmente la falta de reacción de la Presidencia frente a los llamados de atención febrero de 2019 sobre la situación de Germán Romero Sánchez desde el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU y de la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales[1]. La persecución en contra de Romero Sánchez se enmarca en un contexto de riesgo permanente frente a la búsqueda de la verdad alrededor de crímenes donde existe la presunta responsabilidad de altos mandos de las Fuerzas Militares. Estos ataques ocurren en el contexto de múltiples escándalos dentro de la institución, como el cuestionamiento de ascender a militares investigados por crímenes de lesa humanidad y directrices internas en el Ejército Nacional que abrirían nuevamente la puerta al aumento de Ejecuciones Extrajudiciales, reveladas por el New York Times el 18 de mayo pasado.
Los ataques concretos hacia su persona y su familia en los últimos meses se han ido multiplicando, pese a las múltiples denuncias ante las autoridades colombianas, debido a la gran responsabilidad que supone la representación en estos casos descritos. Algunos de ellos, cronológicamente, son los siguientes:
- Julio-Agosto de 2019: Entre estos meses se recibieron llamadas en la noche al celular de una familiar del abogado, insistiendo en que Romero Sánchez debía devolver la llamada; durante la llamada se escuchaban voces detrás del interlocutor en las que le iban dirigiendo la conversación.
- El 20 de agosto de 2019 al regresar de una audiencia en la ciudad de Popayán junto con uno de sus escoltas asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), Romero Sánchez y su escolta registraron un seguimiento de dos personas en una motocicleta. Estas personas en motocicleta hicieron vigilancia en distintos puntos cercanos a su vivienda y también hicieron desplazamientos en contravía en inmediaciones de ese mismo sitio[2].
- El 4 de septiembre de 2019, en una operación coordinada entre cuatro personas, Romero Sánchez fue víctima de un hurto de su portátil. Éste contenía testimonios, pruebas e información sensible y confidencial contra altos oficiales del Ejército Nacional y otros funcionarios del Estado que DH Colombia ha ido recopilando en los últimos años para la protección y defensa de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos que Romero Sánchez representa. Otros dispositivos electrónicos y dinero que estaban junto al portátil, no fueron extraviados[3]. A través de dos cámaras de vigilancia se puede identificar a las cuatro personas involucradas en el operativo; sin embargo, la Fiscalía General de la Nación tomó el 26 de septiembre la decisión de archivar la investigación sin haber presentado resultado alguno.
- El 3 de octubre de 2019 recibió una amenaza directa de muerte. Personas desconocidas llamaron en la madrugada a su residencia privada, diciendo: “No te voy a dejar vivo toda la vida, ¿oyó?” Minutos antes, Romero Sánchez había dejado su residencia para llevar a su hija al colegio. La llamada la recibió su compañera sentimental y madre de sus dos hijas.
Las modalidades de amenazas y hostigamientos dirigidas a él y su entorno familiar, además de poner en grave riesgo su integridad física, tienen como objetivo intimidar a Romero Sánchez a través de su núcleo familiar con menores de edad y demuestran un conocimiento de las rutinas del defensor que sólo se puede dar a través de operaciones planificadas, coordinadas y sistemáticas.
Todos estos hechos podrían dar lugar a pensar que el Estado de Colombia , desde una contradicción decidida, muestra en lo público una aparente voluntad política de asegurar el debido proceso y el efectivo ejercicio de los abogados para responder a los riesgos que enfrentan quienes defienden derechos humanos, pero en lo concreto, existe un rotundo desinterés por salvaguardar sus vidas e integridad.
Llamamiento del Observatorio Internacional de Abogados:
El Observatorio desea trasladar su solidaridad y apoyo al abogado afectado y sus compañeros, obligados a vivir en circunstancias que entrañan un peligro real para su vida e integridad personal ante el que las medidas de seguridad aplicadas no parecen ofrecer garantías suficientes.
La defensa de los derechos humanos se convierte en una necesidad vital para asegurar el desarrollo y consolidación de un estado de derecho con todas las garantías.
El Observatorio recuerda asimismo que la independencia de los abogados es uno de los principales barómetros de la democracia y de la efectividad del Estado de derecho. Y llama la atención de las autoridades acerca de los Principios básicos sobre la función de los abogados, adoptados en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 27 de septiembre de 1990.
Principio 16:
“Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; b) puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto dentro de su país como en el exterior; y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión.”
Principio 17:
Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada.
Principio 18:
Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones.
El Observatorio Internacional de Abogados solicita:
A la fiscalía general de la nación, (i) investigar los delitos de amenazas en contra de Romero Sánchez del 3 de octubre y el hurto del 4 de septiembre de una manera seria y oportuna, en particular después de la preocupante orden de archivo de la investigación del hurto, y considerando la posible participación de agentes del Estado en este caso de robo de información sensible
A la Unidad Nacional de Protección, que mantenga el esquema actual individual de Romero Sánchez y que se agilice el otorgamiento de un esquema colectivo para la organización DH Colombia con los recursos inmediatos y suficientes para reforzar las condiciones de seguridad de su oficina
A la procuraduría General de la Nación, que avancen las investigaciones y que se presenten resultados con respecto a la sanción de los responsables de las filtraciones ilegales de la base de datos de la Unidad Nacional de Protección (UNP)
A la Organización de las Naciones Unidas, a la Unión Europea y demás organizaciones internacionales, su implicación activa en la labor de monitoreo de la actuación de las autoridades públicas en cumplimiento de las obligaciones nacionales/internacionales relativas al respeto de los derechos fundamentales y la garantía de su ejercicio real y efectivo.
A las asociaciones de abogados y organizaciones de derechos humanos, que se mantengan alerta ante la situación que se vive en Colombia, donde se está siendo testigo de un hostigamiento y agresiones, en ocasiones mortales, constantes desde hace ya varios años. Que asistan a las audiencias en las que este abogado ejerce sus funciones.
[1] https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24325
[2] http://www.dhcolombia.com/2019/10/04/nueva-amenaza-a-representante-de-victimas-y-defensor-de-derechos-humanos-german-romero-sanchez/
[3] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/abogado-de-victimas-de-agentes-estatales-denuncia-robo-de-informacion-y-hostigamientos-articulo-882099
