El Salvador: Criminalización y hostigamiento contra los abogados Ivania Cruz y Rudy Joya
18 de agosto de 2025
La abogada Ivania Cruz y el abogado Rudy Joya enfrentan una alarmante criminalización por parte del Estado salvadoreño. Ambos integran la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) y han trabajado activamente en la documentación de abusos y en la asistencia legal a personas detenidas en el contexto del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 en El Salvador.
El 25 de julio de 2025, la Fiscalía General de la República emitió órdenes de arresto contra Cruz y Joya. Organizaciones nacionales e internacionales han denunciado que estos procesos penales responden a un patrón de represalia directa por su labor en defensa de los derechos humanos. Previamente, el 25 de febrero de 2025 las autoridades realizaron un allanamiento violento e irregular en la vivienda de Ivania Cruz, quien se encontraba en España participando en acciones de incidencia internacional.
Durante el allanamiento, agentes fiscales y policiales ingresaron forzando la puerta principal, sin mostrar orden judicial hasta la llegada de un abogado, a pesar de que en la vivienda solo se encontraba la madre de Cruz, una persona adulta mayor con problemas de salud. Los agentes sustrajeron una caja fuerte que contenía documentos privados pertenecientes al hermano de la abogada.
En el caso de Rudy Joya, también se han reportado acciones de vigilancia y amenazas vinculadas al proceso judicial abierto, lo que ha generado un clima de intimidación y riesgo para su integridad personal y su libertad.
Estos hechos ocurren en un contexto de creciente hostilidad estatal contra organizaciones y profesionales de la abogacía que defienden los derechos humanos en El Salvador. La reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, promovida por el presidente Nayib Bukele, impone restricciones severas a organizaciones que reciben fondos del exterior. Diversas voces nacionales e internacionales —incluidas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[1] y Amnistía Internacional[2]— han advertido que esta ley puede ser utilizada como un instrumento para silenciar a la sociedad civil.
La criminalización de Ivania Cruz y Rudy Joya se suma a otros casos previamente denunciados por el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD), como la detención de Ruth López[3], Alejandro Henríquez[4] y Enrique Anaya[5] y representa un nuevo hito en la ofensiva del Estado salvadoreño contra quienes defienden los derechos fundamentales, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad como el régimen de excepción.
El Observatorio mantiene su firme condena del persistente acoso a la abogacía salvadoreña comprometida con la defensa de los derechos humanos.
El Observatorio exige a las autoridades salvadoreñas la inmediata anulación de las órdenes de arresto contra Ivania Cruz y Rudy Joya y el cese de toda persecución penal en su contra.
El Observatorio insta a las autoridades salvadoreñas a que pongan fin a toda forma de acoso, intimidación o violencia contra los abogados y defensores de los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la función de los abogados.
[1] https://www.oas.org/pt/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2025/115.asp&utm_content=country-slv&utm_term=class-mon
[2] https://www.amnesty.org/es/documents/amr29/9100/2025/es/
[3] https://protect-lawyers.org/es/case/ruth-lopez/
[4] https://protect-lawyers.org/es/case/alejandro-henriquez/
