3 de marzo de 2022
Juan Carlos Flores Solis es abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT), organización que defiende los derechos humanos, la tierra, el territorio, el medio ambiente y la libre determinación de los pueblos indígenas. Su trabajo con esta organización se ha enfocado durante los últimos años en asesorar jurídicamente a distintas comunidades indígenas nahuas que luchan contra la extracción y contaminación del agua, tanto del río Cuautla, en el municipio de Ayala, Morelos, como en Juan C. Bonilla, Puebla.
Fundador del FPDTA-MPT desde el año 2008, el abogado fue perseguido y encarcelado injustamente el 7 de abril de 2014 por la labor de asesoramiento jurídico de las poblaciones afectadas por el Proyecto Integral Morelos, el cual afecta a los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala con la instalación de un gasoducto de 160 km en las faldas del volcán Popocatépetl, una termoeléctrica en la comunidad de Huexca, Morelos y un acueducto, afectando alrededor de 80 comunidades de los 3 estados.
Tras el asesinato en 2019 del activista medioambiental Samir Flores su nivel de riesgo aumenta al ser señalado como la siguiente persona con más relevancia en la organización.
A lo largo del último mes, Juan Carlos ha recibido diversos ataques en su domicilio a través de los siguientes allanamientos:
El OIAD observa con preocupación y condena estas operaciones de hostigamiento en contra del abogado Juan Carlos Flores.
El OIAD llama la atención sobre los Principios de Naciones Unidas para La Función de los Abogados, y en particular los Principios 16 y 17 que establecen lo siguiente:
“Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; b) puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto dentro de su país como en el exterior; y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión” (Principio 16).
“Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada” (Principio 17).
El OIAD ha solicitado a las autoridades mexicanas y al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas adoptar medidas para garantizar la protección integral del abogado Flores y proceder al reconocimiento público de la labor realizada en defensa de los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.