Lawyers for Lawyers y el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo expresan su profunda preocupación por la situación de la abogada mexicana de derechos humanos Kenia Inés Hernández Montalván, quien se encuentra en huelga de hambre desde el 7 de septiembre de 2025 tras habérsele negado el permiso para asistir al funeral de su madre. La Sra. Hernández permanece privada de libertad desde hace más de cinco años.
Kenia Hernández es una abogada indígena amuzga, de ascendencia afromexicana, que trabaja en casos relacionados con los derechos de las mujeres, los derechos a la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y la defensa de presos políticos. Asimismo, es coordinadora de Zapata Vive, una organización por los derechos a la tierra, y cofundadora del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos. A lo largo de su carrera, la Sra. Hernández ha enfrentado amenazas de violencia y hostigamiento debido a su labor, particularmente por parte de grupos armados en la región de la Costa Chica en Guerrero, lo que la obligó a abandonar su comunidad. Logró hacerlo como beneficiaria del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, del cual hizo uso hasta su encarcelamiento.
La Sra. Hernández fue detenida por primera vez en junio de 2020 bajo cargos de “robo con violencia” en relación con una manifestación pública. Aunque posteriormente fue liberada bajo la condición de presentaciones periódicas, fue nuevamente arrestada el 18 de octubre de 2020 sin orden judicial y, en un inicio, sin notificación a su familia ni a su defensa. Posteriormente fue acusada de “robo con violencia armada” y de “ataques a las vías generales de comunicación”. Desde entonces se le han iniciado múltiples procesos penales por la misma conducta alegada, enfrentando actualmente diez causas en curso.
Durante su detención, se han expresado serias preocupaciones por posibles violaciones a sus derechos al debido proceso y a un juicio justo. Entre ellas, se han reportado restricciones a su participación efectiva en los procesos judiciales, ausencia de servicios de interpretación en su lengua materna y acceso limitado a la representación legal. [1] Estas restricciones contravienen las obligaciones internacionales de México en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 7, 8 y 25).
La Sra. Hernández también ha sido sometida a malos tratos, incluyendo traslados repetidos entre cuatro prisiones diferentes. Esto incluyó un periodo en un centro de máxima seguridad donde las condiciones violaban las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela). Su familia también ha sido privada arbitrariamente de su derecho a visitas.
Diversas organizaciones de derechos humanos y expertos de la ONU han expresado preocupación por el uso indebido del derecho penal contra la Sra. Hernández, que parece ser una represalia por su legítima labor legal y de defensa de los derechos humanos. [2] De acuerdo con el artículo 23 de los Principios Básicos de la ONU sobre la Función de los Abogados, los abogados tienen derecho a la libertad de expresión y asociación, en particular cuando se dedican a proteger y promover los derechos humanos. La continua persecución de la Sra. Hernández constituye una grave violación de estos estándares internacionales.
A la luz de lo anterior, instamos a las autoridades mexicanas a:
[1] American Bar Association, Trial Observation Report: Mexico v. Kenia Hernandez, 26 de julio 2022.
[2] Mandates of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders; the Working Group on Arbitrary Detention; and the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, AL MEX 7/2022, 30 de mayo 2022.