El Salvador: Detención sin garantías y criminalización contra el abogado Enrique Anaya
11 de agosto de 2025
El abogado Salvador Enrique Anaya, socio fundador del bufete Anaya -SJE, ha sido víctima de una detención catalogada como ilegal por parte de organizaciones Defensoras de Derechos Humanos de El Salvador.El abogado experto constitucionalista se ha consolidado como una de las voces críticas del gobierno de NayibBukele, llegándolo a calificar de dictador. En el momento de la detención de la abogada Ruth López, Anaya había hecho una serie de señalamientos de supuestas ilegalidades cometidas en la misma.
El 7 de junio de 2025 a las 14:30 horas, Enrique Anaya fue detenido sin orden de captura físicapor 12 agentes uniformados y 4 civiles, quienes hicieron uso excesivo de la fuerza pese a que no hubo resistencia, incluso encañonando a su hijo. Durante la detención se le esposó y se le obligó a posar para una fotografía que fue publicada por la Fiscalía General de la República, exponiéndolo públicamente de manera humillante.
Tras el arresto, no se le informó de forma clara la imputación por supuesto lavado de dinero y activos, y sus abogados enfrentaron obstáculos para obtener información sobre su paradero. Entre el 7 y el 9 de junio, fue trasladado a diferentes lugares sin que constara registro oficial de traslado: “el Penalito”, el Instituto de Medicina Legal y la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil, donde se confirmó su ubicación el lunes 9 de junio a las 09:15 horas. Durante este tiempo, al desconocerse su localización y condiciones de saludse instó a que se declarara una alerta pordesaparición forzada.
El martes 10 de junio de 2025 se cumplieron las 72 horas de su detención sin resolución judicial, superando el límite establecido constitucionalmente, y ese mismo día fue trasladado secretamente al Hospital Zacamil por su estado de salud sin dejar registros oficiales. Tras esta estancia hospitalaria fue trasladado ese mismo día al centro penitenciario “La occidental”, las condiciones de reclusión resultaron precarias: celdas reducidas con colchonetas sin higiene, un sanitario sin puerta y visitas profesionales y familiares limitadas a cinco minutos, muchas sin privacidad
Elviernes 13 de junio de 2025, se presentó un hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional, denunciando la arbitrariedad de la detención, el abuso del régimen de excepción y la falta de información sobre la imputación y su estado de salud.
Este habeas corpus fue rechazadoparcialmente el día 21 de junio,en el sentido que el tribunal decidió mantener el régimen de detención del abogado; y lo admitió por la vulneración de los derechos de la salud y de defensa. El proceso está en trámite actualmente.
Desde el 10 de julio de 2025, El abogado Enrique Anaya fue trasladado a un centro penitenciario donde no le está permitido recibir visitas de sus familiares ni de sus abogados.Estos hechos ocurren en un contexto de creciente hostilidad estatal contra organizaciones y profesionales de la abogacía que defienden los derechos humanos en El Salvador. La reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, promovida por el presidente NayibBukele, impone restricciones severas a organizaciones que reciben fondos del exterior. Diversas voces nacionales e internacionales —incluidas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[1] y Amnistía Internacional[2]— han advertido que esta ley puede ser utilizada como un instrumento para silenciar a la sociedad civil.
La criminalización del abogado Enrique Anaya se suma a otros casos previamente denunciados por el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD), como la detención de Ruth López[3],Alejandro Henríquez[4],Ivania Cruz y Rudy Joya y representa un nuevo hito en este patrón de ofensiva del Estado salvadoreño contra quienes defienden los derechos fundamentales, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad como el régimen de excepción.
El Observatorio mantiene su firme condena del persistente acoso a la abogacía salvadoreña comprometida con la defensa de los derechos humanos.
El Observatorio exige a las autoridades salvadoreñas la inmediata puesta en libertad del abogado Enrique Anaya
El Observatorio insta a las autoridades salvadoreñas a que pongan fin a toda forma de acoso, intimidación o violencia contra los abogados y defensores de los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la función de los abogados.
[1]https://www.oas.org/pt/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2025/115.asp&utm_content=country-slv&utm_term=class-mon
[2]https://www.amnesty.org/es/documents/amr29/9100/2025/es/
