Hallazgos preliminares de la Misión Internacional de Juristas por Guatemala
Guatemala, 29 de octubre de 2025 – Desde hace varios años, organismos internacionales, misiones independientes y organizaciones de la sociedad civil han venido advirtiendo sobre el progresivo deterioro del Estado de Derecho en Guatemala. Hace seis meses, la Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados realizó una visita oficial a Guatemala y advirtió sobre riesgos graves para la independencia judicial y la profesión legal.
La Misión Internacional de Juristas por Guatemala, conformada por el Observatorio
Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD), Lawyers for Lawyers, la Asociación de Abogados, Abogadas, Jueces y Fiscales de Derechos Humanos de América Latina y el Caribe (AJUFIDH), la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Asociación Pro Derechos Humanos de España (ADPHE), visitó el país con el objetivo de observar, documentar y evaluar de manera imparcial la situación de la independencia judicial y del ejercicio de la abogacía.
Durante nuestra visita, llevamos a cabo entrevistas con operadores y exoperadores de justicia, abogados y abogadas, personas privadas de libertad, organizaciones de la sociedad civil, embajadas, personal académico e instituciones jurídicas y políticas relevantes, como la Corte Constitucional, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el Ministerio de Gobernación y Universidades. La Fiscalía General de la República declinó la invitación a participar en estas entrevistas.
Principales hallazgos: patrones estructurales que amenazan al Estado de Derecho
Los hallazgos preliminares son alarmantes: los patrones de intimidación, criminalización y persecución contra jueces, fiscales, abogados y abogadas independientes, así como contra defensores de derechos humanos, líderes indígenas, periodistas y representantes de la sociedad civil, no sólo se han consolidado, sino que revelan un entramado estructural que utiliza el derecho penal como herramienta de control sobre las instituciones del Estado, limitando además el ejercicio de derechos fundamentales, como la libertad de asociación, la protesta social y la libertad de expresión.
Guatemala atraviesa una etapa en la que el poder se disputa en los tribunales. Tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, se puso fin a un régimen autoritario condenado por genocidio que dominaba todas las instituciones y órganos judiciales. Sin embargo, la transición democrática quedó marcada por la persistencia de patrones de dominio por parte de poderes fácticos, que consolidaron un entramado de influencias destinado a garantizar la impunidad y proteger intereses económicos y políticos. Hoy, ya no se persigue con balas, sino con el sistema penal y penitenciario; ya no se silencian voces con la fuerza, sino con procesos penales interminables y el uso injustificado de la prisión preventiva, todo bajo un manto de aparente legalidad.
En nuestras entrevistas, hemos identificado un patrón sistemático de persecución que, con frecuencia, culmina en procesos de criminalización. Este patrón incluye acciones de intimidación física -como seguimientos y vigilancia- y hostigamiento en línea, manifestado en campañas de estigmatización, difamación y ataques en redes sociales. En la mayoría de los casos, las campañas de difamación funcionan como un anticipo de la persecución penal, llegando incluso a señalar públicamente quiénes serán los siguientes en ser procesados. Dichas acciones suelen originarse en cuentas de operadores políticos o perfiles anónimos vinculados a net centers, lo que genera la percepción de que determinados actores tienen acceso anticipado a información reservada de procesos penales, incluso antes de que las personas sindicadas sean formalmente citadas.
El Ministerio Público, en contubernio con algunos jueces y magistrados, se ha convertido en un actor central de esta instrumentalización penal selectiva, recurriendo con frecuencia a tipos penales abiertos y a investigaciones superfluas. La criminalización opera como herramienta de amedrentamiento y silenciamiento de voces críticas y de operadores de justicia que llevaron casos de corrupción y de graves violaciones de derechos humanos. Además, sirve para influir en los procesos electorales mediante la criminalización o amenaza a integrantes de las comisiones de postulación y candidatos, consolidando así el control institucional.
Estos procesos judiciales presentan violaciones sistemáticas al debido proceso, especialmente por la violación del plazo razonable y el uso abusivo de la reserva, convirtiendo los procedimientos en castigos anticipados. Lo que genera incertidumbre prolongada y, junto con el exilio forzado, constituye una verdadera muerte civil, afectando el acceso al trabajo, la reputación y la participación social de las víctimas. Una vez más, esta exclusión se extiende a los procesos electorales, impidiendo que las personas criminalizadas o exiliadas ejerzan su derecho al voto o a ser elegidas.
El clima de miedo se extiende a todas las instituciones y sectores de la sociedad, alimentando una espiral de control y cooptación institucional. Esta dinámica resulta especialmente preocupante de cara a las próximas elecciones, cuando coinciden por primera vez en 60 años los procesos para renovar el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Fiscalía General, jefatura del Ministerio Público (MP).
Abogados y operadores de justicia: una línea de defensa de los derechos humanos
Los abogados y operadores de justicia cumplen un rol esencial en la defensa de los derechos humanos y en el equilibrio democrático. Sin embargo, justamente por cumplir ese rol, se han convertido en blanco de ataques sistemáticos que constituyen un síntoma de crisis profunda del Estado de Derecho. A continuación, la Misión profundiza en algunas de las observaciones más relevantes relacionadas con su situación.
La cooptación del sistema judicial y sus raíces estructurales
La misión identifica un aparato sofisticado de cooptación judicial que atraviesa distintos procesos, desde la selección de magistrados hasta los mecanismos internos de control.
El sistema de designación de magistrados, a través de las Comisiones de Postulación, permite la influencia de grupos de poder, que financian candidaturas y generan compromisos que afectan la independencia judicial. A esto se suma la concentración de facultades jurisdiccionales, administrativas y disciplinarias en la Corte Suprema, que facilita traslados y remociones de jueces que, aplicando el derecho, no se alinean con los intereses de poder.
Este entramado se refuerza mediante mecanismos de criminalización, que amenazan no solo el desempeño regular de operadores de justicia, sino también la transparencia de los procesos electorales. La falta de mecanismos efectivos de contención por parte de otras instituciones evidencia tanto la cooptación institucional como el temor de algunos organismos a actuar.
En conjunto, estas prácticas configuran un modelo donde los principios básicos de la justicia están subvertidos lo que permite:
- La multiplicación de casos de criminalización contra operadores judiciales independientes, defensores de derechos humanos, líderes indígenas y abogados comprometidos con la justicia. Y, a su vez,
- La obstaculización de la persecución de los determinadores de otros delitos que no son de interes de la estructura de cooptación o que afecta los propios, como la corrupción, el narcotráfico, crímenes cometidos durante el conflicto armado o la violencia de género y la trata de personas,. Y, en particular, se evidencia una inacción frente a las denuncias presentadas contra operadores de justicia por prácticas ilegítimas de criminalización.
Abogacía bajo presión
El clima de terror ha generado un efecto disuasorio en la abogacía, especialmente entre quienes defienden los derechos humanos. Se ha documentado autocensura, limitación en la asunción de casos y ajustes en las estrategias de litigio, que se orientan hacia enfoques más cautelosos o defensivos. En las entrevistas, abogados y abogadas relataron sentirse desarmados. Sus conocimientos legales ya no bastan para garantizar justicia a sus representados, porque aplicar la ley no asegura resultados frente a un sistema judicial cooptado.
Para quienes ejercen la abogacía en este contexto, cada decisión profesional puede tener consecuencias graves, lo que hace de su trabajo una tarea de alto riesgo y constante vigilancia. Además, hemos observado ataques en redes sociales, seguimientos, robos de información y la inclusión de abogados que representan a ciertos clientes en “listas negras”. Estas presiones no sólo erosionan la labor de defensa, sino que también restringen el acceso y la confianza de la sociedad en la justicia.
Justicia desigual: racismo estructural y criminalización de comunidades indígenas
Durante los encuentros con equipos de asistencia jurídica que acompañan a pueblos indígenas, la Misión constató la persistencia de un racismo estructural que dificulta el acceso a la justicia y condiciona los procesos judiciales. Este patrón se manifiesta de manera especialmente grave en la criminalización de las organizaciones ancestrales indígenas, a las que se equipara arbitrariamente con el crimen organizado y se les imputan delitos graves, como sedición, asociación ilícita o terrorismo, por ejercer la defensa de su territorio o su derecho a la protesta pacífica.
El ejercicio de la abogacía indígena se ve particularmente afectado por un repertorio de violencias dentro y fuera de los tribunales. Las comunidades indígenas y sus representantes enfrentan denuncias infundadas, hostigamiento, difamación pública y trato discriminatorio. En las audiencias, se ha documentado la limitación del uso de la palabra, la deslegitimación de su identidad cultural y el trato desigual frente a otros actores judiciales. Estas prácticas vulneran no solo los derechos individuales de quienes representan a las comunidades, sino también el derecho colectivo de los pueblos a acceder a una justicia intercultural y equitativa.
Doble persecución: mujeres abogadas frente al acoso profesional y de género
Las mujeres abogadas y operadoras de justicia enfrentan una doble persecución, por su labor profesional y por el hecho de ser mujeres. Durante nuestra visita, se identificó el especial ensañamiento en la persecución contra mujeres que han ejercido funciones judiciales, investigado casos de corrupción o documentado graves violaciones a los derechos humanos, llevando la persecución a la exposición de información personal que no se evidencia en sus pares hombres.
En los tribunales, muchas sufren un trato despectivo y sexista, con intentos de invalidar su palabra, interrupciones constantes y limitaciones en su participación. Esta violencia trasciende las salas de audiencia, manifestándose también en acoso digital, amenazas y ataques que ponen en riesgo tanto su integridad física como profesional. La intensidad de estas agresiones supera ampliamente la que enfrentan sus colegas varones, evidenciando una dinámica sistemática de discriminación y hostigamiento por razón de género y a aquellas abogadas que adelantan causas con esta perspectiva y en defensa de niñas, adolescentes y mujeres.
Llamado urgente: proteger la independencia judicial y fortalecer el Estado de Derecho
El clima de temor que hemos descrito resulta profundamente preocupante. Sin embargo, durante nuestra visita también identificamos señales que permiten vislumbrar que el Estado de Derecho en Guatemala sigue siendo una meta posible. En particular, se constató la existencia de una abogacía comprometida con la defensa del orden constitucional y con la representación técnica de personas injustamente criminalizadas, así como de jueces y fiscales que, pese a las presiones, continúan ejerciendo sus funciones con apego a la ley, garantizando la observancia de las normas procesales y los principios fundamentales de justicia.
Los hallazgos hoy presentados son preliminares y reconocemos sus limitaciones. El análisis completo se realizará en los próximos meses, profundizando en la información recopilada e incorporando entrevistas adicionales con operadores de justicia y defensores de derechos humanos en el exilio. Con base en este trabajo, la Misión Internacional de Juristas por Guatemala tiene la intención de llevar a cabo acciones de incidencia y publicará un informe detallado sobre estas cuestiones, incluyendo recomendaciones concretas.
A pesar de su carácter inicial, los hallazgos evidencian la urgencia de medidas inmediatas para proteger la independencia judicial y la labor de la abogacía en Guatemala. Por ello, hacemos un llamado a distintos actores:
- A las autoridades nacionales, incluyendo el Poder Judicial y el Ministerio Público:
A garantizar un entorno seguro y libre de amenazas para jueces, fiscales, abogados y abogadas, mediante el abandono inmediato de prácticas intimidatorias, de manera que puedan ejercer sus funciones sin temor, presiones ni represalias.
Expedir de manera urgente la política pública y protocolos operativos para la protección de defensores derechos humanos, incluyendo operadores de justicia, asegurando asistencia legal, protección física y apoyo frente a la criminalización selectiva.
Asegurar la integridad de los procesos electorales mediante la adopción de medidas preventivas como la transparencia transversal desde la conformación de las comisiones de postulación y la elaboración de criterios y perfiles idóneos, hasta la elección de las personas que formen parte de las tres instituciones sometidas a renovación el año que viene.
- A los operadores de justicia y abogados: Mantenerse firmes en la defensa de los derechos humanos y la legalidad, fortaleciendo su labor con ética y compromiso profesional, evitando cualquier desvío que pueda debilitar la justicia o ser usado como herramienta de quienes buscan cooptar el sistema.
- A la comunidad internacional: se le solicita acompañamiento activo y coordinación para proteger a quienes defienden la justicia, asegurando apoyo a quienes han debido salir del país por su labor profesional.
- A los Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos: emitir decisiones rápidas en los casos puestos a su conocimiento, instando de manera contundente al Ejecutivo y a los demás poderes del Estado a ajustar sus actuaciones a derecho, y promover la implementación de mecanismos internos extraordinarios para revisar los procedimientos de criminalización.
- A la sociedad civil y medios de comunicación: Se les invita a visibilizar estos riesgos y contribuir a la construcción de un Estado de Derecho que garantice justicia y equidad para todos.
En definitiva, hacemos un llamado urgente a todos los actores a intervenir con determinación y proteger a quienes sostienen la justicia y la democracia en el país, garantizando un entorno seguro, transparente y justo para jueces, fiscales y abogados, así como condiciones dignas para quienes han sido exiliados por defender la justicia. Esta es una responsabilidad ineludible para fortalecer la democracia en Guatemala y asegurar que el derecho deje de ser instrumento de control y vuelva a ser herramienta de protección para todas las personas.
Por último, todos los integrantes de esta misión reiteramos nuestro profundo compromiso con la tarea emprendida, tomando esta actividad como un punto de partida para futuras labores como las de seguimiento, monitoreo, visibilización y acompañamiento a todos los sectores involucrados en la defensa del Estado de Derecho y de la vida en democracia.
