Bertha María Deleón

El Salvador: Nuevo intento de criminalizar a la abogada Bertha María Deleón

 10 de mayo de 2021

 El 4 de mayo, Bertha María Deleón sufrió un nuevo intento de criminalizar su labor como abogada y defensora de derechos humanos por parte del político Walter Araujo, quien tiene una causa judicial abierta por promover mensajes de odio y misóginos contra la abogada.

Bertha es abogada penalista defensora de derechos humanos y, en particular, de los derechos de las mujeres. Cuenta con una amplia trayectoria como representante legal de mujeres víctimas de diversos tipos de violencia, destacando su labor en defensa de mujeres criminalizadas por complicaciones obstétricas. Asimismo, la abogada salvadoreña se ha mostrado crítica ante la gestión del gobierno actual de El Salvador.

Bertha María Deleón sufre una campaña de desprestigio liderada por Walter Araujo, en un intento por dañar su reputación profesional como abogada. El político Araujo está siendo procesado por sus constantes expresiones de violencia de género hacia la abogada a través de las redes sociales.

El 4 de mayo Walter Araujo inició por vía judicial un nuevo intento de criminalizar a la abogada por el ejercicio de su profesión. Araujo denuncia a Bertha por presunta revelación de información sobre el caso mencionado en el que la abogada es víctima.

Este nuevo acto de intimidación hacia la abogada salvadoreña resulta particularmente preocupante tras la destitución de todos los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y del Fiscal General, sin respetar las mínimas garantías del debido proceso.

El OIAD condena firmemente el intento de criminalizar a la abogada Bertha María Deleón.

El OIAD recuerda a las autoridades salvadoreñas que la independencia de los abogados es uno de los principales indicadores de salud democrática y consolidación del Estado de Derecho. Ello, de conformidad con lo dispuesto en los Principios de Naciones Unidas para La Función de los Abogados:

«Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas» (Principio 16)

«Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada.» (Principio 17)

El OIAD debe recordar a las autoridades salvadoreñas que la República de El Salvador ha ratificado y firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que reconoce la independencia del poder judicial:

«Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley» (Artículo 14)