Carlos Enrique Maldonado

COLOMBIA: El abogado Carlos Enrique Maldonado, víctima de una grave y preocupante estigmatización por la defensa de comunidades campesinas víctimas del conflicto armado

 27 de octubre de 2022

Carlos Enrique Maldonado es abogado defensor de derechos humanos, encargado del área defensa ambiental y de tierras de la Corporación Equipo Jurídico Pueblos en el Nororiente colombiano. El Equipo Jurídico Pueblos es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro compuesta por abogados y defensores de derechos humanos con sede principal en la ciudad de Bucaramanga, Santander. El Equipo centra su labor en la defensa del territorio, el medioambiente y los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, y lucha contra la impunidad de crímenes cometidos por agentes del Estado colombiano.

Desde hace años el Equipo Jurídico Pueblos es objeto de acusaciones y comentarios estigmatizantes que han dado lugar incluso al inicio de causas penales en su contra, hoy archivadas, por supuestos vínculos con el Ejército de Liberación Nacional ELN.

Estas graves acusaciones hoy son reiteradas y se han extendido al ejercicio de la labor de Carlos Maldonado, como abogado de dos comunidades víctimas del conflicto armado colombiano en el municipio de Chimichagua, departamento del Cesar. En el ámbito administrativo, se le ha acusado de hacer parte de una organización criminal y de estar incurriendo en el delito de concierto para delinquir al asumir la defensa judicial y administrativa de estas comunidades campesinas.

Recientemente un medio de comunicación digital publicó un reportaje en el que funcionarios municipales señalan a Carlos de deslealtad procesal por ejercer la defensa de las comunidades. Asimismo, la línea editorial del reportaje hace una vinculación estigmatizante de Carlos Enrique a la Corporación Equipo Jurídico Pueblos, y, esta a su vez, al Ejército de Liberación Nacional. En el reportaje se concluye que los abogados de esta organización, principalmente Carlos, están instrumentalizando a las comunidades campesinas para invadir tierras privadas.

La situación resulta muy preocupante toda vez que en la zona hay presencia de organizaciones al margen de la ley y en los predios hay civiles armados que en múltiples ocasiones se han acercado a intimidar a las comunidades, incluso con los abogados como Carlos presentes. Lo anterior resulta extremadamente preocupante teniendo en cuenta que estos comentarios estigmatizantes han constituido el sustento histórico de este tipo de organizaciones criminales para asesinar a defensores y defensoras de derechos humanos en las zonas más apartadas de Colombia, tal y como es Chimichagua.

El observatorio condena las acusaciones y comentarios estigmatizantes sufridos por Carlos Maldonado y el resto de miembros del Equipo Jurídico Pueblos, que ponen en riesgo su vida e integridad física y constituyen un obstáculo al libre e independiente ejercicio de la profesión, así como al efectivo acceso a la justicia de las víctimas.

El Observatorio hace un llamamiento a las autoridades colombianas para que garanticen la protección efectiva del conjunto de miembros del Equipo Juridico Pueblos y otros abogados y abogadas de derechos humanos en Colombia.

El Observatorio hace un llamamiento a las autoridades colombianas para que garanticen el cese de cualquier estigmatización contra el abogado Carlos Enrique Maldonado y el Equipo Jurídico Pueblos.

Frente a esta situación, el OIAD recuerda que la independencia de la abogacía es uno de los principales indicadores de salud democrática y consolidación del Estado de Derecho. Ello, de conformidad con lo dispuesto en los Principios de Naciones Unidas para La Función de los Abogados, y en particular los Principio 16 y 17.

Principio 16: “Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; b) puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto dentro de su país como en el exterior; y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión.”

Principio 17: “Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada.”