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31 de enero de 2025
El OIAD ha descubierto con consternación y horror un vídeo publicado en X por el medio de comunicación «Frontières», en el que se reimprime el contenido de un número especial del mismo medio titulado “Invasión migratoria, los culpables”, en el que se señala por su nombre a varios abogados como los que «defienden a la mayoría de los inmigrantes ilegales en Francia».
En este informe plagado de errores, se nombra y avergüenza a varios abogados franceses como «culpables del caos migratorio».
Acusados de «hacer negocios con inmigrantes ilegales», estos abogados están acusados de trabajar en colaboración con una asociación de apoyo jurídico a los exiliados y de cobrar en virtud del régimen de justicia gratuita.
Desde entonces, algunos han recibido amenazas de muerte a través de las redes sociales.
El Observatorio condena firmemente esta estigmatización inaceptable de los abogados/as, que los expone a amenazas en un clima alimentado por declaraciones peligrosas de las autoridades públicas que juegan con el miedo al otro movilizando la retórica de la afluencia de extranjeros en Francia.
El Observatorio expresa su pleno apoyo y solidaridad a los compañeros señalados.
El Observatorio recuerda que los abogados/as son actores esenciales en el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva y, como tales, un eslabón esencial del Estado de Derecho.
El Observatorio recuerda que la asistencia letrada es un mecanismo jurídico que permite a todas las personas ejercer sus derechos, de conformidad con los principios básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados, que establecen que «los gobiernos procurarán que se establezcan procedimientos eficientes y mecanismos adecuados para hacer posible el acceso efectivo y en condiciones de igualdad a la asistencia letrada de todas las personas que se encuentren en su territorio y estén sometidas a su jurisdicción, sin ningún tipo de distinción, como discriminaciones por motivos de raza, color, origen étnico, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, situación económica u otra condición. » (Principio nº 2).
El Observatorio pide a las autoridades públicas que tomen inmediatamente todas las medidas necesarias para proteger a nuestros compañeros en riesgo y que condenen estos abusos, inaceptables en un Estado democrático.