Français
Español
English
Italiano
Deutsch
GUATEMALA: INTERPOL niega a la fiscalía guatemalteca la activación de una alerta roja para detener al abogado Ramón Cadena
7 de noviembre de 2024
El pasado 17 de julio de 2024, el Observatorio expresaba su preocupación por el riesgo de detención del abogado Ramón Cadena, debido a que la Fiscalía guatemalteca había solicitado a la INTERPOL la activación de alertas rojas.
Recientemente, la INTERPOL ha resuelto que el Ministerio Público guatemalteco ha de abstenerse de solicitar alertas rojas que pretendan afectar a refugiados o a defensoras y defensores de derechos humanos, como es el caso del abogado Ramón Cadena, injustamente criminalizado por el ejercicio legítimo de su profesión[1].
El Observatorio aplaude la decisión de la INTERPOL y exige el cese de toda criminalización y persecución penal contra el abogado Ramón Cadena y el resto de la abogacía guatemalteca.
El Observatorio hace un llamamiento a las autoridades guatemaltecas al cumplimiento de la medida cautelar 661-16 de la CIDH y a que garanticen el derecho del abogado Ramón Cadena al retorno digno y seguro a Guatemala, así como a ejercer sin intimidaciones su profesión.
El Observatorio mantiene su firme condena del persistente acoso por parte de la fiscalía guatemalteca a los y las abogadas comprometidas con la defensa de los derechos humanos en Guatemala.
El Observatorio recuerda que, según el Principio 17 de La Habana, adoptado en 1990 :»Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada.» (Principio 17)
[1] Ver alerta del OIAD del 17 de julio de 2024 para mayor detalle.
GUATEMALA: Nuevo intento de criminalización del abogado guatemalteco Ramón Cadena
17 de julio de 2024
Ramón Cadena es un abogado guatemalteco reconocido por su larga y distinguida carrera en la protección de los derechos humanos. Ha sufrido de forma continuada graves intimidaciones e intentos de criminalización, siendo víctima en la actualidad de una orden de captura por parte de la Fiscalía guatemalteca, que ha solicitado la activación de alertas rojas a la INTERPOL.
El abogado Ramón Cadena es un abogado defensor de derechos humanos de alto perfil en Guatemala, habiendo defendido importantes casos de defensa de los derechos de comunidades locales, de lucha contra la corrupción y del Genocidio en contra del pueblo ixil durante el conflicto armado en Guatemala. Por ejercer su función como abogado, ha sufrido continuas persecuciones.
La más reciente se enmarca en la labor de asesoría legal ad honorem que brindó a los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), en el marco del movimiento “Digna Resistencia”[1].
El abogado también participó en la conferencia de prensa organizada en la USAC por la entrega pacífica de las instalaciones del campus por parte de los estudiantes. Diversos medios de comunicación, público en general y abogados defensores de derechos humanos, incluyendo a Ramón Cadena, participaron en el acto en apoyo a la defensa de los derechos estudiantiles.
El día 14 de noviembre de 2023, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP), allanaron su casa en un operativo autorizado por el Juez Victor Manuel Cruz Rivera, incluido en la lista de actores corruptos de los Estados Unidos. Además del allanamiento, se adoptó una orden de captura en su contra por los presuntos delitos de usurpación agravada en forma continuada, depredación de bienes culturales en forma continuada, sedición en forma continuada y asociación ilícita.
Lo anterior se dio en el contexto de una vasta operación de allanamientos y órdenes de captura hacia algunos miembros del movimiento “Digna Resistencia” a los que asesoraba el abogado. Ramón Cadena afirma que se trata de un nuevo pretexto para perseguirle por su función como abogado defensor de derechos humanos, siendo la única prueba presentada en el proceso un video que muestra al señor Cadena caminando por las instalaciones de la USAC.
No es la primera vez que el abogado Cadena es víctima de una persecución criminal sin fundamento derivada del ejercicio de su profesión. En enero de 2016, los abogados Ramón Cadena, Miguel Moerth y Rafael Maldonado, fueron acusados de graves delitos por la defensa legal de las comunidades afectadas por un proyecto de explotación minera en el caso “Resistencia la Puya”. Tras dos años de investigación, el proceso se cerró por ausencia de pruebas.
Desde entonces, se han ido sucediendo los episodios de riesgo relacionados con su profesión: allanamiento y robo de su ordenador en su domicilio en agosto de 2016, campañas de estigmatización y amenazas, así como intentos de criminalización. Reconociendo su situación de riesgo, el 20 de octubre de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó la medida cautelar 661-16 al abogado Ramón Cadena, que se ha ido actualizando y continúa estando vigente en la actualidad[2].
El abogado Ramón Cadena tuvo que salir del país temporalmente debido a la situación de peligro hacia su vida e integridad. Actualmente preocupa el riesgo de detención de Ramón Cadena dado que la Fiscalía guatemalteca solicitó la activación de alertas rojas a la INTERPOL el 16 de junio de 2024.
La persecución del abogado Ramón Cadena tiene lugar en un contexto de grave deterioro del Estado de Derecho en Guatemala, identificándose un patrón de persecución sistemática por parte del ministerio fiscal contra abogados, fiscales y personas involucradas en la lucha contra la corrupción y la defensa de derechos humanos[3].
El Observatorio mantiene su firme condena del persistente acoso a la abogacía guatemalteca comprometida con la defensa de los derechos humanos.
El Observatorio exige el cese de toda criminalización y persecución penal contra el abogado Ramón Cadena y el resto de la abogacía guatemalteca.
El Observatorio hace un llamamiento a las autoridades guatemaltecas al cumplimiento de la medida cautelar 661-16 de la CIDH y a que garanticen que el abogado Ramón Cadena pueda ejercer sin intimidaciones su profesión.
El Observatorio recuerda que, de conformidad con los principios básicos de las Naciones Unidas relativos al papel de la abogacía, en particular:
“Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; (…) y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión.” (Principio 16)
«Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada.» (Principio 17)
“Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones.” (Principio 18)
«Los abogados, como los demás ciudadanos, tienen derecho a la libertad de expresión, creencias, asociación y reunión. En particular, tendrán derecho a participar en el debate público de asuntos relativos a la legislación, la administración de justicia y la promoción y la protección de los derechos humanos, así como a unirse o participar en organizaciones locales, nacionales o internacionales (…)». (Principio 23)
[1] La Digna Resistencia de la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC) se integró a raíz de una serie de ataques y actos violentos dentro del campus en contra de estudiantes, docentes, autoridades universitarias y trabajadores, que se dieron como represalia de las protestas y movilizaciones estudiantiles que denunciaban la comisión de fraude en la elección del actual Rector Walter Ramiro Mazariegos Biolis. El Movimiento Estudiantil, Docente y Administrativo de la USAC se declararon en “Digna Resistencia”, tomando los estudiantes las instalaciones de distintas sedes de la Universidad.
[2] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Medida cautelar 661-16. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2016/mc661-16-es.pdf
[3] Informe de Amnistía Internacional, mayo de 2024: “Todo el sistema en contra, criminalización de mujeres operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos en Guatemala”
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Extracto del Informe Anual 2023: Capítulo IV.B: Guatemala: “(…) existe una estrategia bajo la cual se inicia una denuncia espuria, se solicitan antejuicios de mérito y se emiten órdenes de aprehensión sin fundamento, las investigaciones se declaran bajo reserva hasta que las personas son detenidas o se exilian”.