Julio Ariel Montenegro

NICARAGUA: El OIAD reclama medidas para garantizar el debido proceso y la integridad personal de Julio Montenegro en el desempeño de su labor como abogado defensor

El Equipo jurídico Defensores del Pueblo es una organización creada recientemente por abogados con amplia experiencia en materia penal entre los que se encuentra Julio Montenegro.  El propósito de la organización es favorecer el acceso a la justicia, con vistas a lograr un marco normativo y un modelo de políticas públicas respetuosos con los derechos humanos. Para ello desarrollan una serie de actividades que incluyen la asistencia letrada a las víctimas de delitos que involucran a miembros de la fuerza pública y funcionarios del Estado.

Julio Ariel Montenegro es filósofo, periodista, notario y abogado penalista que padece una situación de riesgo que amenaza su integridad personal y compromete el ejercicio profesional como abogado defensor de víctimas. Especialmente en aquellos casos derivados de la respuesta gubernamental a las protestas y movilizaciones sociales que se han sucedido en el país desde el año 2018.

Los hechos denunciados por el abogado incluyen aunque no se limitan a los descritos a continuación: (i) Tras participar en las diligencias judiciales en representación de dos presos políticos en noviembre de 2018 el sr. Montenegro fue objeto de seguimiento e intimidación por parte de sujetos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta frente a los Juzgados de Managua, Nicaragua; (ii)  requisa e interrogatorio al que fue sometido en año 2018 por parte de sujetos que pertenecerían a un grupo paramilitar que estaban ubicados en el lugar conocido como “las esquinas”, quienes en la ruta al municipio de Diriamba Carazo habría detenido el vehículo en el que viajaba el abogado y (iii) En un lugar próximo al lugar donde ha desempeñado su trabajo se han situado en algunas ocasiones unidades de la policía antimotines al momento de querer recepcionar el defensor de Derechos Humanos alguna denuncia en especial lo que es percibido por el abogado como un acto de hostigamiento y vigilancia al momento de desarrollar su trabajo como abogado defensor de Derechos Humanos (desde mayo 2018- hasta el presente año 2020).

Por otro lado, a la crisis social y política que vive el país se sumaría en la actualidad la provocada por la pandemia del coronavirus. Especialmente en los centros penitenciarios debido a la imposibilidad de adoptar medidas preventivas que eviten el contagio, las condiciones de insalubridad, el acceso limitado al agua potable, alimentación inadecuada y atención médica insuficiente.

El OIAD se suma al llamamiento del abogado Julio Montenegro y el Equipo jurídico Defensores del Pueblo que litigan por la libertad de las personas detenidas por haber participado en las protestas y reclaman garantías para preservar la integridad personal frente a las situaciones tratos inhumanos, crueles o degradantes que han denunciado a manos de las autoridades.

Frente a esta situación, el OIAD recuerda que la independencia de los abogados es uno de los principales indicadores de salud democrática y consolidación del Estado de Derecho. Ello, de conformidad con lo dispuesto en los Principios de Naciones Unidas para La Función de

Ello, de conformidad con lo dispuesto en los Principios de Naciones Unidas para La Función de los Abogados,  y en particular los Principios 16 y 17 que establecen lo siguiente:

Principio 16: “Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; b) puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto dentro de su país como en el exterior; y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión.”

Principio 17: “Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada.”