COLOMBIA: Informe de la VII Caravana Internacional de Juristas

«Contra la impunidad: protección de la abogacía e independencia judicial» es el título del informe de la VII Caravana Internacional de Juristas en Colombia, en la que participaron 6 delegados del Observatorio Internacional de la abogacía en riesgo. Ya está disponible el informe completo en inglés y a continuación se presenta el resumen del mismo.

Resumen del informe de la VII Caravana Internacional de Juristas 

Este informe documenta las conclusiones de la visita realizada en agosto de 2022 por la VII Caravana Internacional de Juristas en Colombia. en la que participaron 6 delegados del Observatorio Internacional de la abogacía en riesgo.

El telón de fondo de la Caravana fue la alta tasa de asesinatos de defensores de derechos humanos (DDH) y líderes sociales, el alarmante aumento de la violencia territorial y la aceleración de la represión y criminalización de la protesta social en los últimos años. En los inicios de la delegación, el gobierno entrante de Petro prometía implementar plenamente el Acuerdo de Paz. Los delegados también eran conscientes de la preocupación por el incumplimiento por parte del gobierno de Duque de compromisos clave del Acuerdo de Paz. Teniendo lo anterior en cuenta, la VII Caravana se centró en la necesidad de un poder judicial independiente y en la protección de la abogacía y defensores de derechos humanos, para hacer frente a la impunidad y garantizar el acceso a la justicia para todos.

Reunidos primeramente en Bogotá para mantener encuentros preliminares con compañeros colombianos, los delegados de la Caravana viajaron a cuatro regiones, Bolívar (Cartagena), Norte De Santander (Cúcuta), Santander (Bucaramanga) y Valle Del Cauca (Cali) para reunirse con abogados, defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, representantes de comunidades rurales, víctimas y supervivientes, jueces y otros operadores del sistema judicial, y otras autoridades estatales. A su regreso a la capital, los delegados se reunieron con representantes de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, la judicatura y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y entidades estatales como la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Las realidades fueron aún más preocupantes de lo esperado. La Caravana escuchó testimonios que confirman la falta de avances en la implementación del Acuerdo de Paz en los últimos cuatro años y señalan realidades complejas y sistémicas que se interponen en el camino hacia una paz justa y duradera.

Resumen de las observaciones de la VII Caravana

La Caravana se mostró preocupada al conocer la persecución que sufren grupos que intentan implementar el Acuerdo de Paz y los retos a los que siguen enfrentándose las víctimas-sobrevivientes de la violencia estatal histórica y reciente en su búsqueda de justicia y rendición de cuentas.

Entre otras observaciones de la Caravana fueron las siguientes:

• El conflicto armado, la violencia y la inestabilidad continúan en las áreas urbanas marginales y en las zonas rurales afectadas por niveles críticos de «violencia territorial”, con los consiguientes efectos adversos. Los esfuerzos para combatir el origen de estos ataques han progresado poco o nada. De hecho, el número de actores armados ilegales y sus áreas de influencia se han ampliado.
• El número de violaciones graves de derechos humanos es elevado e incluye fenómenos como el reclutamiento de menores y violencia de género sin control, especialmente en la zona fronteriza de Cúcuta, y la persistencia de altos índices de asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos.
• Los defensores y líderes comunitarios y sociales actúan con alto riesgo y no gozan de garantías de seguridad y protección significativas.
• La problemática de la tierra dista mucho de estar resuelta; continúan los conflictos por el territorio y los violentos desplazamientos forzosos y confinamientos de comunidades, así como la persecución de sus líderes y miembros.
• Existen pautas de respuesta represiva a quienes ejercen su derecho a disentir, asociarse, movilizarse en protesta y participar en otras expresiones no violentas de su oposición a las realidades económicas y políticas dominantes.
• La independencia del poder judicial se ve cuestionada en múltiples niveles y prevalecen la denegación o el retraso de la justicia y la impunidad. Las amenazas van desde la injerencia política a la grave escasez de recursos; el incumplimiento y la no ejecución de las decisiones judiciales; los altos riesgos, amenazas y asesinatos de jueces y operadores de justicia; hasta la falta de garantías y protección de la seguridad del Estado. El tratamiento que da el Estado a las presuntas irregularidades judiciales también sigue siendo motivo de grave preocupación.
• La profesión de la abogacía sigue estando en peligro, sufriendo diversas amenazas y ataques contra ella personalmente y en términos de otros obstáculos que dificultan e interfieren en su capacidad para llevar a cabo sus actividades profesionales.

Nuevo compromiso de implementación territorial e integral del Acuerdo de Paz

El nuevo compromiso de aplicación territorial e integral del Acuerdo de Paz (y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y otros organismos) es de crucial importancia para el logro de una paz justa y duradera. El Acuerdo de Paz marcó un hito importante y proporcionó las bases generales para iniciar la transición hacia la paz al comprometerse a abordar las causas estructurales del conflicto que duraba décadas. Más de seis años después de la firma del Acuerdo de Paz, la Caravana está muy preocupada por la falta de avances en la aplicación de los compromisos fundamentales, así como por la continuación e incluso la intensificación de la violencia, del conflicto armado y de las violaciones de los derechos humanos.

Así se desprende de los relatos de representantes de comunidades y organizaciones indígenas, afrocolombianas y campesinas de las regiones visitadas. Los delegados de la Caravana en Cúcuta tuvieron conocimiento de la falta de avances en la implementación de la reforma rural integral y la problemática de la droga; el estado de estos compromisos es que se han estancado y la participación de las comunidades se ha degradado (en términos de PDET y PNIS). Además, la erradicación forzada no sólo se ha renovado, sino que se ha intensificado en los últimos años. Los esfuerzos de las organizaciones sociales -como la Asociación de Campesinos del Catatumbo (ASCAMCAT)- por impulsar la implementación del Acuerdo han sido respondidos con violencia y estigmatización, lo que les hace aún más vulnerables.

El problema de la tierra no se ha resuelto. Los delegados de la Caravana en Cúcuta, Bucaramanga y Cartagena escucharon testimonios alarmantes sobre los esfuerzos en curso para desplazar a los habitantes rurales y disuadirlos de organizarse para satisfacer sus necesidades fundamentales de acceso a sus territorios y tierras productivas para mantener a sus familias y satisfacer sus necesidades básicas. Ejemplos emblemáticos incluyen las amenazas a dos comunidades campesinas en el departamento del Cesar, Pitalito y 20 de Julio, un incidente que tuvo lugar durante la Caravana y otro en noviembre de 2022; y la situación de las comunidades afrocolombianas que intentan proteger la salud ambiental y garantizar el acceso a la tierra y las fuentes de agua que les permiten ganarse la vida con la agricultura y la pesca, frente a los efectos adversos del proyecto gubernamental de desviación del Canal del Dique. Una vez más, estos esfuerzos se han topado con amenazas y ataques contra estas comunidades y sus abogados y defensores de derechos humanos.

En cuanto a los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas por graves crímenes y violaciones de derechos humanos históricos y recientes, y la protección frente a la violencia continuada de múltiples actores armados ilegales, los líderes sociales y los defensores de derechos de campesinos, indígenas y afrocolombianos siguen corriendo un elevado riesgo de sufrir ataques y homicidios. Las masacres continúan en las regiones caracterizadas por altos niveles de violencia territorial. Estas zonas se caracterizan tanto por la impunidad del Estado como por su ausencia. Esta combinación ha demostrado ser difícil de resolver, y abordarla resulta una tarea crucial.

Los defensores de los derechos humanos, en situación de alto riesgo: aún «no hay tregua para los abogados de derechos humanos”

 La Caravana está extremadamente preocupada por los reportes recibidos durante y después de la delegación de que las amenazas, los ataques y la inseguridad siguen siendo la norma para la profesión jurídica, en particular, para los abogados de derechos humanos, así como para los defensores de derechos humanos en general. Los profesionales de la abogacía siguen corriendo altos riesgos en el ejercicio de su labor de representación, ya sea en regiones fronterizas y otras zonas rurales de conflicto armado, cuando representan a comunidades desplazadas o confinadas y a defensores de la tierra, o a personas detenidas arbitrariamente y criminalizadas en contextos universitarios y protestas sociales.

El informe presenta relatos detallados de abogados particulares y colectivos de abogados en Bogotá y las regiones visitadas. El capítulo 3 examina casos específicos de abogados y abogadas atacadas en el curso de sus esfuerzos por representar a las víctimas de la represión durante el paro nacional. El capítulo 4.2 presenta casos adicionales en otros contextos: la universidad, el campo y las zonas urbanas, cuando los abogados intentan cumplir con sus deberes profesionales en casos contra actores estatales y privados, así como en contextos que desafían el status quo político y económico dominante. En todas las regiones visitadas, los delegados de la Caravana escucharon testimonios de estigmatización, judicialización (montajes) y criminalización, amenazas y ataques contra la abogacía y sus familias, así como contra sus clientes. La situación de los «defensores de los defensores» sigue siendo insostenible.

Incumplimiento por parte del Estado de la obligación de aplicar garantías de seguridad y medidas de protección significativas

Sin embargo, el Estado no ha cumplido con sus obligaciones de proteger a la profesión jurídica y de cumplir con sus deberes en virtud de los Principios Básicos de la ONU sobre la Función de los Abogados. El capítulo 4.2 también desarrolla las críticas y recomendaciones detalladas de abogados y defensores de los derechos humanos en relación con las políticas y los planes de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Las críticas son extensas, y equivalen a un fracaso del sistema para proporcionar medidas oportunas, flexibles, diferenciadas y adecuadas, incluso de acuerdo con las medidas ordenadas por el sistema interamericano de derechos humanos. Por el contrario, los esquemas y políticas son criticados por poner en mayor peligro a los supuestos beneficiarios, y por constituir un mecanismo más de vigilancia, y obstaculizar su vital labor. Varios abogados y colectivos informaron de que no están protegidos, sino más bien expuestos a peligros adicionales. Uno de los colectivos de abogadas, ASOCOLEMAD, ha compartido las comunicaciones de la UNP en respuesta a graves incidentes de seguridad, que sólo pueden calificarse de enrevesadas y dilatorias, cuando no obstruccionistas. Mientras tanto, éstas y otras abogadas siguen corriendo graves riesgos.

Además, la postura adoptada por la Unidad Nacional de Protección (UNP) en la reunión de la Caravana en Bogotá no infunde confianza en que se vayan a producir cambios vitales. A la Caravana le preocupa que, para que las medidas de protección cumplan su función, deben producirse cambios significativos en las políticas restrictivas de la UNP y se ésta debe contar con los recursos adecuados para poder cumplir adecuadamente su misión.

La prevención, por supuesto, es la respuesta definitiva, que comienza con la asignación de suficientes recursos financieros, humanos y técnicos al poder judicial y a la Fiscalía General y, en particular, a las unidades encargadas de investigar los delitos y las violaciones de derechos humanos, para facilitar investigaciones imparciales, independientes y efectivas de las violaciones de derechos humanos y los delitos de forma rápida e imparcial, y hacer frente a la impunidad que facilita estos delitos.

 Amenazas estructurales a un poder judicial independiente y al Estado de Derecho

La Caravana pudo confirmar numerosas de las amenazas sistémicas a un poder judicial independiente ya identificadas. Las amenazas son variadas e incluyen ejemplos preocupantes de injerencia política y cooptación de los órganos judiciales, que tuvieron un fuerte protagonismo durante el último gobierno.

Otros problemas identificados son la gran insuficiencia de recursos financieros, técnicos y humanos, que amenazan el funcionamiento independiente del sistema y deniegan y retrasan la justicia para las víctimas y los supervivientes. La Caravana escuchó relatos contundentes sobre la incapacidad del sistema para funcionar adecuadamente debido a la falta de personal adecuado (con especial mención a jueces y fiscales) y a la sobrecarga de trabajo. Los delegados de la Caravana en Cartagena escucharon que hay muchos puestos de fiscales sin cubrir y un número inadecuado de jueces cualificados. Los delegados de Cartagena escucharon a jueces que manejan un aumento del 200% en su carga de trabajo. Los delegados de Cúcuta hablaron con fiscales con cargas de trabajo imposibles, por ejemplo, uno encargado de atender varios miles de amenazas denunciadas.

El tema de la debilidad o ineficacia de los mecanismos de control estatal y de la coordinación interinstitucional fue destacado por el personal de la Defensoría del Pueblo en Cúcuta. Reportaron que, aunque su personal emitió debidamente alertas tempranas de amenazas de muerte – parte del esquema para proporcionar garantías de seguridad – estas alertas no fueron atendidas por las entidades estatales encargadas de tomar medidas adicionales, y además, no hubo ninguna sanción por esta inacción.

También destaca la continua estigmatización de los jueces y el desacato de sus decisiones por falta de ejecución. Los jueces y magistrados de restitución de tierras soportan una pesada carga de trabajo que resulta insostenible por el número de casos, su complejidad y la exigencia adicional de llevar a cabo la supervisión de la ejecución de sus decisiones.

La VII Caravana ha registrado la alarmante continuación de amenazas y atentados contra operadores de justicia que adoptan diversas formas, incluyendo el asesinato. Los delegados se alarmaron al escuchar de boca de funcionarios de la rama judicial amenazas y hostigamientos por parte de la fuerza pública, al igual que relatos de inseguridad y violencia tan extrema, en lugares como Tibú en Norte de Santander, donde se presentó el asesinato de la fiscal Esperanza Navas y las posteriores amenazas y desplazamiento del resto de su oficina en junio de 2021, de tal manera que no hay presencia de la rama judicial (fiscalía) en esa zona de alto conflicto. Los delegados de Cartagena hablaron con los jueces sobre la falta de seguridad y los altos niveles de riesgo, particularmente para los jueces de la rama de restitución de tierras; los jueces comparten vehículos, lo cual es inadecuado, y no cuentan con provisiones de seguridad personal. Como observó un ex juez, no es normal que el Estado no proteja a los jueces y operadores de justicia, y se deben implementar garantías efectivas de seguridad y protección en adelante.

Por último, al igual que las delegaciones anteriores, la Caravana está preocupada por las evidentes amenazas a la investigación imparcial y el enjuiciamiento de las denuncias de mala conducta judicial, ya sea por vía disciplinaria o penal. Dada la continuidad de estas preocupaciones desde Caravanas anteriores (por ejemplo, en 2012 y 2014), la Caravana hace un llamamiento al gobierno actual para que revise los casos de jueces previamente sentenciados y actualmente encarcelados por presunta mala conducta, con varios de los cuales los delegados de la Caravana se reunieron en Cartagena.

El gobierno también debería examinar de cerca y poner remedio al problemático alcance y/o aplicación de delitos penales como el «delito de prevaricato». Uno de los casos emblemáticos es el del juez Arney Payares, que cumple condena penal. La VII Caravana comparte las preocupaciones expresadas por anteriores visitas de monitoreo de jueces de la Carvavana en 2012 y 2014^[1] respecto a la grave amenaza a la independencia de los jueces para interpretar la ley y resolver los casos. Sigue siendo motivo de grave preocupación y una posible violación de los compromisos del derecho internacional de los derechos humanos, el hecho de que opiniones jurídicas pueden constituir la base de un proceso penal y la destitución del cargo.

 Perspectivas de una paz duradera y justa

La Caravana concluye que Colombia está lejos de ser un país post-conflicto; el conflicto y las fuentes de violencia evidentemente continúan, y con particular gravedad en los territorios rurales e indígenas y en las comunidades afrocolombianas y campesinas, pero también en las ciudades y en los entornos urbanos marginales.

Al mismo tiempo, la Caravana se inspiró en los esfuerzos creativos y persistentes de los colombianos para obtener justicia y superar la impunidad. Entre ellos, este informe describe varios ejemplos: (a) el Tribunal Popular de Siloé, una iniciativa popular para obtener justicia y desafiar la impunidad en el contexto del paro nacional de 2021; (b) las medidas de protección comunitaria en curso en territorios indígenas y campesinos para garantizar una protección efectiva contra las violaciones de sus derechos en virtud de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario; y (c) los esfuerzos para desafiar la problemática decisión de la CPI de cerrar su examen preliminar de Colombia.

Hay muchos obstáculos en el camino hacia una paz duradera y justa. La VII Caravana afirma que los retos para el actual gobierno y la sociedad civil son numerosos y el futuro incierto. Hace un llamado a la comunidad internacional para que redoble su acompañamiento y apoyo a los esfuerzos y sacrificios de los colombianos para lograr la paz estable y justa que con tanto fervor se busca.

Llamamiento a la acción

Colombia vive una crisis de derechos humanos e impunidad que se agravará a menos que se tomen urgentemente medidas concretas para enfrentar los retos identificados en este informe y otros citados, particularmente en lo que se refiere a la implementación integral del Acuerdo de Paz. La Caravana insta a Colombia a considerar e implementar las recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad y las contenidas en el informe de la OACNUDH sobre Violencia Territorial y el Informe Colombia en Riesgo. También hacemos un llamamiento al gobierno colombiano para que implemente plenamente los Principios Básicos de la ONU sobre la Función de los Abogados, para que tome medidas que aseguren medidas de protección adecuadas y tempranas para los abogados, defensores de derechos humanos, líderes sociales y sus comunidades, con el fin de garantizar el acceso a la justicia y las garantías de no repetición.