En un informe conjunto, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos -una colaboración entre la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT)- y el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD) presentan las conclusiones de la observación judicial de la primera vista del juicio de Eren Keskin y Güllistan Yarkın, de la Asociación de Derechos Humanos (IHD). Ambos fueron acusados de «denigrar públicamente a la Nación Turca» tras sus declaraciones en el Día de Conmemoración del Genocidio Armenio el 24 de abril de 2021 y absueltos el 2 de mayo de 2024. El fiscal ha recurrido su absolución y el recurso de apelación está en curso.
París-Ginebra, 26 de agosto de 2024 – El 27 de febrero de 2024, observadores del Observatorio y del OIAD asistieron al primer juicio de la causa penal contra Eren Keskin, defensora de derechos humanos kurda, abogada y copresidenta de la IHD, y Güllistan Yarkın, defensor de derechos humanos kurda, investigadora y miembro de la Comisión contra el Racismo y la Discriminación de la IHD. El juicio se celebró ante el 51º Tribunal Penal de Primera Instancia de Estambul.
Ambas defensoras fueron acusadas en virtud del conocido artículo 301 del Código Penal turco, que establece que quien «denigre públicamente a la Nación Turca, al Estado de la República Turca, a la Gran Asamblea Nacional Turca, al Gobierno de la República de Turquía y a los órganos judiciales del Estado será condenado a una pena de prisión de seis meses a dos años». Estos cargos se derivan de una denuncia anónima presentada ante el Centro de Comunicación Web de la Presidencia turca (CIMER) en relación con la declaración de 2021 de la IHD sobre el Genocidio Armenio.
El juicio se desarrolló con arreglo a los estándares procesales, y tanto las acusadas como sus representantes legales pudieron exponer sus argumentos. Sin embargo, la mera existencia de este tipo de acusaciones suscita serias preocupaciones sobre el estado de la libertad de expresión en Turquía, especialmente contra periodistas, escritores, defensores de derechos humanos y abogados(as). También ilustra el uso indebido que se hace a menudo del artículo 301 para reprimir la libertad de expresión y silenciar las voces críticas sobre cuestiones históricas delicadas, y en particular el genocidio armenio, a pesar de las modificaciones introducidas en la disposición a raíz de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que consideraban que el alcance de los términos del artículo 301, tal como lo interpreta el poder judicial, era demasiado vago y amplio.
La Sra. Keskin y la Sra. Yarkın fueron finalmente absueltas en la tercera vista, el 2 de mayo de 2024. A pesar de su absolución, el recurso interpuesto por la fiscalía contra esta decisión el 21 de mayo de 2024, pone de relieve el persistente acoso judicial al que se enfrentan los defensores(as) de derechos humanos y profesionales de la abogacía en Turquía. Estas violaciones del derecho a la libertad de expresión también tienen un efecto amedrentador en la sociedad civil, transmitiendo a otros defensores de derechos humanos y abogados, actores de la sociedad civil y el público en general, que también pueden enfrentarse al acoso judicial basado en acusaciones infundadas si discrepan públicamente de la política de negación del Estado en relación con el Genocidio Armenio.
Durante casi dos décadas, la IHD ha abogado por el reconocimiento del Genocidio Armenio en Turquía, organizando constantemente actos conmemorativos en los que se reclama reconocimiento, perdón y compensación. Las acusaciones contra dos de sus miembros ponen de relieve el patrón más amplio de desafíos legales a los que se enfrenta la IHD. Öztürk Türkdoğan, ex copresidente de la IHD, se enfrentó en el pasado a cargos en virtud del artículo 301 en relación con un artículo titulado «Basta de negar el genocidio armenio por la justicia y la verdad», publicado por la IHD en su página web el 24 de abril de 2017, siendo posteriormente absuelto.
Eren Keskin también se enfrentó a cargos penales antes de este caso en base al artículo 301. En 2015, fue condenada a 10 meses de prisión debido a una declaración suya en la que acusaba al Estado del asesinato de Ugur Kaymaz, de 12 años, y pedía responsabilidades en una conferencia. En 2018, Keskin fue condenada de nuevo en virtud del artículo 301, entre otras cosas, debido a su papel como redactora jefe del periódico Özgür Gündem, cargo que asumió simbólicamente como acto de solidaridad con los periodistas encarcelados y de apoyo a la libertad de expresión. Entre 2017 y 2024, ocho declaraciones distintas del Colegio de Abogados de Diyarbakır sobre el genocidio armenio fueron objeto de investigaciones en virtud del artículo 301. Los miembros de la Junta Directiva del Colegio de Abogados se enfrentaron a un total de seis causas penales como consecuencia de ello, cuatro de las cuales terminaron en absolución. Dos causas están en curso.
El artículo 301 y el acoso judicial no son los únicos medios utilizados por Turquía para reprimir el debate público sobre el genocidio armenio. En mayo de 2024, Açık Radyo, una emisora de radio independiente, se enfrentó a una multa administrativa y a la suspensión de sus emisiones durante cinco días por decisión del Consejo Supremo de Radio y Televisión, regulador de los medios de comunicación de Turquía, después de que un invitado se refiriera al genocidio armenio en antena. En julio de 2024, el Consejo Supremo revocó la licencia de emisión de Açık Radyo porque la emisora seguía emitiendo.
El Observatorio y el OIAD instan a las autoridades a poner fin a todas las formas de acoso contra Eren Keskin, Güllistan Yarkın y otros defensores(as) de los derechos humanos y abogados(as), y a garantizar su derecho a la libertad de expresión, en particular en relación con el Genocidio Armenio. También hacen un llamamiento a las organizaciones internacionales, incluida la Asamblea Parlamentaria y el Comité de Ministros del Consejo de Europa; el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y de expresión, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, y todos los órganos pertinentes de la UE, para que vigilen y condenen cualquier violación contra los defensores de los derechos humanos y abogados y promuevan su protección en Turquía.
Lea el informe completo en la página web de la FIDH, en la página web de la OMCT y en la página web del OIAD.
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El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) fue creado en 1997 por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT). Su objetivo es prevenir o remediar las situaciones de represión contra los defensores de derechos humanos. Tanto la FIDH como la OMCT son miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para los Defensores de los Derechos Humanos puesto en marcha por la sociedad civil internacional.
Lanzado en 2016, el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD) es una iniciativa conjunta del Consejo Nacional de la Abogacía Francesa (Conseil National des Barreaux), el Colegio de Abogados de París (ambos en Francia), el Consejo General de la Abogacía Española (España) y el Consiglio Nazionale Forense (Italia). El objetivo primordial del OIAD es proteger a la abogacía amenazada en el ejercicio de su profesión y denunciar las situaciones que atenten contra los derechos de la defensa.