Víctor Fernandez

HONDURAS: El abogado Víctor Fernández víctima de amenazas y hostigamiento

18 de marzo de 2019

El Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo, manifiesta  su  profunda preocupación por los repetidos ataques y amenazas a la integridad personal y profesional del Víctor Fernández, destacado abogado comprometido con la defensa de los derechos humanos en Honduras.

Descripción de la situación:

Víctor Antonio Fernández Guzmán, es un reconocido abogado, fungió como presidente de la Asociación de Fiscales de Honduras (AFH), a partir del año 2006 hasta el año 2008 cuando se desarrolló la reconocida huelga de hambre de fiscales, la cual tuvo una duración de 38 días, en los cuales, por su condición de presidente, Víctor Fernández asumió la vocería principal a nivel nacional e internacional.

Durante los años subsiguientes y debido a la consolidación del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia mediante asamblea de 24 de mayo de 2008, como producto de la huelga de hambre de fiscales, Víctor Antonio Fernández Guzmán, miembro fundador y coordinador general del MADJ por 6 años ininterrumpidos, fungió y continúa fungiendo como apoderado legal de comunidades y poblaciones organizadas para la defensa de los bienes naturales. A partir del año 2009 asumió la representación legal del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), esto implicó la denuncia y diversas acciones legales en contra de 49 proyectos hidroeléctricos sobre territorio lenca, así como la defensa de Berta Cáceres en procesos de criminalización de los cuales fue víctima. A partir del 2 de marzo de 2016, asumió la representación en juicio de la familia de Cáceres y del COPINH como víctimas del asesinato de Berta Cáceres en los distintos procesos abiertos.

Durante el golpe de Estado Fernández Guzmán fungió como apoderado legal de personas detenidas y acusadas arbitrariamente, denunció y litigó procesos en contra de altos mandos del ejército y denunció a la estructura política y militar que ejecuté el golpe. En el pasado más reciente es parte en denuncias en contra del presidente del Poder Ejecutivo, su hermana Hilda Hernández. Denunció también el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (ISHH) instando la apertura de líneas de investigación sobre el partido nacional de Honduras, entre otros. Finalmente, el 7 diciembre de 2017 presentó una denuncia ante la MACCIH por el “crimen contra la democracia hondureña, la corrupción pública, la suplantación de la voluntad popular, fraude electoral y violación del derecho humano a la vida”. 

 En la denuncia pública, indicó que la estructura criminal que lleva a cabo los crímenes la integraría el señor Juan Orlando Hernández, en su condición de Presidente de la República y candidato a la Presidencia de la República, la comisión de campaña del Partido Nacional, el Comité Central del Partido Nacional, los tres Magistrados Propietarios del TSE, el actual gabinete de gobierno firmante del decreto de excepción, No. PCM-084-2017 y las sociedades mercantiles: Corporación Televicentro e Ingeniería Gerencial. De igual manera, actuando como garantes de la ejecución violenta de toda la conspiración y sus consecuencias a la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas de Honduras, quienes tienen una función decisiva en la custodia de todo el material electoral y han tomado control, con notorios y criminales excesos, del territorio nacional, luego que a partir del 01 de diciembre se pusiera el toque de queda.

A raíz de diversas situaciones de gravedad y urgencia desprendidas de su trabajo, Víctor Fernández recibió en 2013 las medidas cautelares 416-13 por la resolución 12/2013 de la CIDH, adicionalmente es beneficiario al mismo tiempo de la medida cautelar 112-16 otorgada mediante resolución 8/2016 que se extendió a los familiares de Berta Cáceres, su equipo legal y diversos miembros de COPINH. A pesar de esto,  Fernández y su equipo, todas integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) han sido objeto de diversas amenazas a lo largo de su carrera profesional, incrementados de manera particular a partir del 27 de Noviembre de 2017 en el marco del fraude electoral sufrido en Honduras. Desde esa fecha hasta la actualidad han sufrido más de 30 ataques de diversa índole hasta la actualidad.

Estos ataques varían desde amenazas, allanamientos ilegales, vigilancias y ataques a la libertad de expresión, torturas, tratos crueles y degradantes, asesinatos/ejecuciones selectivas, secuestros, detenciones arbitrarias, vigilancia, hostigamiento, campañas de odio y criminalización, dejando como resultado a 14 de sus integrantes en situación de riesgo, 3 de estos se han visto desplazados de sus territorios de manera definitiva. En  el mes de octubre de 2018, en una sola semana, el MADJ fue víctima del secuestro de uno de sus  voluntarios y la detención arbitraria y retención injustificada por más de 4 horas de un menor de 16 años, militante activo en la zona del litoral Atlántico de Honduras, por parte de la policía nacional, los días 9 y 11 de octubre, respectivamente.

Los ataques hacia su persona en los últimos años se han ido multiplicando debido a la gran responsabilidad que supone la representación de las comunidades indígenas y rurales, todos ellos denunciados, entre los que se encuentran:

• Campañas de odio: En el marco de la crisis post electoral, el conflicto en Pajuiles (Atlántida), en Azacualpa (Copán) y el conflicto en Yoro, vinculados a litigios y procesos políticos organizativos en defensa de bienes naturales puestos en riesgo por empresas mineras e hidroeléctricas, los ataques en su mayor parte consistían en publicaciones a través de la red social Facebook en contra del MADJ y sus integrantes, acusándoles de formar parte de una mafia que asesinó personas. Estos también incluyeron declaraciones por parte del presidente del comité de patronatos del Municipio de la Unión en las que solicitó ante la Corporación Municipal declarar “Non Gratas” a las ONG con injerencia en la zona como el MADJ y de manera específica a Víctor Fernández Vinculados a estos conflictos, particularmente con relación a la zona de Azacualpa, Copán, mediante redes sociales, personas afines a la empresa minera contra la cual litiga Fernández y su equipo han proferido y consignado amenazas directas de ataques contra su vida.
• Ataques derivados de la causa Berta Cáceres: A partir del asesinato, Víctor Fernández de manera particular ha recibido ataques por parte del equipo legal de la empresa DESA, vinculada en el asesinato de Berta Cáceres, quienes una campaña de desprestigio en su contra y del MADJ aseverando que estos recibían importantes sumas de dinero producto de la cooperación internacional Dichos ataques constan en publicaciones de redes sociales como Facebook, periódicos nacionales e internacionales.
• Campañas de desprestigio impulsadas por la empresa privada del sector energético: Existe antecedentes diversos de estos ataques, sin embargo, a partir de septiembre de 2018, debido al contexto de organización comunitaria y oposición a proyectos extractivo en Honduras en los cuales tiene influencia directa el MADJ y Víctor Fernández particularmente como abogado de las comunidades, representantes de la empresa privada y de la Asociación de Energía Renovable en televisión pública acusaron a este y a su hermano Martín Fernández de instigadores y alentadores de los conflictos de Pajuiles, Jilamito y Azacualpa. Mediante esta campaña por parte de los sectores mencionados que se sostiene hasta la actualidad, estos solicitaron enérgicamente que el Ministerio Público iniciara acciones en contra de quienes incitan las oposiciones a los proyectos a fin de garantizarles seguridad jurídica.
• Ataques por redes sociales al MADJ: Diversos perfiles de Facebook comentan insistentemente las publicaciones de la página del MADJ y concretamente uno en especial acusa a Víctor Fernández de infiltrarse en las comunidades cobrando grandes sumas de dinero y de enviar sicarios para conseguir que las comunidades se opongan a los proyectos extractivos. Durante los meses de septiembre a diciembre de 2018 circuló una serie de fotografías de Víctor Fernández con leyendas grabadas que aseguraban que este poseía bienes y grandes cantidades de dinero producto de su trabajo como abogado-

Los citados constituyen algunos de los ataques y modalidades de hostigamiento permanente de los cuales es víctima Víctor Fernández y el equipo del MADJ. Es fundamental recalcar que, las resoluciones de la CIDH en la práctica no se traducen en siquiera una medida real y efectiva que disminuya los riesgos objetivamente. En ambos casos, a pesar de años de procurar la implementación, estas se limitan a medidas de carácter policial que no brindan ninguna función específica o efectiva.

De igual forma, al menos el 80% de los ataques han sido debidamente denunciados ante las instancias nacionales y en relación específica a los hechos recientes vinculados a Azaculpa, Copán, puestos en conocimiento de la recién creada Fiscalía Especial para la protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, sin embargo, hasta la fecha no hay ni un tan solo resultado de las investigaciones y tampoco se ha logrado la sanción de responsables.

Todos estos hechos evidencian que el Estado de Honduras, desde una contradicción decidida, muestra en lo público una aparente voluntad política para responder a los riesgos que enfrentan quienes defienden derechos humanos, pero en lo concreto, existe un rotundo desinterés por salvaguardar sus vidas e integridad.

Llamamiento del Observatorio Internacional de Abogados:

El Observatorio desea trasladar su solidaridad y apoyo al abogado afectado y sus compañeros, obligados a vivir en circunstancias que entrañan un peligro real para su vida e integridad personal ante el que las medidas de seguridad aplicadas no parecen ofrecer garantías suficientes. La defensa de los derechos humanos se convierte en una necesidad vital para asegurar el desarrollo y consolidación de un Estado de Derecho con todas las garantías.

El Observatorio recuerda asimismo que la independencia de los abogados es uno de los principales barómetros de la democracia y de la efectividad del Estado de derecho. Y llama la atención de las autoridades acerca de los Principios básicos sobre la función de los abogados, adoptados en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 27 de septiembre de 1990.

Principio 16:

“Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; b) puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto dentro de su país como en el exterior; y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión.”

Principio 17:

“Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada.”

Principio 18:

“Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones.”

El Observatorio Internacional de Abogados solicita:

 A las autoridades públicas y mecanismo nacional de protección de defensores de Derechos Humanos, (i) que tomen todas las medidas adecuadas para reforzar y garantizar la seguridad de Víctor Fernández y demás compañeros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia establecidas por las resoluciones 12/2013 y 8/2016 de la CIDH , (ii) adoptar las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos a la vida, la seguridad, integridad personal, intimidad personal, familiar, honra, reputación y la libre movilidad de los ciudadanos que hacen parte de procesos orientados a la defensa de los derechos humanos (iii) desarrollar las acciones legales necesarias para investigar, juzgar y en su caso determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las amenazas y agresiones denunciadas.

A la Organización de las Naciones Unidas, a la Unión Europea y demás organizaciones internacionales,  su implicación activa en la labor de monitoreo de la actuación de las autoridades públicas en cumplimiento de las obligaciones nacionales/internacionales relativas al respeto de los derechos fundamentales y la garantía de su ejercicio real y efectivo.

 A las asociaciones de abogados y organizaciones de derechos humanos, que se mantengan alerta ante la situación que se vive en Honduras, donde se ha sido testigo estos últimos meses de una serie de asesinatos a abogados incluso en dependencias del poder judicial.