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Farid Ershad/ Unsplash / 2021
23 de noviembre de 2021
El martes 23 de noviembre de 2021, cincuenta talibanes armados en nombre del Gobierno tomaron por la fuerza el control del Colegio Nacional de Abogados de Afganistán (AIBA). Durante la violenta intrusión, ordenaron comprobar todos los contratos firmados por el Colegio de Abogados con extranjeros. Los talibanes también incautaron los fondos pertenecientes a los 2.500 abogados que financian el Colegio. Estas acciones ponen en grave peligro la integridad del Colegio de Abogados y el secreto profesional.
El AIBA es uno de los únicos colegios de abogados del mundo que tiene una cuota de mujeres en todos los comités ejecutivos y al menos un vicepresidente debe ser mujer. Por el momento, se desconoce el impacto que la «nacionalización» del Colegio de Abogados de Afganistán tendrá, en particular, sobre las mujeres dirigentes del Colegio.
Este ataque al colegio de abogados forma parte del proceso de deconstrucción del Estado de Derecho en Afganistán desde que los talibanes tomaron el poder el 15 de agosto de 2021. En concreto, se produce tras la toma de control por parte del Ministerio de Justicia del acceso a la colegiación para el ejercicio de la abogacía, lo que significa que todos los abogados del país que estén colegiados en el Colegio Nacional de Abogados afgano tendrán que obtener el permiso del Ministerio para renovar su colegiación. El Ministerio ha advertido a los abogados que si no obtienen esta renovación no podrán ejercer su profesión.
Esta decisión está encaminada no sólo a que el gobierno talibán controle la colegiación de los abogados, sino que también a registrarlos, exponiéndolos así a grandes riesgos de persecución.
Con ello, los talibanes están socavando directamente la independencia de la profesión jurídica en el país. En 2007, se creó la Asociación Nacional de Abogados de Afganistán (AIBA) mediante una ley llamada «Ley de Defensa» aprobada por el Parlamento. Esta ley pretendía dotar a los abogados de un organismo no gubernamental e independiente para regular y coordinar el acceso, la vida y las actividades de la profesión y garantizar los derechos a la defensa.
Esta ley regula el ejercicio y la actividad de la abogacía. El Ministerio de Justicia no ha ofrecido ninguna información sobre una posible modificación de la ley o del procedimiento de concesión de licencias. Por el momento, el Ministerio se limita, en contra de la ley, a controlar el acceso a la colegiación para ejercer como abogados.
El Observatorio denuncia firmemente esta injerencia gubernamental en el ejercicio de la abogacía en Afganistán y pide el respeto inmediato de todas las normas inherentes al ejercicio libre e independiente de esta profesión.
El Observatorio desea recordar que la independencia de los abogados es uno de los fundamentos esenciales del Estado de Derecho.
El Observatorio también desea recordar que en virtud de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados adoptados en La Habana en 1990, en particular los principios 16 y 25 :
16.Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; b) puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto dentro de su país como en el exterior; y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión.
25.Las asociaciones profesionales de abogados cooperarán con los gobiernos para garantizar que todas las personas tengan acceso efectivo y en condiciones de igualdad a los servicios jurídicos y que los abogados estén en condiciones de asesorar a sus clientes sin injerencias indebidas, de conformidad con la ley y con las reglas y normas éticas que se reconoce a su profesión.
El Observatorio apoya plenamente a los abogados afganos.
