Argelia: el OIAD apoya a François Zimeray frente a las inaceptables injerencias en la libre elección de abogado por parte de su cliente, basadas en una discriminación religiosa
El Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo expresa su indignación ante la información recibida según la cual representantes del Estado argelino habrían presionado al escritor franco-argelino Boualem Sansal, actualmente detenido, para que sustituyera a su abogado François Zimeray por un abogado « no judío ».
Estos hechos de naturaleza antisemita constituyen una violación flagrante del derecho fundamental de toda persona procesada a elegir libremente a su abogado y una intromisión inaceptable en el ejercicio independiente de la profesión de la abogacía.
Desde su designación, François Zimeray fue objeto de una violenta campaña antisemita, siendo designado en la prensa y en las redes sociales argelinas como « el abogado sionista de Sansal » o la «r ata sionista ».
Los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados garantizan a los profesionales de la abogacía el libre e independiente ejercicio de su profesión, sin influencias, intimidación o discriminación (principios 16, 17 y 18). Estos principios imponen a los Estados no solo respetar este derecho, sino también protegerlo activamente.
Cualquier cuestionamiento de la elección de un abogado debido a su religión presunta o real constituye una violación del principio constitucional de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, así como una discriminación punible. Tal actitud va en contra de los compromisos internacionales de Argelia, en particular la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y atenta contra los valores esenciales que sustentan el Estado de derecho.
La injerencia de las autoridades argelinas en la elección del abogado de M. Sansal viola directamente estos principios y pone en peligro la independencia de la abogacía y la protección de los derechos fundamentales de los justiciables.
Además, la negativa arbitraria a expedir un visado al Sr. Zimeray constituye una clara obstrucción al derecho de defensa, impidiendo que un abogado cumpla su mandato con su cliente, en violación de los textos fundamentales que rigen la profesión de la abogacía y del artículo 14, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que:
« Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (…) d) d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo (…)»
Esta injerencia sienta un precedente alarmante que pone en peligro el conjunto del sistema de protección de los derechos fundamentales. En este sentido, el Observatorio recuerda que la profesión de la abogacía no puede ser objeto de discriminación alguna por motivos de origen, religión u opiniones políticas. Cualquier intento de restringir o influir en la elección de un abogado constituye un ataque contra toda la profesión jurídica.
El Observatorio condena con la mayor firmeza una discriminación inaceptable contra el Sr. Zimeray, contraria a los principios fundamentales del derecho internacional.
El Observatorio denuncia la injerencia de las autoridades argelinas en el ejercicio independiente de la profesión de la abogacía.
El Observatorio recuerda al Estado su obligación de garantizar la independencia de la abogacía y el libre ejercicio de su profesión, de conformidad con sus compromisos internacionales.
El Observatorio exige que el Sr. Zimeray pueda ejercer su profesión sin obstáculos y que cese inmediatamente cualquier presión sobre el Sr. Sansal en relación con su elección de abogado.
El Observatorio permanecerá atento a cualquier vulneración de los derechos de la abogacía y seguirá defendiendo la independencia del Colegio de Abogados contra cualquier intento de injerencia o discriminación.
