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En el poder desde hace 26 años, la elección de Alexander Lukashenko para un sexto mandato en agosto de 2020 ha provocado una ola de protestas y manifestaciones en el país. De hecho, su victoria electoral del 80% ha suscitado serias dudas sobre la legalidad de las elecciones. El clima de tensión que reina desde las elecciones entre los manifestantes y opositores al régimen, por un lado, y las fuerzas gubernamentales, por otro, está empeorando cada vez más las condiciones en las que los abogados y abogadas ejercen su profesión.
Los y las profesionales que prestan asistencia jurídica a los manifestantes antigubernamentales corren el riesgo de ser detenidos, de que suspendan su licencia para ejercer e incluso de ser inhabilitados. Según la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), desde el verano de 2020, más de 23 abogados han sido inhabilitados. Las justificaciones de estas inhabilitaciones suelen ser objeto de debate.
Por ejemplo, el abogado bielorruso Mikhail Kirilyuk, que representaba legalmente a un manifestante, fue amenazado y se le retiró la licencia para ejercer por hacer «comentarios groseros» y «declaraciones públicas inaceptables» sobre «funcionarios del gobierno».
Recientemente, el 6 de septiembre, el abogado Maksim Znak, que representaba legalmente a Sviatlana Tsikhanouskaya, principal candidata opositora de Alexander Lukacenko en las elecciones presidenciales de 2020, y que también apoyaba a Viktor Babariko, un antiguo candidato que contaba con un gran número de intenciones de voto antes de ser detenido por «delitos financieros», fue condenado a 10 años de prisión por «conspirar para tomar el poder por medios inconstitucionales», «crear y dirigir una formación extremista» y «llamar a acciones que socavan la seguridad nacional» en los medios de comunicación.[1]
La situación empeora desde que Alexander Lukahenko aprobó el pasado mes de junio una nueva ley que, entre otras cosas, establece que sólo los candidatos aprobados por el Ministerio de Justicia podrán ejercer la abogacía. Esto equivale al control gubernamental de la profesión jurídica. Hasta ahora, todos los candidatos tenían que aprobar el examen de acceso a la abogacía antes de convertirse en abogados y abogadas. Con la nueva ley, el Ministerio de Justicia coordina la composición de los colegios de abogados y sólo exige un periodo de prácticas de tres meses y un examen oral a los miembros de la policía u otros cuerpos de investigación en el caso de ser nombrados por sus respectivas instituciones. Para el actual Ministro de Justicia bielorruso, Oleg Slizhevsky, el objetivo de la nueva ley, que entrará en vigor a finales de este año, sería «elevar la calidad de los profesionales del derecho y mejorar su defensa».[2]
Por todo ello, la profesión de la abogacíaen Bielorrusia está más amenazada que nunca. Además de la persecución de los abogados en ejercicio, identificación con las causas de sus clientes, amenazas, detenciones, suspensión de las licencias e inhabilitación arbitraria, el gobierno podrá ahora ejercer un control directo sobre el acceso a la profesión facilitando el acceso de los miembros de la fuerzas policiales.
Es fundamental recordar que la protección del libre e independiente ejercicio de la profesión jurídica es un principal indicador de un Estado de Derecho eficaz.
El OIAD condena firmemente la injerencia del gobierno en la profesión jurídica bielorrusa y está profundamente preocupada por las presiones a las que se enfrentan los abogados.
EL OIAD insta al Gobierno de Bielorrusia a respetar las garantías relativas a la profesión de la abogacía, de acuerdo con los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados (1990):
“Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; b) puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto dentro de su país como en el exterior; y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión.” (Principio n°16).
“Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada.” (Principio n°17).
“Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones.” (Principe n°18).
« Los abogados gozarán de inmunidad civil y penal por las declaraciones que hagan de buena fe, por escrito o en los alegatos orales, o bien al comparecer como profesionales ante un tribunal judicial, otro tribunal u órgano jurídico o administrativo. » (Principio n°20).
[1] Twitter, 6 Septembre 2021 (https://twitter.com/EP_President/status/1434874910426509316?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1434888584436326407%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es3_&ref_url=https%3A%2F%2Fadministration.actualitte.com%2Farticles%2F102286%2Fmodifier)
[2] “Belarus tightens grip on lawyers”, by Joanna Plucinska, Matthias Williams, Andrius Sytas on August 23, 2021, Reuters.com (https://www.reuters.com/article/uk-belarus-politics-lawyers-insight/belarus-tightens-grip-on-lawyers-idUKKBN2FO0SZ)
