ALERTA 06/08/2026
ALERTA 24/09/2024
6 août 2026
Exilée depuis 2019, l’avocate et défenseuse des droits humains Leyla Carolina Prado continue de faire l’objet de représailles de la part des autorités nicaraguayennes. Le harcèlement s’étend désormais à son entourage familial et à l’exercice de sa profession.
En janvier 2025, sa fille aînée, résidant aux États-Unis, s’est vu arbitrairement refuser l’entrée au Nicaragua alors qu’elle tentait de se rendre dans le pays. Les autorités chargées de l’immigration lui ont refusé l’entrée sans fournir d’explication ni de fondement juridique, ce qui constitue une nouvelle mesure de représailles à l’encontre de la famille de l’avocate.
Par la suite, le 27 février 2025, des personnes identifiées comme appartenant au Front sandiniste de libération nationale (FSLN) se sont rendues au domicile de l’avocate au Nicaragua dans le but de lui remettre une carte de membre du parti. Cet acte, enregistré par les caméras de sécurité du domicile, s’inscrit dans le cadre des pratiques d’intimidation, de surveillance et de contrôle social documentées par les organismes internationaux de défense des droits de l’homme, et constitue un nouveau message de pression à l’encontre de la défenseuse et de sa famille.
Plus récemment, le 9 juillet 2026, Leyla Carolina Prado a appris que la Cour suprême de justice l’avait radiée du Registre national des avocats, la privant arbitrairement de son droit d’exercer la profession d’avocate. Cette mesure a été adoptée sans notification préalable, sans procédure disciplinaire et sans garantie de son droit à la défense. L’Observatoire a récemment dénoncé cette mesure qui a touché environ deux mille avocats considérés comme des opposants par le gouvernement.
Ces faits témoignent de la persistance d’un schéma de persécution et de représailles à l’encontre de Leyla Carolina Prado, visant tant à entraver son travail d’avocate défenseuse des droits de l’homme qu’à exercer une pression sur son entourage familial, même des années après son exil forcé.
L’Observatoire maintient sa condamnation ferme du harcèlement persistant dont font l’objet les avocats nicaraguayens engagés dans la défense des droits humains. Il exhorte par ailleurs les autorités nicaraguayennes à mettre fin aux représailles contre Leyla Carolina Prado et à garantir le libre exercice de la profession d’avocat.
24 de septiembre de 2024
Leyla Carolina Prado, abogada comprometida con la defensa de los derechos humanos, ha defendido a víctimas de represión gubernamental en el contexto de la crisis política y social que se desató en Nicaragua en 2018. Amenazada de muerte, se vio obligada a huir al exilio junto a su familia en 2019.
Tras 16 años ejerciendo como Fiscal del Ministerio Público, Leyla Carolina Prado decidió renunciar al cargo en febrero de 2016 por su inconformidad con la instrumentalización política de la institución. Desde 2018, la abogada formó parte de un grupo de abogados delegados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), especializado en la defensa jurídica de presos políticos. Asimismo, asumió la defensa legal de otros compañeros perseguidos, como el caso conocido de la abogada María Oviedo, condenada y posteriormente expulsada del país, así como el del abogado Eddy Montes Praslin, asesinado en prisión.
Por asumir la defensa de estos y otros casos, la abogada estuvo expuesta a graves riesgos, siendo perseguida y asediada en la sede de la CPDH, de la Policía y del Ministerio Público. Sufrió también un atentado en su vehículo mientras defendía el caso del asesinato de Eddy Montes Praslin. La abogada denuncia incluso haber recibido ofensas verbales en sede judicial y una obstaculización continuada de su labor de defensa por parte del Ministerio Público.
En agosto de 2019, la abogada recibió amenazas de muerte en redes sociales dirigidas contra ella y sus hijos. Las amenazas de muerte se incrementaron culminándose en un asedio por parte de paramilitares en septiembre de 2019, advirtiéndole que se arrepentiría de su trabajo y dejando escrita la palabra “Plomo” frente a su casa, lo que, en el contexto de la represión en Nicaragua, significa muerte.
A pesar de que la abogada era beneficiaria de Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Nicaragua no garantizó su seguridad ni la de su familia y la abogada tuvo que abandonar el país para preservar su vida la de sus hijos. Desde el exilio, la abogada denuncia las represalias sufridas por su familia en los últimos años en relación con su labor de defensa de los derechos humanos.
El Observatorio mantiene su firme condena del persistente acoso a la abogacía nicaragüense comprometida con la defensa de los derechos humanos.
El Observatorio exige que se lleve a cabo una investigación seria, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas, intimidaciones y acoso contra la abogada Leyla Carolina Prado y los profesionales de la abogacía, y que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad y la de sus compañeros en el ejercicio de su profesión.
El Observatorio recuerda que, de conformidad con los principios básicos de las Naciones Unidas relativos al papel de la abogacía, en particular los principios 16 y 17:
Principio 16: “Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; (…) y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión.”
Principio 17: «Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada.»