ALERTA 06/08/2026
ALERTA 24/09/2024
6 de agosto 2026
La abogada y defensora de derechos humanos Leyla Carolina Prado, exiliada en 2019, continúa siendo objeto de represalias por parte de las autoridades nicaragüenses, extendiéndose el hostigamiento a su entorno familiar y a su ejercicio profesional.
En enero de 2025, su hija mayor, residente en Estados Unidos, fue impedida arbitrariamente de ingresar a Nicaragua cuando intentó visitar el país. Las autoridades migratorias le negaron la entrada sin ofrecer explicación ni fundamento legal, en un acto que constituye una nueva represalia contra la familia de la defensora.
Posteriormente, el 27 de febrero de 2025, personas identificadas con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) acudieron al domicilio de la abogada en Nicaragua con el propósito de entregarle un carné de militancia del partido. Este acto, registrado por las cámaras de seguridad de la vivienda, se enmarca en las prácticas de intimidación, vigilancia y control social documentadas por organismos internacionales de derechos humanos, y supone un nuevo mensaje de presión hacia la defensora y su familia.
Más recientemente, el 9 de julio de 2026, Leyla Carolina Prado tuvo conocimiento de que la Corte Suprema de Justicia la había eliminado del Registro Nacional de Abogados, inhabilitándola arbitrariamente para ejercer la abogacía. La medida fue adoptada sin notificación previa, sin procedimiento disciplinario y sin garantizar su derecho de defensa. El Observatorio denunció recientemente esta medida que afectó a aproximadamente dos mil abogados considerados opositores por el Gobierno.
Estos hechos evidencian la continuidad del patrón de persecución y represalias contra Leyla Carolina Prado, dirigido tanto a obstaculizar su labor como abogada defensora de derechos humanos como a ejercer presión sobre su entorno familiar, incluso años después de su exilio forzado.
El Observatorio mantiene su firme condena del persistente acoso a la abogacía nicaragüense comprometida con la defensa de los derechos humanos. Asimismo, insta a las autoridades nicaragüenses a poner fin a las represalias contra Leyla Carolina Prado y garantizar el libre ejercicio de la abogacía.
24 de septiembre de 2024
Leyla Carolina Prado, abogada comprometida con la defensa de los derechos humanos, ha defendido a víctimas de represión gubernamental en el contexto de la crisis política y social que se desató en Nicaragua en 2018. Amenazada de muerte, se vio obligada a huir al exilio junto a su familia en 2019.
Tras 16 años ejerciendo como Fiscal del Ministerio Público, Leyla Carolina Prado decidió renunciar al cargo en febrero de 2016 por su inconformidad con la instrumentalización política de la institución. Desde 2018, la abogada formó parte de un grupo de abogados delegados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), especializado en la defensa jurídica de presos políticos. Asimismo, asumió la defensa legal de otros compañeros perseguidos, como el caso conocido de la abogada María Oviedo, condenada y posteriormente expulsada del país, así como el del abogado Eddy Montes Praslin, asesinado en prisión.
Por asumir la defensa de estos y otros casos, la abogada estuvo expuesta a graves riesgos, siendo perseguida y asediada en la sede de la CPDH, de la Policía y del Ministerio Público. Sufrió también un atentado en su vehículo mientras defendía el caso del asesinato de Eddy Montes Praslin. La abogada denuncia incluso haber recibido ofensas verbales en sede judicial y una obstaculización continuada de su labor de defensa por parte del Ministerio Público.
En agosto de 2019, la abogada recibió amenazas de muerte en redes sociales dirigidas contra ella y sus hijos. Las amenazas de muerte se incrementaron culminándose en un asedio por parte de paramilitares en septiembre de 2019, advirtiéndole que se arrepentiría de su trabajo y dejando escrita la palabra “Plomo” frente a su casa, lo que, en el contexto de la represión en Nicaragua, significa muerte.
A pesar de que la abogada era beneficiaria de Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Nicaragua no garantizó su seguridad ni la de su familia y la abogada tuvo que abandonar el país para preservar su vida la de sus hijos. Desde el exilio, la abogada denuncia las represalias sufridas por su familia en los últimos años en relación con su labor de defensa de los derechos humanos.
El Observatorio mantiene su firme condena del persistente acoso a la abogacía nicaragüense comprometida con la defensa de los derechos humanos.
El Observatorio exige que se lleve a cabo una investigación seria, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas, intimidaciones y acoso contra la abogada Leyla Carolina Prado y los profesionales de la abogacía, y que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad y la de sus compañeros en el ejercicio de su profesión.
El Observatorio recuerda que, de conformidad con los principios básicos de las Naciones Unidas relativos al papel de la abogacía, en particular los principios 16 y 17:
Principio 16: “Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; (…) y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión.”
Principio 17: «Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada.»