Rusia: las autoridades rusas agravan las acusaciones contra Maria Bontsler
26 de marzo de 2026
El OIAD expresa su profunda preocupación por el agravamiento de los cargos imputados a la abogada Bontsler, detenida desde mayo de 2025. El 5 de marzo de 2026, los cargos en su contra fueron reclasificados, pasando de «colaboración secreta con un Estado extranjero, una organización internacional o extranjera» a «alta traición», un delito que puede conllevar una pena de cadena perpetua.
Esta nueva acusación sustituye a las alegaciones iniciales sin que se haya presentado ningún nuevo elemento de prueba. Los cargos se basan en una supuesta correspondencia, encontrada en su cuenta personal de Telegram, con un presunto «oficial ucraniano». Las fuerzas del orden accedieron a esta información tras incautar el teléfono de la abogada, recurriendo, según algunas informaciones, a la fuerza física. Esta situación suscita serias preocupaciones en cuanto al respeto del secreto profesional y a la protección de la profesión de la abogacía.
Asimismo, Maria Bontsler habría sido víctima de violencia y malos tratos durante su detención, presuntamente destinados a obligarla a revelar el acceso a su teléfono, posteriormente utilizado como prueba en el procedimiento. Según su abogado, sus brazos fueron torcidos detrás de la espalda mientras estaba esposada, y sus dedos fueron forzados, lo que le causó intensos dolores.
Las condiciones de detención de la abogada siguen siendo preocupantes. Bontsler estaría sometida a presiones reiteradas. Al padecer hipertensión arterial, no habría recibido durante un período prolongado la atención médica necesaria para su estado de salud, lo que ha provocado un deterioro de su condición física. Dada la edad de la abogada (65 años), una condena de este tipo podría equivaler, en la práctica, a una pena de por vida.
Su equipo de defensa dispone de un plazo muy limitado para examinar el expediente. Dado que el caso ha sido clasificado como confidencial, porque presuntamente contiene «información que constituye secreto de Estado», la defensa no está autorizada a tomar notas ni a retirar extractos del expediente para trabajar fuera de la sala de consulta designada.
El Observatorio considera que estos procedimientos se inscriben en un contexto más amplio de presiones ejercidas contra los abogados y abogadas por las autoridades rusas.
El Observatorio recuerda que la criminalización del ejercicio mismo de la profesión de la abogacía constituye una grave vulneración de la independencia de la defensa y del derecho a un juicio justo.
El Observatorio insta a las autoridades rusas a garantizar el respeto de los derechos fundamentales de la abogada Bontsler, incluido su derecho a un juicio justo, a la protección contra los malos tratos y a un acceso efectivo a la atención médica necesaria.
El Observatorio solicita que toda denuncia de tortura sea objeto de una investigación independiente e imparcial, y que las pruebas obtenidas bajo coacción sean excluidas del procedimiento.
Por último, el Observatorio recuerda a la Federación de Rusia sus obligaciones en virtud del derecho internacional, en particular la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 14.3 dispone que «(…) toda persona acusada de un delito tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías: (…) b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; (…)».
