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UN CONTEXTO NACIONAL CONFLICTIVO
Colombia está marcada por profundas crisis. Durante más de 50 años ha sufrido un conflicto armado interno en el que participan el Estado, los paramilitares, la guerrilla y los narcotraficantes. Colombia también se enfrenta a una grave crisis social, con una sociedad fuertemente dividida y grandes desigualdades. Esta situación conlleva numerosas violaciones de los derechos humanos de la población que quedan en gran medida impunes.
CONFLICTO ARMADO NO RESUELTO
En 2016, la firma de los acuerdos de paz en La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) puso oficialmente fin al conflicto armado. Sin embargo, el proceso de paz aún no ha concluido. Se han suspendido las negociaciones con la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional) y los grupos paramilitares y el narcotráfico siguen creciendo. A pesar de que el tratado creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para facilitar la reconciliación nacional y satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto, la población sigue sufriendo abusos y los abogados defensores sufren coacciones que obstaculizan su trabajo.
REPRESIÓN DE PROTESTAS SOCIALES
En 2021, la ciudadanía reanudó las protestas en todo el país contra el Gobierno por una propuesta de reforma fiscal que les perjudicaba gravemente. El Gobierno reprendió estas manifestaciones, reaccionando con un ataque contundente al Estado de Derecho, siendo denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y numerosas organizaciones nacionales e internacionales. Esta situación ha provocado que la demanda de asistencia jurídica a las víctimas de detenciones, torturas, desapariciones, agresiones sexuales y otros ataques haya aumentado considerablemente. Los abogados comprometidos que asumen estos casos son, a menudo, objeto de represalias.
ASUNTOS SENSIBLES
Los asuntos que pueden considerarse más sensibles para los abogados en Colombia son aquellos que tienen que ver con la restitución de tierras, las ejecuciones extrajudiciales, el medio ambiente o los que se presentan ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Las represalias se multiplican cuando denuncian los supuestos vínculos entre grupos paramilitares, guerrillas y autoridades.
El patrón de acoso es reiterativo: vigilancia, robo de material de trabajo, estigmatización y difamación de las actividades profesionales y graves amenazas a los abogados y sus familiares. Los niveles de amenazas y violencia es en ocasiones tan alto que los abogados se ven obligados a exiliarse. Los asesinatos de abogados y abogadas en Colombia continúan, en lo que va de 2021, cinco abogados han sido asesinados por motivo de su profesión.
El Estado colombiano no está garantizando la tutela judicial efectiva en estos casos. Por el contrario, las agencias de inteligencia del Estado someten con frecuencia a los abogados a operaciones de vigilancia ilegal. El uso de procedimientos de acoso con la amenaza de emprender acciones legales contra los abogados es también otra técnica represiva comúnmente utilizada.
AUSENCIA DE UN COLEGIO DE ABOGADOS QUE PROTEJA A LA ABOGACÍA
Los 334.508 abogados colombianos activos no cuentan con una institución profesional oficial que apoye, garantice y proteja el libre ejercicio de la profesión de la abogacía.
El Consejo Superior de la Judicatura reúne a magistrados, jueces, fiscales y abogados. Su función con respecto a los abogados se limita a su registro y a su control disciplinario. Este organismo, que depende del Ministerio de Justicia, no cumple los criterios de independencia e imparcialidad que han de proteger el ejercicio de la profesión.
La falta de unidad e independencia institucional de la profesión ha llevado a la creación de diversas asociaciones y colectivos en función de su actividad e intereses, a veces conflictivos.
La falta de unidad e independencia institucional de la profesión es un factor adicional de vulnerabilidad para los abogados que trabajan en asuntos delicados y son equiparados con las causas de sus clientes.
PERFILES DE ABOGADOS AMENAZADOS
Reinaldo Villalba Vargas 
Amenazado por su participación en la lucha contra la impunidad del expresidente Álvaro Uribe
Reinaldo Villalba Vargas representa al senador Iván Cepeda en el proceso que lleva la Corte Suprema de Justicia de Colombia contra el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. Se trata del caso que ha tenido mayor repercusión pública en el país, ya que Álvaro Uribe se convirtió en el primer expresidente colombiano en declarar ante la Corte Suprema de Justicia por los crímenes cometidos durante el conflicto armado entre el Estado y la guerrilla.
Desde que el abogado se hizo cargo del caso, es víctima de una campaña de desprestigio que le define como defensor del terrorismo y colaborador de la guerrilla.
Adil Jose Meléndez Marquez
Perseguido por defender a las comunidades afrocolombianas
Adil defiende los derechos de las comunidades afrocolombianas de la región de Bolívar. Especialista en asuntos de restitución de tierras y en la persecución de actos paramilitares, este caso es un perfecto ejemplo de la violencia y la desprotección que sufren los pocos abogados que asumen este tipo de asuntos. Adil ha recibido amenazas de muerte de grupos paramilitares, ha sobrevivido a tres intentos de asesinato, ha tenido el teléfono pinchado y ha sufrido seguimientos.
A pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno colombiano que adoptara medidas de protección para el abogado en 2006, éstas han resultado insuficientes. A pesar de los riesgos que conlleva, Adil sigue trabajando incansablemente por la justicia.
Zoraida Hernández Pedraza
Forzada al exilio: objetivo de los grupos paramilitares
Zoraida representa a víctimas de graves violaciones de derechos humanos y ha asesorado a comunidades campesinas y afrodescendientes para que reclamen sus derechos en Colombia. Fue asesora jurídica en las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN. A causa de su trabajo, ha sido constantemente amenazada y perseguida, bajo constante vigilancia e interceptación de las comunicaciones, hasta el punto de ser declarada objetivo militar por grupos paramilitares en varias regiones de Colombia. Zoraida se vio obligada al exilio.
Germán Romero Sánchez
Amenazado por su implicación en la persecución judicial de militares
Germán Romero es un abogado de derechos humanos que ha sido perseguido por intentar sacar a la luz los delitos en los que están implicados oficiales de alto rango del ejército nacional. Por motivo de su trabajo, ha sido víctima de robos de información y equipos informáticos, así como de seguimiento y vigilancia de sus actividades profesionales y personales. Germán Romero también ha recibido amenazas de muerte por teléfono. A pesar de las denuncias del abogado por las agresiones sufridas, ninguna investigación penal o disciplinaria ha progresado.
Las medidas de protección concedidas a Romero por las autoridades gubernamentales desde 2014 han resultado totalmente inadecuadas. Tanto es así que a mediados de 2021 se vio obligado a abandonar el país para incorporarse a un programa de protección temporal en el extranjero.
DOCUMENTACIÓN
Material para el Día Mundial 2022 que puede utilizar y distribuir libremente:
- Un documento sobre el Día Mundial de Colombia 2022
Francés/ Inglés/ Español/ Italiano/ Alemán
- Un kit de movilización para el Día Mundial :
Francés/ Inglés/ Español/ Italiano/ Alemán
Para más información sobre la situación de los abogados en riesgo en Colombia, lea el informe de la coalición del Día del Abogado en Riesgo en el siguiente ENLACE.
