COLOMBIA: Comunicado de prensa de la VII Caravana Internacional de Juristas

COLOMBIA: Comunicado de prensa de la VII Caravana Internacional de Juristas

Bogotá, 26 de agosto de 2022 –

La VII Caravana Internacional de Juristas ha viajado a las regiones de Cali, Bucaramanga, Cartagena y Cúcuta donde ha podido comprobar, mediante la escucha, observación y recopilación de testimonios con las víctimas y familiares de violaciones de derechos humanos, sus representantes legales, jueces e instituciones, estos hallazgos preliminares.

Un punto de partida es la preocupación por la falta de implementación del Acuerdo de Paz, así como la continuidad del conflicto armado, los graves y crecientes niveles de violencia perpetrados por actores armados ilegales, involucrados en el narcotráfico y otras actividades delictivas en las regiones.

Otros elementos centrales de la compleja problemática incluyen los altos y crecientes niveles de pobreza y necesidades básicas insatisfechas compartidos por las comunidades; así como los conflictos generados en torno al acceso al agua, la tierra y la presencia de proyectos extractivos que amenazan el agua y otros recursos naturales.

La Caravana está muy preocupada por las graves amenazas al estado de derecho que limita el acceso a la justicia, la represión de participación política y la protesta social, y la falta de garantías de seguridad para los que realizan la vital labor de los derechos humanos en Colombia.

1. Represión y criminalización de la participación política y la protesta social: La Caravana está preocupada por las denuncias de ataques contra los movimientos sociales y los grupos que promueven visiones críticas y contrarias a temas de importancia nacional. Nos han informado de montajes judiciales en contra de jóvenes y líderes sociales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, asesinatos y lesiones como las de violencia ocular. Hemos escuchado testimonios de amenazas y hostigamiento a las organizaciones que les apoyan, la ausencia de respeto del debido proceso y garantías en las detenciones, con irregularidades en los procesos judiciales con acusaciones poco fundadas de terrorismo, rebelión y concierto para delinquir. Y con especial preocupación, hemos escuchado testimonios sobre la violencia sexual a las mujeres encarceladas y detenidas.

2. Ataques contra la labor de abogacía : nos han compartido patrones preocupantes que impiden el libre ejercicio de la abogacía, como escuchas ilegales por parte de agentes del Estado, la estigmatización de su labor al confundirlos con sus defendidos, la criminalización por medio de montajes judiciales de defensores y defensoras de derechos humanos, abogados y abogadas, y jueces, y la ausencia de esquemas adecuados de protección individuales y colectivas.

3. Condiciones en cárceles y centros de detención temporal: nos han reportado condiciones denigrantes, debido al hacinamiento, la falta de acceso a derechos básicos-,comida, agua y atención médica-, denuncias de tortura física y sicológica en cárceles, estaciones de policía y centros de detención, así como un uso indebido de los centros de detención temporal.

4. Falta de acceso a la justicia para las comunidades campesinas, afrocolombianas y pueblos indígenas: nos han informado de ataques y desplazamientos forzados por megaproyectos relacionados con intereses económicos, o del Ejército, la Policía, paramilitares, guerrilleros y otros grupos al margen de la ley. Nos preocupa la estigmatización de las comunidades como pertenecientes a grupos de insurgencia armada.
En las zonas fronterizas nos han compartido el aumento de la trata, y de otras formas de violencia de género, incluyendo un aumento alarmante del feminicidio y del reclutamiento de niños y niñas por parte de guerrillas, paramilitares y bandas criminales al servicio del narcotráfico y otras actividades delictivas.

5. Falta de independencia judicial : nos han compartido casos de amenazas contra jueces y miembros de comisión de restitución de tierras que fueron heridos y asesinados por hacer su labor. Hablamos con jueces que recibieron penas de larga duración con base al concepto legal de «prevaricato», un delito que pertenece a los delitos de estafa. También nos reportaron que el poder de la Fiscalía en estos casos es cuestionable, concretamente percibiendo que supone una amenaza a su autonomía como juez. El nivel de la sanciones y
el papel de la Fiscalía nos preocupa. A su vez hemos conocido de preocupantes ataques a fiscales, que se han visto amenazados y asesinados. Nos preocupa adicionalmente reportes de montajes judiciales y el papel de la Fiscalía en los mismos. Según las conversaciones con jueces y fiscales, se necesitan urgentemente recursos adicionales para proteger la independencia judicial.

6. Aumento alarmante de actores armados ilegales: hemos escuchado testimonios de su incidencia en posiciones de poder político, aumento de sus actividades delictivas y violentas, particularmente en zonas fronterizas con Venezuela.

7. Insuficiente implementación del Acuerdo de Paz: hemos observado que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no prioriza la comunicación inmediata con las víctimas en relación con el desarrollo de sus casos, se ha asignado la jurisdicción y la Fiscalía ha transferido casos individuales en contra de la voluntad de las víctimas de mantener sus casos en la jurisdicción ordinaria, y no cumple con las condiciones establecidas en el acuerdo de cooperación entre la oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional y el Gobierno de Colombia de 2021. Se ha advertido en territorios donde continúa el conflicto, los retos en la implementación de las sanciones propias; así como, del insuficiente respaldo de otras instituciones estatales a la JEP, lo que requiere un llamado al respeto por la independencia judicial de esta justicia transicional. Estos hechos han descentralizado a las víctimas en la JEP, han llevado a algunos casos a un limbo jurídico que pueda dar lugar a impunidad. A su vez, nos han reportado que el labor de la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales ha sido ineficiente y limitada, y que hay pocos avances en el programa de restitución de tierras y reforma agraria, debidos a la falta de voluntad política del gobierno anterior.

Finalmente, encontramos una sociedad civil y movimiento de derechos humanos activo, participativo, y entregado al fortalecimiento de un estado de derecho y en la construcción de la paz. Queremos agradecer al Estado y las embajadas por recibirnos, hablamos con representantes del Estado con un fuerte compromiso con los derechos humanos, sin embargo, siguen existiendo graves amenazas para el ejercicio de la abogacía y para la sociedad civil.

Son reflexiones preliminares de la VII Caravana, y posteriormente se presentará el informe final.

Bogotá 26 de Agosto 2022
colombian.caravana@gmail.com

 

Consulta el comunicado de prensa en pdf

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La VII Caravana Internacional de Juristas

La Caravana Internacional de Juristas, organización con sede en el Reino Unido que promueve el acceso a la justicia y el Estado de Derecho en Colombia, visitó Bogotá y varias regiones del país del 20 al 28 de agosto de 2022 en su séptima visita bienal desde 2008 para investigar las violaciones de derechos humanos y la situación de la abogacía y defensores en riesgo. En esta ocasión, la delegación estaba compuesta por 18 delegados de diversas nacionalidades (Reino Unido, Francia, España, Suiza, Italia, Holanda, México, Nicaragua, Trinidad y Tobago, Canadá y Estados Unidos), en representación de las siguientes organizaciones internacionales

 

 

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