Se debe poner fin a la persecución judicial de los abogados defensores de los derechos humanos Imaan Zainab Mazari-Hazir y Hadi Ali Chattha.
Lawyers for Lawyers, International Bar Association’s Human Rights Institute, Law Society of England and Wales, International Commission of Jurists y el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo expresan su profunda preocupación por el acoso judicial que están sufriendo los abogados paquistaníes defensores de los derechos humanos Imaan Zainab Mazari-Hazir y Hadi Ali Chattha. Hemos recibido información fiable que indica que la reciente acusación y el proceso penal contra la pareja, plagados de graves irregularidades y de la denegación de las garantías procesales, tienen por objeto obstaculizar su legítimo ejercicio profesional y tomar represalias contra ellos por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Imaan Zainab Mazari es una destacada abogada de derechos humanos que ha representado a víctimas de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y abusos bajo custodia, cuestionando con frecuencia la legalidad de las prácticas estatales llevadas a cabo por el ejército, la policía y las agencias de inteligencia. Su marido, Hadi Ali Chattha, es un abogado especializado en derechos humanos y en derecho penal que ha defendido a personas acusadas falsamente de blasfemia y ha prestado asistencia jurídica gratuita a través de la Asma Jahangir Legal Aid Cell y el Justice Project Pakistan en casos relacionados con violencia sexual, desapariciones forzadas y presos condenados a muerte. Ambos abogados han sido objeto de represalias, incluido el acoso judicial, por su labor en materia de derechos humanos y jurídica, y por su defensa abierta de la rendición de cuentas y el estado de derecho.
La causa penal más reciente contra Mazari y Chattha se deriva de unos tuits publicados entre 2021 y 2025 en los que se criticaba el papel del ejército pakistaní en las violaciones de los derechos humanos. El primer informe policial (FIR), presentado por la Agencia Nacional de Investigación de Delitos Cibernéticos (NCIA) el 22 de agosto de 2025, los acusa de «incitar a la división lingüística» y de insinuar que las fuerzas armadas son cómplices del terrorismo. El FIR hace referencia a comentarios en las redes sociales sobre desapariciones forzadas, el trato a activistas políticos pacíficos y las políticas antiterroristas y de seguridad del Estado, en particular en lo que respecta a la situación en las provincias de Khyber Pakhtunkhwa y Baluchistán. Sobre esta base, el caso se registró en virtud de los artículos de la Ley de Prevención de Delitos Electrónicos (PECA) de 2016,[1] lo que expone a Mazari y Chattha a penas que van de tres a catorce años de prisión y multas de hasta 50 millones de PKR por el ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión, protegido por el derecho internacional y pakistaní.
Tras su imputación formal el 30 de octubre de 2025, el juicio contra Mazari y Chattha ha avanzado rápidamente[2] y se ha visto empañado por irregularidades procesales y un aparente sesgo judicial, lo que ha suscitado serias preocupaciones sobre la imparcialidad y la legitimidad del juicio. A pesar de las pruebas de la presencia de Chattha en el tribunal, fue detenido el 29 de octubre por supuesta incomparecencia. El tribunal procedió a designar un abogado de oficio sin conceder a los acusados el tiempo suficiente para conseguir representación legal. Las audiencias se programaron sistemáticamente con poca antelación y, según se informa, el tribunal comenzó a registrar las pruebas antes de formular formalmente los cargos y en ausencia de los abogados defensores.
En audiencias consecutivas, se denegaron las solicitudes de tiempo adicional para preparar la defensa, mientras que las solicitudes para destituir a los abogados designados por el Estado fueron desestimadas sin la debida consideración. Según la defensa, Mazari y Chattha aún no han podido conseguir un abogado de su elección, ya que cada selección se ha realizado bajo presión y a partir de un grupo muy limitado de abogados dispuestos a aceptar el caso, y, según se informa, varios profesionales han rechazado la representación debido a las presiones y amenazas.
Durante la última vista celebrada el 24 de noviembre, el abogado designado por el Estado declaró que no podía representar de forma efectiva a Mazari ante el tribunal, alegando que no había tenido tiempo suficiente para preparar el caso y que se le había denegado el acceso al expediente, al tiempo que rechazaba una lista de preguntas para el contrainterrogatorio preparadas de antemano por la Fiscalía, calificándolas de intento flagrante de influir en el proceso.[3] Estas prácticas apuntan a violaciones sistémicas de las garantías de un juicio justo, incluido el derecho a elegir un abogado de su elección, y ponen en duda la integridad del proceso.
El juicio en curso forma parte de una tendencia más amplia y preocupante de persecución judicial destinada a agotar el tiempo y los recursos de los abogados, desacreditar su trabajo y obstaculizar su capacidad para representar a las víctimas de la violencia estatal. Las repetidas citaciones en casos basados en acusaciones infundadas han perturbado gravemente su práctica, obligándoles a comparecer ante múltiples tribunales de todo el país, supuestamente con la intención de desviar su atención de la defensa de clientes vulnerables.[4] Mazari y Chattha se encuentran actualmente en libertad bajo fianza en otros seis y cinco casos, respectivamente, entre los que se incluyen cargos antiterroristas relacionados con protestas pacíficas ante el Tribunal Superior de Islamabad, disputas con la policía de tráfico y discursos pronunciados en manifestaciones por los derechos humanos en defensa de la libertad de expresión. Estos casos también parecen carecer de base jurídica y fáctica y están claramente relacionados con el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.
Las organizaciones abajo firmantes recuerdan las obligaciones de Pakistán en virtud de los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados.
Según el Principio 16, los gobiernos deben «garantizar que los abogados (a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acoso o interferencias indebidas; (…) y (c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión».
El Principio 23 afirma que «los abogados, como los demás ciudadanos, tienen derecho a la libertad de expresión, creencias, asociación y reunión», y que «tendrán derecho a participar en el debate público de asuntos relativos a la legislación, la administración de justicia y la promoción y la protección de los derechos humanos».
Por último, el Principio 18 hace hincapié en que «los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones».
Estos principios también se reflejan en el Convenio para la Protección de la Profesión de la Abogacía del Consejo de Europa, que, una vez entre en vigor, estará abierto a la adhesión de todos los Estados del mundo.
El derecho a la libertad de expresión de Mazari y Chattha también está protegido por el artículo 19 de la Constitución de Pakistán, la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Como signatario del PIDCP, Pakistán está legalmente obligado a abstenerse de realizar actos que socaven el objeto y el propósito del tratado.
A la luz de estas preocupaciones, las organizaciones abajo firmantes instan a las autoridades pakistaníes a:
- Retirar inmediatamente todos los cargos y poner fin a los procedimientos penales contra Imaan Zainab Mazari-Hazir y Hadi Ali Chattha en relación con sus actividades profesionales legítimas y el ejercicio de la libertad de expresión;
- Cese inmediatamente todos los actos de acoso, intimidación e interferencia indebida en su legítima labor profesional;
- Garantice que todos los abogados/as de Pakistán puedan desempeñar sus funciones profesionales sin temor a represalias y sin restricciones indebidas, de conformidad con las normas internacionales.
FIRMANTES:
International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI)
International Commission of Jurists (ICJ)
Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD)
Law Society of England and Wales (LSEW)
Lawyers for Lawyers (L4L)
[1] El FIR se refiere a los artículos 9, 10, 11 y 26-A de la Ley de Prevención de Delitos Electrónicos de 2026 de Pakistán.
[2] Entre el 30 de octubre y el 26 de noviembre se han celebrado 20 audiencias, y la 21ª está prevista para mañana jueves 27.11.2025.
[3] Publicaciones en redes sociales en X el 25 de noviembre de 2025: @AsadAToor y @Saqibbashi156.
[4] En marzo de 2025, por ejemplo, ambos abogados fueron citados por la Agencia Federal de Investigación en Lahore por acusaciones vagas y no reveladas, lo que se consideró ampliamente como un intento de intimidarlos y enredarlos en procedimientos legales infundados. Mazari ya había sido detenida dos veces en 2023 por cargos relacionados con el terrorismo tras intervenir en una manifestación organizada por el Movimiento Pashtun Tahafuz (PTM). Sus detenciones fueron ampliamente condenadas como intentos de silenciarla y castigarla por representar a clientes políticamente sensibles.
