FILIPINAS: Informe de medio término sobre el EPU de Filipinas
Fecha del informe: febrero de 2026
Descripción:
El Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD), junto con Lawyers for Lawyers, Law Society of England and Wales, International Bar Association’s Human Rights Institute, the Foundation Day of the Endangered Lawyers and the European Association of Lawyers for Democracy and World Human Rights (ELDH) han presentado un informe de medio término sobre el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas sobre Filipinas. El informe consiste en una revisión sobre el grado de implementación de las recomendaciones relativas al Estado de derecho y al papel de la abogacía, aceptadas parcialmente por Filipinas durante el cuarto ciclo del EPU.
Esta revisión se centra en las recomendaciones relativas a la situación y los derechos de la abogacía en Filipinas. Durante el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), Filipinas recibió un total de 289 recomendaciones. Entre estas recomendaciones, 21 se referían específicamente a la protección de los defensores de derechos humanos, incluidos los abogados/as; siete pedían el fin del «red-tagging» y la reforma de la legislación que sustenta la «guerra contra las drogas» y las leyes antiterroristas; y 21 abordaban el aumento de la rendición de cuentas por las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves de derechos humanos que afectan a abogados/as y defensores/as de derechos humanos.
A los efectos del presente informe, las organizaciones firmantes se centran en tres ámbitos de interés:
- La independencia de la abogacía como fundamento del Estado de derecho
- Patrones de violaciones de derechos humanos contra abogados/as
- Responsabilidad por las violaciones cometidas contra abogados/as
Este informe presenta las conclusiones de las organizaciones firmantes sobre la aplicación de estas recomendaciones por parte de Filipinas, basándose en su trabajo continuo en el país, incluida la misión de investigación Caravana Filipina llevada a cabo en 2024. Las conclusiones indican que Filipinas no ha aplicado adecuadamente las recomendaciones aceptadas. Las autoridades no han tomado medidas para garantizar que los abogados/as puedan ejercer sus funciones profesionales libremente, sin intimidación, obstáculos, acoso o interferencias indebidas. Los incidentes documentados de violencia contra los profesionales de la abogacía forman parte de un esfuerzo más amplio y sistemático para reprimir a los y las abogadas que trabajan en defensa de los derechos humanos y el Estado de derecho. Prácticas como la vigilancia, la intimidación, el red tagging, la guerra jurídica y las ejecuciones extrajudiciales persisten, creando un efecto disuasorio que se extiende a la profesión jurídica en general.
Por ello, las organizaciones firmantes instan a las autoridades filipinas a que adopten medidas urgentes para proteger a los abogados/as, apliquen íntegramente las recomendaciones del EPU, pongan fin a la práctica del etiquetado rojo (red-tagging), revisen y modifiquen la legislación antiterrorista y otras leyes relacionadas, y garanticen la rendición de cuentas por las violaciones cometidas contra los profesionales de la abogacía.
