GUATEMALA: Organizaciones internacionales expresan preocupación por la detención del abogado Ramón Cadena
Lawyers for Lawyers, el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo, Juezas y Jueces para la Democracia, la Asociación de Abogadas y Abogados, Jueces y Fiscales de Derechos Humanos de Latinoamérica y el Caribe, y la Asociación Pro Derechos Humanos de España, organizaciones que conforman la Misión Internacional de Juristas por Guatemala, así como la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Lawyers’ Rights Watch Canada, la Comisión Internacional de Juristas (ICJ y la Fundación Paz y Solidaridad Euskadi, expresan su profunda preocupación por la detención del abogado Ramón Cadena, ocurrida el 10 de noviembre de 2025.
Ramón Cadena es un destacado abogado guatemalteco con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Entre abril de 2022 y junio de 2023, el Licenciado Cadena brindó asesoría jurídica ad honorem al movimiento estudiantil, docente y administrativo de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) en temas vinculados con el derecho a la protesta y la autonomía universitaria. Asimismo, acompañó la presentación de una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor del movimiento estudiantil y, en junio de 2023, participó en el acto público de entrega pacífica del campus central de la universidad.
El 16 de noviembre de 2023, agentes de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público allanaron su domicilio, girando una orden de captura en su contra, así como contra estudiantes y personal académico de la universidad. Los delitos imputados en la causa penal: usurpación agravada, depredación de bienes culturales, sedición y asociación ilícita.
El proceso en su contra ha estado marcado por graves violaciones al debido proceso. La audiencia de primera declaración del Sr. Cadena ha sido reprogramada en reiteradas ocasiones, en contravención del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable y a ser oído por un juez competente, independiente e imparcial. Pese a haberse presentado voluntariamente al proceso en enero de 2025, la audiencia fue aplazada sucesivamente —primero hasta julio, luego hasta el 23 de octubre, fecha para la cual la Misión Internacional de Juristas por Guatemala había informado formalmente al juez su intención de asistir como observadora imparcial. No obstante, dicha audiencia fue nuevamente pospuesta por razones administrativas del juzgado hasta el 27 de enero de 2026, prolongando injustificadamente la situación de incertidumbre jurídica y vulnerando las garantías judiciales y el derecho a la defensa del abogado Cadena.
Ante estas reiteradas dilaciones, que impidieron el ejercicio efectivo de su derecho de defensa, el abogado Cadena decidió presentarse personalmente ante el tribunal el 10 de noviembre. Sin embargo, fue arrestado sin que se celebrara la audiencia de primera declaración y sin que se levantara la orden de aprehensión, a pesar de su manifiesta voluntad de someterse al proceso judicial. Posteriormente, fue trasladado a la prisión Mariscal Zavala, donde permanece en un área aislada y reportada como insalubre. La audiencia de primera declaración ha sido fijada para el 14 de noviembre.
Las organizaciones firmantes observan que la información disponible sugiere que este proceso penal parece constituir una forma de persecución relacionada con su labor como defensor de derechos humanos y su ejercicio legítimo de la abogacía, en particular por la asesoría legal brindada al movimiento universitario. Esta situación se inscribe en un patrón de criminalización documentado por la Misión Internacional de Juristas por Guatemala en sus observaciones preliminares, que incluye:
- el inicio de procedimientos basados en acusaciones genéricas, recurriendo con frecuencia a tipos penales abiertos y a investigaciones superfluas
- la inobservancia de garantías procesales, reflejada en dilaciones excesivas, suspensiones reiteradas de audiencias y restricciones de acceso a los expedientes mediante declaraciones de reserva;
- el uso abusivo y desproporcionado de la prisión preventiva;
- la asignación de causas con posibles fines represivos a operadores judiciales cuestionados por su falta de independencia e imparcialidad.
Estos hechos contravienen las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 8), que garantizan el derecho a un juicio justo y a ser oído por un juez independiente e imparcial. Asimismo, violan los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados, que establecen que los abogados deben poder ejercer sus funciones sin sufrir intimidaciones, obstáculos o represalias derivadas del cumplimiento de su labor profesional.
En atención a lo anterior, las organizaciones firmantes exhortan a las autoridades del Estado de Guatemala a:
- Garantizar la celebración inmediata de la audiencia de primera declaración del Sr. Cadena, sin más dilaciones ni obstáculos administrativos.
- Garantizar condiciones de higiene y salubridad adecuadas para el Sr. Cadena durante su detención, asegurando un trato digno conforme a los estándares internacionales de derechos humanos y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela).
- Resolver de manera inmediata y ajustada a derecho la situación de privación de libertad del Licenciado Cadena, garantizando el respeto pleno de las garantías judiciales y del debido proceso, en cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado conforme al PIDCP y la CADH.
- Adoptar medidas para garantizar la independencia e imparcialidad del órgano judicial encargado de conocer la causa, evitando toda injerencia o presión indebida.
- Revisar y levantar la orden de aprehensión vigente, considerando la voluntad expresa del abogado de someterse al proceso judicial y la naturaleza desproporcionada de su detención.
- Abstenerse de utilizar el sistema de justicia penal como medio de intimidación o represalia contra profesionales del derecho por el ejercicio legítimo de su labor.
- Cumplir con los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados, garantizando que los abogados puedan ejercer su profesión sin sufrir amenazas, hostigamientos o interferencias indebidas.
