André Charleus

17 abril 2023

El OIAD ha recibido con horror la noticia del asesinato del abogado haitiano André Charleus, cuyo cuerpo fue posteriormente incinerado.

Abogado en la comuna de Montrouis, donde se prolonga desde hace varias semanas un conflicto de tierras, André Charleus defendía a los campesinos de Piatre, víctimas de saqueos y daños por parte de grupos armados de la región.

Cuando se dirigía a su domicilio, el miércoles 12 de abril de 2023, en Délugé, Arcahaie, André Charleus fue emboscado por unos individuos que abrieron fuego contra su vehículo. Su cuerpo fue arrastrado por la carretera nacional 1 y apareció quemado en la carretera.

Este asesinato se produce en un contexto de violencia generalizada en algunas regiones del país, con enfrentamientos cada vez más violentos y frecuentes entre bandas, que intentan ampliar sus territorios atacando a la población de las zonas controladas por sus rivales. En este contexto, el asesinato de André Charleus se produce pocos días después de que denunciara el incendio de unas 25 casas, el saqueo de propiedades y la confiscación de tierras por bandas armadas en la localidad de Piatre durante una entrevista con la organización «Tèt kole Ti Peyizan» el 10 de abril de 2023.

El Observatorio se indigna y condena enérgicamente el asesinato de André Charleus a causa de su profesión de abogado.

El Observatorio pide a las autoridades haitianas que lleven a cabo una investigación independiente, imparcial y transparente sobre el asesinato de André Charleus, contra quien se atentó por haber defendido a los campesinos de Piatre contra bandas armadas.

El Observatorio pide a las autoridades haitianas que protejan mejor a los profesionales del derecho, en particular a los abogados.

El Observatorio recuerda a las autoridades haitianas que la independencia de la profesión de abogado es uno de los principales indicadores de la salud democrática y de la consolidación del Estado de derecho. Esto está en consonancia con los Principios de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados (1990), que establecen que:

«Los gobiernos velarán por que los abogados (a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin obstáculos, intimidación, acoso ni injerencias indebidas; (…); y (c) no sean objeto de enjuiciamiento ni de sanciones económicas o de otra índole, ni de amenazas de tales sanciones, por actos realizados de conformidad con sus obligaciones y normas profesionales reconocidas y su ética profesional.» (Principio 16)

«Los abogados no serán equiparados a sus clientes o a la causa de sus clientes por razón del ejercicio de sus funciones.» (Principio 18)

«Los abogados, como todos los demás ciudadanos, gozarán de libertad de expresión, creencia, asociación y reunión». (Principio 23)