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Honduras: Bufete Justicia para los Pueblos denuncia intimidaciones en el Juicio del caso de los Defensores de Guapinol
12 de enero de 2022
El bufete hondureño Justicia para los Pueblos es un bufete especializado en la defensa legal de poblaciones campesinas e indígenas en Honduras, lleva más de XX asumiendo la representación de defensores medioambientales y campesinos que han visto vulnerados sus derechos por el Estado o por la gestión de macroproyectos energéticos.
El Bufete Justicia para los Pueblos ha interpuesto una denuncia el pasado lunes 24 ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) por unas supuestas intimidaciones al equipo legal de la defensa por parte de actores armados dentro de los juzgados de Tocoa, departamento de Colón, donde se están celebrando las vistas por el juicio a los 8 activistas medioambientales detenidos en el “Caso Guapinol”.
Esta denuncia, en la que figuran los nombres de los abogados, Carlo Jiménez, Mario Rojas y Kenia Oliva, describe a dos hombres que, sin identificarse en ningún momento y portando armas, entraron en compañía del Ministerio Público. Ante las demandas de identificación de estos actores armados la entidad pública aseguró que era por la protección de un perito y del propio ministerio, aunque declinó revelar la identidad o pertenencia a cuerpo de seguridad de estas personas lo que no solo es irregular sino que tiene apariencia delictiva según alegan los afectados.
El caso Guapinol, llamado así por la detención de 8 defensores medioambientales que defendían el rio del mismo nombre, ha tomado el relevo mediático del caso Berta Cáceres en Honduras y la exposición a la que se enfrentan los compañeros del Bufete Justicia para los Pueblos toma un nivel internacional.
El OIAD condena firmemente las intimidaciones denunciadas por el Bufete Justicia para los Pueblos.
El OIAD hace un llamamiento a las autoridades hondureñas para que garanticen el cese de las intimidaciones al equipo de la defensa de los acusados en el Caso Guapinol.
El OIAD recuerda a las autoridades hondureñas que la independencia de los abogados es uno de los elementos esenciales del Estado de Derecho. Ello, de conformidad con lo dispuesto en los Principios de Naciones Unidas para La Función de los Abogados (1990):
«Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas» (Principio 16)
«Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada.» (Principio 17)