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México: El Observatorio condena el asesinato de la abogada y defensora de derechos de las comunidades indígenas Patricia Rivera Reyes.
24 de marzo de 2022
La abogada y activista Patricia Susana Rivera Reyes, conocida por su compromiso con la defensa de los derechos de las comunidades indígenas, fue asesinada el sábado en su casa de Tijuana, Baja California.
Según la Fiscalía del Estado de Baja California, tres hombres armados irrumpieron en su casa de la ciudad fronteriza de Tijuana donde se celebraba una fiesta el sábado 19 de marzo por la noche. Los intrusos exigieron a los asistentes la entrega de sus objetos personales. Al parecer, Rivera Reyes reclamó que le devolvieran su teléfono móvil cuando uno de los asaltantes le disparó en la cabeza.
A principios de este año, el gobierno mexicano reconoció que 97 activistas y defensores de derechos humanos han sido asesinados bajo la actual administración desde el 1 de diciembre de 2018. Las autoridades afirmaron que el 90% de estos delitos aún no han sido sancionados.
El Observatorio desea reiterar las exigencias de la reciente condena al Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del asesinato de la abogada Digna Ochoa. En concreto, la obligación de elaborar «un protocolo específico y especializado para la investigación de ataques contra las defensoras y defensores de derechos humanos, que tengan en cuenta los riesgos inherentes a su labor, que exija un examen exhaustivo de la posibilidad de que el ataque esté motivado o vinculado a la promoción de los derechos humanos de la víctima, con perspectiva de género y de etnia».
El Observatorio condena el asesinato de Patricia Rivera Reyes y se solidariza con la familia y entorno de la víctima.
El Observatorio condena firmemente este asesinato y pide a las autoridades mexicanas que investiguen y sancionen a los autores con toda la diligencia debida, sin que los hechos queden impunes.
El Observatorio desea recordar a las autoridades mexicanas los Principios Básicos de Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados (1990), según los cuales :
“Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas;” (Principio 16).
“Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada.” (Principio 17)