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ALERTA: 26/02/2021
ALERTA: 12/06/2020
El Colectivo de abogados José Alvear Restrepo –CAJAR es una organización de derechos humanos con más de 40 años de experiencia en la representación de víctimas del conflicto armado ante instancias nacionales e internacionales. Recientemente, con la puesta en marcha de los organismos de justicia transicional que integran el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición el CAJAR ha participado activamente en la documentación de crímenes que involucran a actores estatales para ser presentados a través de informes.
El abogado Sebastián Escobar Uribe es uno de los abogados del CAJAR que ha participado en la documentación de ejecuciones extrajudiciales conocidos públicamente como “falsos positivos”, crímenes que han sido calificados por los operadores judiciales como delitos de lesa humanidad y de los que son responsables miembros de la Fuerza Pública. En el ejercicio del ejercicio de su profesión, además de la presentación de informes, también ha actuado frente a la Corte Penal Internacional en el contexto del examen preliminar sobre Colombia que, entre otros, se centra en este tipo de crímenes.
ALERTA; El abogado Sebastián Escobar amenazado nuevamente en el desempeño de su labor
2 de marzo de 2021
El 22 de febrero, el abogado Sebastián Escobar Uribe, miembro de CAJAR y representante de la familia Díaz Chamorro como víctimas reconocidas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fue amenazado mediante una llamada telefónica.
El abogado Sebastián Escobar Uribe es uno de los abogados del CAJAR que ha participado en la documentación de ejecuciones extrajudiciales conocidos públicamente como “falsos positivos”. Crímenes que han sido calificados por los operadores judiciales como delitos de lesa humanidad y de los que son responsables miembros de la Fuerza Pública. En el ejercicio de su profesión, además de la presentación de informes, también ha actuado frente a la Corte Penal Internacional en el contexto del examen preliminar sobre Colombia que, entre otros, se centra en este tipo de crímenes.
Sebastián Escobar Uribe recibió una llamada en su móvil que duró 33 segundos, en la cual un hombre le amenazó de muerte a él y a su representado Juan David Díaz Chamorro. Juan David Díaz Chamorro es el hijo de Edualdo Díaz Salgado, alcalde de El Roble (Sucre) asesinado el 10 de abril de 2003.
El abogado Sebastián Escobar Uribe relaciona esta amenaza con las recientes actuaciones que ha llevado a cabo, en representación de la familia Díaz Chamorro, ante la Sala de Definiciones de Situaciones Jurídicas de la JEP. Estas actuaciones se desarrollan tras el sometimiento voluntario en calidad de tercero del exgobernador de Sucre, Salvador Arana Sus, ya condenado en 2009 por la Corte Suprema de Justicia por el homicidio del alcalde asesinado.
El 11 de febrero de 2021 Juan David Díaz Chamorro fue admitido como víctima por la Sala de Definiciones Jurídicas de la JEP, tras presentar su solicitud en búsqueda de verdad y justicia.
La Sala de la JEP, minutos antes de que Sebastián Uribe recibiera la amenaza, notificó a la representación de las víctimas, la convocatoria a Arana Sus a una audiencia de contribución a la verdad los días 11 y 12 de marzo de 2021. Esta amenaza pretende intimidar al abogado y su representado en el proceso.
El OIAD condena firmemente las amenazas al abogado Sebastián Escobar Uribe y a su representado Juan David Díaz Chamorro.
El OIAD recuerda a las autoridades colombianas que la independencia de los abogados es uno de los principales indicadores de salud democrática y consolidación del Estado de Derecho. Ello, de conformidad con lo dispuesto en los Principios de Naciones Unidas para La Función de los Abogados:
«Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas» (Principio 16)
«Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada.» (Principio 17)
ALERTA: El OIAD reclama justicia, reparación y garantías de no repetición para el abogado Sebastián Escobar Uribe y Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
Viernes, 12 de junio de 2020
En fecha 3 de mayo de 2020 la Revista Semana publicó informaciones recogidas posteriormente por otros medios nacionales e internacionales, según las cuales miembros de la Fuerza Pública habrían utilizado herramientas informáticas destinadas a la persecución e investigación del delito, contra un total de 130 personas que incluyen, entre otros, periodistas, abogados, defensores de derechos humanos, funcionarios y representantes políticos. De forma ilícita y sin mediar investigación alguna referida a procesos judiciales que involucrasen a las personas afectadas.
En fecha 15 de mayo de 2020 la Corte Suprema de Justicia mediante auto decidió vincular a indagación preliminar por posibles interceptaciones ilegales al expresidente Álvaro Uribe. Este órgano judicial habría recibido información que señalaría al hoy senador como probable destinatario de la información recabada de forma ilícita.
Lo anterior confirmaría que las labores de inteligencia habrían sido puestas al servicio no de la persecución del delito sino de las personas que trabajan desde la legalidad por el respeto y la garantía de los derechos humanos. Una vez más. Con el recuerdo todavía vivo de los hechos análogos acontecidos a manos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad y la ausencia de investigaciones judiciales exhaustivas que permitiesen identificar sus responsables.
Frente a estas informaciones, el OIAD recuerda que la independencia de los abogados es uno de los principales indicadores de salud democrática y consolidación del Estado de Derecho. Ello, de conformidad con lo dispuesto en los Principios de Naciones Unidas para La Función de los Abogados, y en particular los Principios 16 y 17 que establecen lo siguiente:
Principio 16: “Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; b) puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto dentro de su país como en el exterior; y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión.”
Principio 17: “Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada.”
En este sentido, el OIAD dirigió una carta en fecha 8 de junio al Presidente de la República de Colombia el Sr. Iván Duque con el objeto de manifestar su apoyo al CAJAR y al abogado Sebastián Escobar y solicitar la consideración de las siguientes peticiones:
- Adoptar las medidas necesarias para que cese de forma inmediata toda labor de espionaje y vigilancia ilegal en contra del Colectivo José Alvear Restrepo y el conjunto de personas y organizaciones afectadas;
- Reconocer públicamente la labor desarrollada por las personas y colectivos que como el propio abogado Sebastián Escobar y CAJAR contribuyen de manera decisiva y en el marco de la legalidad a construir una sociedad más justa y democrática;
- Adoptar medidas de protección efectivas ajustadas a las necesidades de las personas afectadas;
- Velar porque se entregue a la justicia y a las autoridades correspondientes toda la información probatoria relevante para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de los responsables y la respectiva judicialización y sanción, sin que pueda seguir dándose prácticas de encubrimiento, persecución, amenazas y presión contra los miembros del Ejército Nacional que en calidad de testigos directos de los hechos han rendido sus declaraciones ante la justicia.
- Impulsar el diseño de una política orientada al desmantelamiento de las estructuras que han dado lugar a los hechos denunciados y ofrezca garantías de no repetición.
- Promover espacios de diálogo con los actores de la sociedad civil sobre los límites a la labor de inteligencia en una democracia, la depuración de estos organismos, así como la desclasificación, corrección y entrega de toda información adquirida ilegal o ilegítimamente contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Encuentra nuestra alerta completa aquí.