Preocupación por las amenazas de muerte contra los abogados Alirio Uribe, Yessika Hoyos Morales y tres integrantes del MOVICE
Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la IX Caravana Internacional de Juristas a Colombia, expresamos nuestra profunda preocupación por las amenazas de muerte contra los abogados de derechos humanos Yessika Hoyos Morales y Alirio Uribe, así como contra tres integrantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), capítulo Sucre: Candelaria Barrios Acosta, Malena Martínez Montoya y Juan David Díaz Chamorro. Las amenazas parecen estar relacionadas con su participación en los procesos judiciales relativos al asesinato de tres hombres en La Guaripa, Sucre. Instamos a las autoridades colombianas a investigar las amenazas de manera pronta y efectiva, garantizar la seguridad de las personas amenazadas y asegurar que las personas abogadas puedan ejercer sus funciones profesionales sin intimidaciones ni represalias.
Antecedentes
Yessika Hoyos Morales y Alirio Uribe son abogados de derechos humanos del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR), que han dedicado su carrera a la representación de víctimas de crímenes de Estado. Entre otros casos, han representado a las familias de tres hombres asesinados el 25 de enero de 2018 en La Guaripa, Sucre. En septiembre de 2026, el Tribunal Superior de Sincelejo condenó al exdirector de la Caja de Compensación Familiar de Sucre (Comfasucre) a 27 años de prisión por ordenar los asesinatos.
Tras la condena, el 18 de octubre de 2026, Yessika Hoyos Morales, Alirio Uribe y Candelaria Barrios Acosta recibieron en sus teléfonos móviles un mensaje que contenía amenazas de muerte contra ellas y otros dos integrantes del MOVICE, Malena Martínez Montoya y Juan David Díaz Chamorro. El mensaje advertía que, si el exfuncionario condenado era enviado a prisión, debían “comprar los cajones” y guardar silencio. También afirmaba que estaban siendo vigilados.
Riesgos que enfrentan las personas abogadas en Colombia
Desde 2008, nuestras organizaciones han documentado reiteradamente los riesgos y obstáculos que enfrentan las personas abogadas en Colombia para ejercer sus funciones profesionales de manera independiente y segura, a través de las misiones de investigación que realiza cada dos años la Caravana de Juristas. Durante la misión de 2026, las personas abogadas entrevistadas informaron sobre la persistencia de la estigmatización por las personas, comunidades y causas que representan, así como sobre amenazas, restricciones a la movilidad impuestas por actores armados, vigilancia y violencia digital. La Caravana también documentó preocupaciones por la falta de investigaciones efectivas sobre las amenazas y los ataques contra personas abogadas y defensoras de derechos humanos.
La Corte Constitucional también ha reconocido los riesgos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en Colombia. En la Sentencia SU-546 de 2023, la Corte declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional ante las violaciones persistentes, generalizadas y graves de los derechos fundamentales de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos, así como la insuficiencia de la respuesta institucional del Estado para protegerlas. La sentencia reconoció el carácter estructural de los obstáculos que enfrentan quienes defienden los derechos humanos y la necesidad de adoptar medidas efectivas para hacerles frente.
Los integrantes del CAJAR han enfrentado violencia, hostigamiento y amenazas desde la década de 1990, incluida la vigilancia sistemática por parte del entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Entre 2002 y 2010, varios de sus abogados y abogadas tuvieron que exiliarse para protegerse a sí mismos y a sus familias. El 18 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional de Colombia por el hostigamiento y la persecución sufridos por integrantes del CAJAR durante varias décadas, y determinó que se habían vulnerado, entre otros, sus derechos a la vida, a la integridad personal y a la vida privada. La sentencia reconoció el impacto grave y sostenido de estos actos en los integrantes del CAJAR y en su labor de defensa de los derechos humanos, y destacó la obligación de Colombia de reparar las violaciones y adoptar medidas para evitar que se repitan.
Incumplimiento de las obligaciones internacionales
Colombia está obligada por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) a proteger los derechos a la vida y a la libertad y seguridad personales (artículos 6 y 9 del PIDCP; artículos 4 y 7 de la CADH), así como garantizar recursos efectivos frente a las violaciones de derechos (artículo 2.3 del PIDCP; artículos 8 y 25 de la CADH). Cuando las autoridades tienen conocimiento de amenazas creíbles, deben adoptar medidas adecuadas para proteger a las personas en riesgo y llevar a cabo investigaciones prontas, efectivas e imparciales.
Asimismo, los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados establecen que los gobiernos deben garantizar que las personas abogadas puedan desempeñar sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acoso ni injerencias indebidas (Principio 16); proteger adecuadamente su seguridad cuando esta se vea amenazada como consecuencia del ejercicio de sus funciones profesionales (Principio 17); y abstenerse de asimilar a las personas abogadas con sus clientes o con las causas de estos (Principio 18).
De igual manera, el artículo 12.2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos insta a los Estados a proteger a las personas defensoras frente a la violencia, las amenazas, las represalias y cualquier otra acción arbitraria derivada del ejercicio legítimo de sus derechos humanos.
Las amenazas contra los abogados y los tres integrantes del MOVICE, que parecen estar relacionadas con su participación en los procesos judiciales relativos a los hechos de La Guaripa, suscitan serias preocupaciones respecto del cumplimiento de estas obligaciones internacionales por parte de Colombia. Estas amenazas no solo ponen en peligro a las personas afectadas, sino que también socavan la independencia de la profesión jurídica y el derecho de las víctimas a acceder a la justicia y a un recurso efectivo.
Llamamiento a las autoridades colombianas
A la luz de lo anterior, las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra solidaridad con Yessika Hoyos Morales, Alirio Uribe, Candelaria Barrios Acosta, Malena Martínez Montoya y Juan David Díaz Chamorro e instamos a las autoridades colombianas a:
- Investigar de manera pronta, exhaustiva, independiente y efectiva las amenazas de muerte denunciadas el 18 de octubre de 2026, incluida su posible relación con la participación de las personas afectadas en los procesos judiciales relativos a los hechos de La Guaripa, y llevar a las personas responsables ante la justicia, con pleno respeto de las garantías del debido proceso.
- Adoptar medidas de protección inmediatas y adecuadas para Yessika Hoyos Morales, Alirio Uribe, Candelaria Barrios Acosta, Malena Martínez Montoya y Juan David Díaz Chamorro, en consulta con las personas afectadas, entre otras medidas, mediante la activación de los protocolos de prevención pertinentes y la convocatoria de las instancias territoriales competentes de protección y garantías.
- Garantizar el ejercicio seguro e independiente de la profesión jurídica, de conformidad con los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados, y asegurar que las personas abogadas puedan representar a víctimas de violaciones de derechos humanos sin intimidaciones, estigmatización ni represalias.
Nuestras organizaciones continuarán dando seguimiento a esta situación e instamos a las autoridades colombianas a garantizar que todas las personas abogadas y defensoras de derechos humanos en Colombia puedan desempeñar sus funciones profesionales sin temor a amenazas, hostigamiento, represalias ni injerencias indebidas, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.
Organizaciones firmantes
Colombian Caravana UK Lawyers Group
Lawyers for Lawyers (L4L)
Fédération des Barreaux d’Europe (FBE)
Lawyers’ Rights Watch Canada (LRWC)
Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD)
