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ALERTA 29/01/2024
ALERTA 31/05/2022
COLOMBIA: Nuevas amenazas contra Yessika Hoyos
29 de enero de 2024
El Observatorio Internacional dela Abogacía en Riesgo (OIAD), condena las nuevas amenazas contra la abogada Yessika Hoyos, por haber representado a una de las víctimas de la masacre de Mondoñedo ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Se trata de la tercera ocasión en la que la abogada recibe graves amenazas relacionadas con este caso.
Yessika Hoyos, abogada comprometida y actualmente presidenta del Colectivo de Abogados Alvear Restrepo (CAJAR)[1], lucha por la defensa de los derechos humanos. En el marco de la antigua representación del caso de la masacre de Mondoñedo, la compañera Yessika Hoyos recibió su tercera amenaza de muerte el 22 de enero del año 2024, recibiendo un mensaje de texto en su móvil, indicando: “Vemos que sigue ayudando a ese guerrillero hp en Girardot de Alfonso ya esta es la segunda que se le dice que no meta sus narices donde (sic) no la llaman porque le puede pasar lo del hijo de él.”
A pesar de los llamamientos del OIAD, hasta el momento las autoridades colombianas no han mostrado resultados de las investigaciones realizadas en consecuencia de los acosos y del allanamiento llevado a cabo en su domicilio el 25 de mayo de 2022[2].
El Observatorio exige que se lleve a cabo una investigación seria, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas, intimidaciones y acoso contra la abogada Yessika Hoyos y los profesionales de la abogacía, y que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad y la de sus compañeros en el ejercicio de su profesión.
El Observatorio mantiene su firme condena del persistente acoso a la abogacía colombiana comprometida con la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad.
El observatorio muestra su preocupación ante un incremento de los ataques contra abogados miembros del CAJAR como consecuencia del ejercicio de su profesión[3].
El Observatorio recuerda que, de conformidad con los principios básicos de las Naciones Unidas relativos al papel de la abogacía, en particular los principios 16 y 17:
Principio 16: “Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; (…) y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión.”
Principio 17: «Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada.»
[1] Asociación de abogados defensores de derechos humanos dedicada a la representación de víctimas del conflicto armado en Colombia, tanto en instancias nacionales como internacionales.
[2] Alerta del OIAD, “Colombia: El Observatorio condena las nuevas amenazas recibidas por la abogada Yessika Hoyos Morales en el marco de su actividad profesional ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 31 de mayo de 2022. Disponible online
[3] Peace Brigades International-Canada, “PBI-Colombia calls for quick and effective investigations following attacks agains CAJAR Lawyers”, 16 de enero de 2024. Disponible online
Colombia: El Observatorio condena las nuevas amenazas recibidas por la abogada Yessika Hoyos Morales en el marco de su actividad profesional ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)
31 de mayo de 2022
La abogada defensora de derechos humanos Yessika Hoyos Morales, ha sufrido graves amenazas en su contra y un allanamiento en la última semana. Las amenazas recibidas hacen alusión a su labor como representante legal de una de las víctimas de la masacre de Mondoñedo en el procedimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El Sr. Alfonso Mora León, padre de la víctima representada por Yessika, también ha sufrido amenazas similares.
Yessika Hoyos Morales es abogada defensora de derechos humanos e integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR). El Colectivo de abogados José Alvear Restrepo –CAJAR es una organización de derechos humanos con más de 40 años de experiencia en la representación de víctimas del conflicto armado en Colombia, ante instancias nacionales e internacionales.
El Observatorio ha recibido información sobre las nuevas amenazas sufridas el 26 de mayo de 2022 contra la abogada Yessika Hoyos, así como contra el Sr. Alfonso Mora León, padre de una de las víctimas, a quien representa la abogada ante la Jurisdicción Especial para la Paz en el caso de la Masacre de Mondoñedo[1]. Las amenazas llegaron, de forma simultánea, a través de mensajes de texto dirigidos a la abogada y al Sr. Alfonso Mora León.
Asimismo, el día anterior, 25 de mayo de 2022, Yessika Hoyos detectó un allanamiento en su domicilio. Ambos hechos intimidatorios fueron denunciados por la abogada.
El Observatorio denuncia que no es la primera vez que la abogada y el sr. Mora son amenazados en el marco de su labor ante la JEP. El pasado 11 de junio fueron amenazados de muerte también a través de mensajes de texto, en relación con el caso de la Masacre de Mondoñedo.
Cabe señalar que próximamente se reanudarán las audiencias de aporte a la verdad ante la JEP en el caso de la Masacre de Mondoñedo.
El Observatorio muestra su preocupación por estos hechos intimidatorios que ponen en peligro el libre e independiente ejercicio de la abogacía, así como el efectivo acceso a la justicia de las víctimas.
El Observatorio condena firmemente las amenazas y el allanamiento sufrido por la abogada Yessika Hoyos y pide a las autoridades colombianas que investiguen y sancionen a los autores con toda la diligencia debida, sin que los hechos queden impunes.
El Observatorio hace un llamamiento a las autoridades colombianas para que garanticen el cese de cualquier ataque contra la abogada Yessika Hoyos Morales y otros abogados de derechos humanos en Colombia.
Frente a esta situación, el Observatorio recuerda que la independencia de la abogacía es uno de los principales indicadores de salud democrática y consolidación del Estado de Derecho. Ello, de conformidad con lo dispuesto en los Principios de Naciones Unidas para La Función de los Abogados.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los Principios de Naciones Unidas para La Función de los Abogados, y en particular los Principios 16, 17 y 18 que establecen lo siguiente:
Principio 16: “Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; b) puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto dentro de su país como en el exterior;”
Principio 17: “Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada.”
Principio 18: “Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones.”
[1] “La masacre de Mondoñedo, cometida el 6 y 7 de septiembre de 1996 por integrantes de la Policía Nacional-Dijin, dejó como víctimas a los jóvenes en la que fueron víctimas los jóvenes Vladimir Zambrano, Arquímedes Moreno, Jenner Alfonso Mora Moncaleano y Juan Carlos Palacio Gómez. El 7 de septiembre sus cuerpos fueron encontrados en el basurero del municipio de Mondoñedo ubicado en la Hacienda “Fute” cerca de la carretera que conduce de Mosquera a Soacha.
Antes del crimen, un grupo de hombres de la DIJIN había identificado, con ayuda de supuestos testigos, a estos seis jóvenes como miembros de la red urbana Antonio Nariño de la guerrilla de las Farc, que en 1995 activó un artefacto explosivo en la sede de la Policía en la localidad de Kennedy en Bogotá, el cual cobró la vida de tres uniformados. Los policías actuaron por su propia mano y ejecutaron a los jóvenes e incineraron sus cadáveres para evitar su reconocimiento.
El 3 de agosto de 2001, uno de los agentes involucrados William Nicolás Chitiva González, confesó los hechos y pidió excusas a los familiares. Luego fue asesinado junto con sus dos hijos en 2007, hechos que siguen en la impunidad. En 2013 y 2017 fueron condenados 8 integrantes de la Policía por estos hechos.”.