2022: Colombia

UN CONTEXTO NACIONAL CONFLICTIVO

Colombia está marcada por profundas crisis. Durante más de 50 años ha sufrido un conflicto armado interno en el que participan el Estado, los paramilitares, la guerrilla y los narcotraficantes. Colombia también se enfrenta a una grave crisis social, con una sociedad fuertemente dividida y grandes desigualdades. Esta situación conlleva numerosas violaciones de los derechos humanos de la población que quedan en gran medida impunes.

CONFLICTO ARMADO NO RESUELTO

En 2016, la firma de los acuerdos de paz en La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) puso oficialmente fin al conflicto armado. Sin embargo, el proceso de paz aún no ha concluido. Se han suspendido las negociaciones con la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional) y los grupos paramilitares y el narcotráfico siguen creciendo. A pesar de que el tratado creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para facilitar la reconciliación nacional y satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto, la población sigue sufriendo abusos y los abogados defensores sufren coacciones que obstaculizan su trabajo.

REPRESIÓN DE PROTESTAS SOCIALES

En 2021, la ciudadanía reanudó las protestas en todo el país contra el Gobierno por una propuesta de reforma fiscal que les perjudicaba gravemente. El Gobierno reprendió estas manifestaciones, reaccionando con un ataque contundente al Estado de Derecho, siendo denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y numerosas organizaciones nacionales e internacionales. Esta situación ha provocado que la demanda de asistencia jurídica a las víctimas de detenciones, torturas, desapariciones, agresiones sexuales y otros ataques haya aumentado considerablemente. Los abogados comprometidos que asumen estos casos son, a menudo, objeto de represalias.

ASUNTOS SENSIBLES

Los asuntos que pueden considerarse más sensibles para los abogados en Colombia son aquellos que tienen que ver con la restitución de tierras, las ejecuciones extrajudiciales, el medio ambiente o los que se presentan ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Las represalias se multiplican cuando denuncian los supuestos vínculos entre grupos paramilitares, guerrillas y autoridades.

El patrón de acoso es reiterativo: vigilancia, robo de material de trabajo, estigmatización y difamación de las actividades profesionales y graves amenazas a los abogados y sus familiares. Los niveles de amenazas y violencia es en ocasiones tan alto que los abogados se ven obligados a exiliarse. Los asesinatos de abogados y abogadas en Colombia continúan, en lo que va de 2021, cinco abogados han sido asesinados por motivo de su profesión.

El Estado colombiano no está garantizando la tutela judicial efectiva en estos casos. Por el contrario, las agencias de inteligencia del Estado someten con frecuencia a los abogados a operaciones de vigilancia ilegal. El uso de procedimientos de acoso con la amenaza de emprender acciones legales contra los abogados es también otra técnica represiva comúnmente utilizada.

AUSENCIA DE UN COLEGIO DE ABOGADOS QUE PROTEJA A LA ABOGACÍA

Los 334.508 abogados colombianos activos no cuentan con una institución profesional oficial que apoye, garantice y proteja el libre ejercicio de la profesión de la abogacía.

El Consejo Superior de la Judicatura reúne a magistrados, jueces, fiscales y abogados. Su función con respecto a los abogados se limita a su registro y a su control disciplinario. Este organismo, que depende del Ministerio de Justicia, no cumple los criterios de independencia e imparcialidad que han de proteger el ejercicio de la profesión.

La falta de unidad e independencia institucional de la profesión ha llevado a la creación de diversas asociaciones y colectivos en función de su actividad e intereses, a veces conflictivos.

La falta de unidad e independencia institucional de la profesión es un factor adicional de vulnerabilidad para los abogados que trabajan en asuntos delicados y son equiparados con las causas de sus clientes.