Organizaciones internacionales de defensa del Estado de derecho y de los derechos humanos condenan la escalada de los ataques llevados a cabo por las autoridades tunecinas contra la profesión de la abogacía, la independencia del poder judicial y la sociedad civil
Treinta y nueve organizaciones, entre ellas colegios de la abogacía, asociaciones de abogados/as, asociaciones de magistrados y organizaciones de defensa de los derechos humanos, condenan la campaña de intimidación, obstrucción y represalia, cada vez más intensa y sistemática, llevada a cabo por las autoridades tunecinas contra los abogados/as, los jueces, los colegios de la abogacía tunecinos, las asociaciones de magistrados y las organizaciones independientes de la sociedad civil.
Desde la consolidación del poder ejecutivo por el presidente Saïd en 2021 y la destitución sin previo aviso de 57 jueces mediante decreto presidencial en 2022, Túnez ha experimentado un deterioro continuo del Estado de derecho. Las autoridades han recurrido a procesos penales, órdenes de suspensión, prohibiciones de viajar, trabas administrativas y campañas de difamación contra quienes defienden los derechos humanos, cuestionan la injerencia del poder ejecutivo en el poder judicial, documentan las violaciones de derechos y prestan asistencia jurídica a las víctimas.
Los ataques descritos en la presente declaración forman parte de un patrón más amplio de ataques contra la independencia de la profesión de la abogacía, del poder judicial y de la sociedad civil en Túnez. El deterioro de la independencia judicial, la persecución de los abogados/as y las restricciones impuestas a la sociedad civil tienen graves consecuencias para el Estado de derecho y el acceso a la justicia. Estos ataques menoscaban directamente el derecho de defensa, el acceso a la justicia y la garantía de un juicio justo.
Los ataques de las autoridades contra la Orden Nacional de la Abogacía de Túnez
Las organizaciones firmantes manifiestan su profunda preocupación por la escalada de los ataques llevados a cabo por las autoridades tunecinas contra la Orden Nacional de la Abogacía de Túnez (ONAT) y contra la profesión jurídica en su conjunto. Una profesión jurídica independiente y autónoma es esencial para la buena administración de justicia. La ONAT tiene la misión de proteger la integridad profesional de sus miembros, garantizar el acceso a los servicios jurídicos y velar por el respeto de las garantías de un juicio justo y del Estado de derecho. Toda injerencia contra la ONAT atenta, por tanto, no solo contra los intereses de la profesión jurídica, sino también contra el acceso a la justicia para todas las personas y contra la integridad del sistema judicial en su conjunto.
En los últimos meses, la ONAT ha instado a las autoridades a poner remedio al deterioro de las condiciones de trabajo en los tribunales, en particular a la falta de equipamientos básicos y a la escasez de personal judicial y administrativo. Asimismo, ha denunciado la celebración injustificada de juicios a distancia, las violaciones de las garantías de un juicio justo, los ataques contra la independencia judicial y la injerencia del poder ejecutivo en el sistema judicial. Dado que las autoridades no ofrecieron ninguna respuesta concreta, la ONAT convocó una Asamblea General Extraordinaria el 1 de mayo de 2026 con el fin de abordar tanto las reivindicaciones profesionales de los abogados/as como la crisis más amplia que atraviesa el sistema judicial. En lugar de responder a las demandas de la ONAT, las autoridades impugnaron los procedimientos de la Asamblea y continuaron ignorando el fondo de las preocupaciones planteadas. Posteriormente, el Consejo de la Orden anunció un plan de movilización que incluía huelgas regionales, manifestaciones con brazaletes rojos en los tribunales y una huelga general nacional a partir del 18 de junio de 2026.
La ONAT ha indicado claramente que su movilización no se limita a reivindicaciones de carácter profesional. Su objetivo es defender la profesión de la abogacía, preservar el sistema público de justicia y garantizar el respeto de las garantías de un juicio justo. La negativa de las autoridades a responder de manera constructiva a estas reivindicaciones, así como los intentos posteriores de impugnar u obstaculizar la acción colectiva de la ONAT, en particular mediante la interposición por el Fiscal de Túnez de un recurso de anulación contra la Asamblea General Extraordinaria del 1 de mayo, suscitan una profunda preocupación por una injerencia deliberada en el papel institucional e independiente de la profesión de la abogacía en la defensa de la independencia judicial, de las garantías de un juicio justo y del Estado de derecho.
De conformidad con el Principio 14 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados (Principios Básicos de las Naciones Unidas), en el marco de la protección de los derechos de sus clientes y de la promoción de la causa de la justicia, los abogados/as deben esforzarse por hacer respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales. El Principio 23 protege el derecho de los abogados/as a participar en el debate público sobre cuestiones relativas al derecho, la administración de justicia y la promoción y protección de los derechos humanos. Los Principios 24 y 25 reconocen el papel de las asociaciones profesionales autónomas de abogados/as en la protección de la integridad profesional de sus miembros y en la cooperación para garantizar un acceso efectivo e igualitario a los servicios jurídicos. Por consiguiente, el intento de las autoridades tunecinas de deslegitimar, obstaculizar o tomar represalias contra la movilización de la ONAT constituye un atentado contra el papel institucional de la profesión de la abogacía en la defensa de la independencia judicial, de las garantías de un juicio justo y del Estado de derecho.
Los abogados/as perseguidos por razón de sus actividades profesionales
El ataque contra la ONAT se inscribe en el marco de una ofensiva más amplia y sistemática contra los abogados/as que defienden a opositores políticos, periodistas, jueces, defensores de los derechos humanos y víctimas de violaciones de los derechos humanos. En Túnez, los abogados han sido objeto de procesos judiciales, detenciones arbitrarias, prohibiciones de viajar, juicios injustos y otras formas de represalias debido a los asuntos que defienden y a los clientes que representan. Tales medidas vulneran no solo los derechos de los abogados/as, sino también los de sus clientes, y producen un grave efecto disuasorio sobre el ejercicio del derecho de defensa. Ello constituye una violación del Principio 16 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas, que exige a los gobiernos garantizar que los abogados/as puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acoso ni injerencias indebidas. Asimismo, vulnera el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que protege el derecho a contar con un representante legal de libre elección.
El caso de Ayachi Hammami ilustra claramente esta tendencia. Se opuso a las medidas adoptadas por el Presidente que atentaban contra la independencia judicial y el Estado de derecho, en particular la destitución sumaria de jueces y fiscales mediante decreto presidencial en junio de 2022. El Sr. Hammami era portavoz del comité de defensa de los jueces destituidos. En enero de 2023 fue procesado en virtud del Decreto-Ley n.º 54 sobre la base de declaraciones que había realizado a los medios de comunicación en el ejercicio de sus funciones como portavoz. El Sr. Hammami, destacado abogado y defensor de los derechos humanos, actuó inicialmente como abogado defensor en el denominado asunto de «complot contra la seguridad del Estado». Posteriormente fue incluido en la lista de sospechosos, procesado, sometido a una prohibición de viajar y de acceder a lugares públicos, y finalmente encarcelado para cumplir una pena de cinco años de prisión. Expertos de las Naciones Unidas consideraron que su condena estaba vinculada a su labor de defensa de los acusados en este asunto y advirtieron que perseguir a profesionales de la abogacía por el ejercicio de sus funciones amenazaba la integridad y la equidad de los procedimientos judiciales en Túnez.
El Sr. Hammami forma parte de las decenas de abogados víctimas de acoso judicial y expuestos a un grave riesgo de represalias por haber ejercido sus funciones profesionales y su derecho a la libertad de expresión. Hasta la fecha, 8 abogados se encuentran privados de libertad, entre ellos un antiguo Decano del Colegio de la Abogacía. Además, cinco abogados se han visto obligados a exiliarse y doce son víctimas de un ensañamiento judicial. Entre ellos, cabe mencionar los siguientes casos:
- Sonia Dahmani, abogada y columnista, fue detenida el 11 de mayo de 2024 en la sede de la ONAT por fuerzas de seguridad encapuchadas y ha sido objeto de cinco procedimientos penales en virtud del Decreto-Ley presidencial n.º 54 por declaraciones públicas realizadas en televisión sobre las condiciones de detención y la discriminación racial. Fue puesta en libertad el 27 de noviembre de 2025, tras dieciocho meses de detención, pero desde entonces ha sido objeto de dos nuevas condenas: dieciocho meses de prisión, confirmados en apelación en abril de 2026, por sus declaraciones sobre el racismo en Túnez, y dos años de prisión, impuestos el 25 de mayo de 2026 por el Tribunal de Primera Instancia de Túnez por declaraciones relativas a las condiciones carcelarias. Su abogado interpuso recurso de apelación contra esta última sentencia.
- Chawki Tabib, abogado, antiguo Decano del Colegio de la Abogacía de Túnez y exdirector de la Instancia Nacional de Lucha contra la Corrupción (INLUCC), se encuentra sometido a una prohibición de salida del territorio desde enero de 2024 y es objeto de dos procedimientos: el primero, una instrucción por blanqueo de capitales y otros delitos, que dio lugar a la emisión de una orden de prisión preventiva; el segundo, concluido recientemente en primera instancia, terminó con una condena dictada el 21 de mayo de 2026 por falsedad documental a diez años de prisión. Sus bienes fueron congelados mediante decisión de 14 de abril de 2026, y la Orden Nacional de Abogados de Túnez señaló que la orden de prisión preventiva había sido emitida sin interrogatorio previo. Diversas organizaciones internacionales han expresado su preocupación por el carácter políticamente motivado de estos procesos.
- Dalila Msaddak, abogada, es actualmente objeto de siete investigaciones distintas en virtud del Decreto-Ley n.º 54, todas ellas relacionadas con su labor como abogada defensora en el denominado caso complot.
Estos casos ilustran un patrón más amplio consistente en identificar a los abogados/as con sus clientes e intentar silenciar a la profesión jurídica. De conformidad con el Principio 18 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas, los abogados/as no deben ser identificados en ningún caso con sus clientes ni con las causas que defienden. Tampoco pueden ser sancionados por los asuntos cuya defensa acepten asumir, por los argumentos jurídicos que formulen o por su defensa pública del derecho a un juicio justo, de la independencia judicial y de las libertades fundamentales. La criminalización de los abogados/as por el ejercicio de sus funciones profesionales constituye un atentado directo contra el derecho de defensa y la independencia de la profesión jurídica, disuade a los abogados/as de asumir asuntos sensibles y corre el riesgo de privar a determinados sectores de la población de toda representación jurídica, negándoles así el acceso a la justicia.
Represalias contra los jueces que defienden la independencia judicial
Condenamos igualmente las represalias llevadas a cabo por las autoridades tunecinas contra los jueces y las asociaciones de magistrados que se han opuesto a la injerencia del poder ejecutivo en el poder judicial. Estas medidas recientes se inscriben en un proceso más amplio de desmantelamiento de las garantías de la independencia judicial en Túnez desde 2022. El 12 de febrero de 2022, el Presidente de la República disolvió el Consejo Superior de la Magistratura (CSM) y lo sustituyó por un Consejo Superior Provisional de la Magistratura (CSPM), cuya composición y funcionamiento permanecen en gran medida bajo el control del poder ejecutivo. A esta reforma le siguieron la destitución sumaria de magistrados mediante decreto presidencial y una subordinación cada vez mayor del poder judicial al poder ejecutivo. Desde 2023, el propio CSPM se encuentra paralizado por falta de quórum debido a la ausencia de nombramiento de varios de sus miembros de pleno derecho, lo que ha dejado, en la práctica, al Ministerio de Justicia la gestión de las carreras profesionales y del régimen disciplinario de los magistrados mediante mecanismos informales carentes de una base jurídica clara.
El juez Anas Hmedi, presidente de la Asociación de Magistrados Tunecinos, se ha convertido en uno de los principales objetivos de esta represión. Los procesos penales incoados contra él derivan de actuaciones realizadas en su calidad de presidente de la asociación y de la legítima movilización de los jueces contra la destitución sumaria de 57 jueces mediante decreto presidencial en 2022. Al término de un procedimiento «viciado por irregularidades», el juez Hmedi fue condenado a un año de prisión por obstrucción al trabajo y se enfrenta al riesgo de ser encarcelado si la sentencia es confirmada en apelación. Ello constituye una violación de los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura, en particular del Principio n.º 1, que exige a los Estados respetar y garantizar la independencia judicial, así como de los Principios n.º 8 y 9, que protegen, respectivamente, los derechos de los jueces a la libertad de expresión y a la libertad de asociación.
La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados calificó el procedimiento iniciado contra el juez Hmedi de «represalia manifiesta» por haber defendido la independencia judicial, expresando una profunda preocupación por las represalias dirigidas contra los jueces que se oponen a la injerencia del poder ejecutivo en el sistema judicial, por el uso abusivo del derecho penal para silenciarlos y por el mensaje de intimidación que ello transmite al conjunto de la judicatura y a la sociedad.
Suspensión de organizaciones de defensa de los derechos humanos y obstaculización del acceso a la justicia
Las autoridades también han dirigido sus ataques contra organizaciones independientes de la sociedad civil, en particular aquellas que prestan asistencia jurídica y denuncian violaciones de los derechos humanos, defienden los derechos de las mujeres, luchan contra el racismo, protegen la libertad de prensa y apoyan a las víctimas de abusos, actividades todas ellas que favorecen el acceso a la justicia y constituyen un contrapeso esencial frente a los abusos de poder.
Durante el último año, los tribunales tunecinos han dictado órdenes de suspensión de 30 días contra al menos 25 organizaciones, entre ellas Avocats Sans Frontières, Mnemty, la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas, Aswat Nissa, Nawaat, el Foro Tunecino para los Derechos Económicos y Sociales, la Comisión Internacional de Juristas, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Liga Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos, una de las organizaciones de derechos humanos más antiguas de África y galardonada con el Premio Nobel de la Paz de 2015 como miembro del Cuarteto para el Diálogo Nacional. La presidenta de Mnemty, Saadia Mosbah, continúa detenida arbitrariamente. Las organizaciones que impugnaron judicialmente las órdenes de suspensión vieron rechazados sus recursos y actualmente se enfrentan al riesgo de ser disueltas.
Estas medidas no solo restringen la libertad de asociación, sino que obstaculizan directamente el acceso a la justicia. La decisión de suspensión dictada contra Avocats Sans Frontières el 5 de mayo de 2026, aunque posteriormente fue levantada, ya tuvo repercusiones sobre la asistencia jurídica y el acceso a la justicia prestados, en particular, a personas en situación de vulnerabilidad, defensores de los derechos humanos y presos políticos y de conciencia, así como sobre la capacidad de ASF para observar y denunciar la instrumentalización de la justicia y las violaciones de los derechos humanos. Al perseguir a las organizaciones de defensa de los derechos humanos, a los prestadores de asistencia jurídica y a las asociaciones independientes, las autoridades privan a las víctimas de violencia policial, violencia de género, discriminación racial, persecución política y otras violaciones de los derechos humanos de un apoyo esencial.
Consideradas en su conjunto, la suspensión de organizaciones de la sociedad civil, los procesos contra abogados, las represalias contra jueces y las trabas impuestas al funcionamiento del colegio de la abogacía socavan colectivamente las garantías institucionales que protegen a las personas frente a los abusos de poder.
Llamamiento a las autoridades tunecinas
Las organizaciones firmantes instan a las autoridades tunecinas a:
- Poner fin de inmediato a todos los actos de intimidación, acoso, enjuiciamiento, detención, represalias e injerencia indebida dirigidos contra abogados/as, jueces/as, magistrados/as, colegios de la abogacía tunecinos, la ONAT, organizaciones de abogados/as, asociaciones de magistrados/as y defensores/as de los derechos humanos;
- Garantizar que los abogados/as puedan ejercer sus funciones profesionales libremente y con plena independencia, incluso cuando representen a detenidos políticos, periodistas, jueces, activistas, figuras de la oposición o víctimas de violaciones de los derechos humanos, y velar por que no sean identificados con sus clientes ni sancionados por los asuntos que tramitan, los clientes que representan, los argumentos jurídicos que sostienen o su defensa pública de los derechos humanos y del Estado de derecho;
- Poner fin a todos los procedimientos penales, disciplinarios y administrativos iniciados contra abogados/as y jueces/as por el solo hecho de ejercer sus funciones profesionales, defender la independencia judicial o ejercer sus derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica;
- Anular la condena y la pena impuestas al juez Anas Hmedi y garantizar que ningún juez sea sancionado por haber defendido la independencia judicial o por haber participado en las actividades legítimas de una asociación profesional;
- Poner en libertad a Ayachi Hammami y Chawki Tabib, y poner fin a los procesos arbitrarios contra abogados/as, en particular contra Sonia Dahmani y Dalila Msaddak, así como contra todos los abogados/as, jueces/zas, detenidos políticos, periodistas, defensores de los derechos humanos y actores de la sociedad civil detenidos arbitrariamente por haber ejercido sus derechos o realizado una labor profesional legítima;
- Levantar las medidas de suspensión impuestas a las organizaciones de la sociedad civil y poner fin a todo intento de disolver, obstaculizar o criminalizar a los grupos de defensa de los derechos humanos, las organizaciones de asistencia jurídica y las asociaciones independientes;
- Revocar las medidas adoptadas desde 2022 que menoscaban la independencia judicial, en particular las injerencias del poder ejecutivo en el poder judicial, y dar cumplimiento a las resoluciones judiciales relativas a los jueces destituidos;
- Garantizar el pleno respeto de las garantías de un juicio justo, del debido proceso, del acceso a un abogado, de la igualdad de armas y de la independencia de los tribunales;
- Adecuar la legislación y la práctica tunecinas a las obligaciones internacionales de Túnez en materia de derechos humanos y a las normas internacionales pertinentes relativas a la independencia y la protección de los abogados y de los jueces, en particular los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura, los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados, el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de la Profesión de Abogado y las normas internacionales relativas a la independencia judicial;
- Restablecer la independencia de la profesión jurídica y del poder judicial, garantizar el funcionamiento libre y conforme a la ley de las organizaciones de la sociedad civil y proteger los derechos humanos de todas las personas del país.
FIRMANTES:
- Amnesty International
- Avocats Sans Frontières
- Council of Bars and Law Societies of Europe (Consejo de los Colegios de Abogados de Europa, CCBE)
- Defense Commission – Barcelona Bar Association
- Deutscher Anwaltverein (Asociación Alemana de Abogados)
- DSF-AS Défense Sans Frontières – Avocats Solidaires
- Euromed Rights
- European Association for Lawyers for Democracy and World Human Rights (ELDH)
- European Criminal Bar Association (ECBA)
- European Democratic Lawyers (AED)
- Foundation International Day of the Endangered Lawyer
- GeBehatokia, Basque Observatory of Human Rights
- Human Rights Watch
- Indian Association of Lawyers (IAL)
- Institute for the Rule of Law of the Union Internationale des Avocats (UIA-IROL)
- International Association of Democratic Lawyers (IADL)
- International Association of Judges (IAJ-UIM)
- International Association of People’s Lawyers (IAPL)
- International Association of Russian Advocates
- International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI)
- International Commission of Jurists
- International Observatory for Lawyers at Risk (OIAD)
- Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Bruselas
- Observatorio de los Abogados (IDHBB)
- Law Society of England and Wales
- Lawyers for Lawyers (L4L)
- Legal Centre Lesvos
- Medel – Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades, en representación de 24 asociaciones de jueces y fiscales
- National Union of People’s Lawyer (NUPL), Filipinas
- New York City Bar Association
- Ordre des avocats de Genève (ODAGE)
- Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT)
- PEN Norway
- Progressive Lawyers Association, Turkey (ÇHD)
- Republikanische Anwältinnen- und Anwälteverein (RAV)
- The Lawyers for the Rule of Law, USA
- The Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP)
- Union of Peoples’ Lawyers in Mindanao
- Vereinigung Demokratischer Jurist:innen (VDJ), Alemania
