Italia: El abogado Giovanni Allegra amenazado por un cliente armado en su despacho
19 de junio de 2026
Giovanni Allegra, abogado del Colegio de Abogacía de Termini Imerese, permaneció durante aproximadamente una hora y media bajo la amenaza de un hombre armado con una pistola en su propio despacho. Este hombre exigía que redactara un escrito judicial en su favor.
Solo la sangre fría del abogado, que redactó el escrito bajo coacción —comprometiéndose, bajo amenaza, a presentarlo al día siguiente— permitió evitar un desenlace peor.
El hombre fue detenido tras la denuncia presentada por el abogado.
El Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD) subraya la gravedad de este episodio, expresa su solidaridad con el letrado Giovanni Allegra y con el Colegio de la Abogacía de Termini Imerese, y manifiesta su profunda preocupación por el recrudecimiento de los casos de amenazas y agresiones contra abogados/as en Italia y en Europa con fines de intimidación, comprometiendo así su libertad y su independencia en el ejercicio de sus funciones.
El OIAD recuerda que el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de la Profesión de la Abogacía, adoptado el 12 de marzo de 2025 y abierto a la firma de los Estados el 13 de mayo de 2025, firmado hasta la fecha por 34 Estados (entre ellos Italia), dispone que:
- Los Estados Parte velarán por que los abogados puedan «aceptar o rechazar como cliente a cualquier persona física o jurídica y poner fin a la relación con sus clientes» (artículo 6, apartado 1, letra b).
- Los Estados Parte «velarán por que los abogados y sus asociaciones profesionales puedan ejercer sus actividades profesionales y sus derechos en virtud del artículo 7 (libertad de expresión) del presente Convenio sin ser objeto de agresiones físicas, amenazas, actos de acoso o intimidación (…)» (artículo 9, apartado 4, letra a).
El OIAD, recordando que son necesarias al menos ocho ratificaciones para la entrada en vigor del Convenio, de las cuales seis deben proceder de Estados miembros del Consejo de Europa, y que hasta la fecha no se ha producido ninguna ratificación, insta a los Estados firmantes a ratificar el Convenio a la mayor brevedad posible, con el fin de garantizar la aplicación efectiva de las medidas de protección de la profesión de la abogacía, consciente de que todo ataque contra quienes la ejercen constituye un ataque contra las garantías sobre las que se sustentan el Estado de Derecho y la democracia.
