22 de abril de 2026
El abogado Surendra Gadling es un jurista especializado en la defensa de los derechos humanos y de las comunidades marginadas, en particular los Dalits y los pueblos indígenas de la India. Lleva casi ocho años detenido en el marco del caso Bhima Koregaon[1]. En la actualidad es el único acusado que sigue encarcelado; las otras quince personas procesadas en este caso han sido puestas en libertad bajo fianza.
Detenido en 2018, el Sr. Gadling forma parte de un grupo de defensores de derechos humanos procesados por su presunta implicación en los actos de violencia ocurridos en Bhima Koregaon. Varias organizaciones consideran que estos procesos se dirigen en realidad contra activistas comprometidos y denuncian que las acusaciones son falsas.
El Sr. Gadling también está siendo procesado en otro caso relacionado con un incendio en una mina en Surajgarh. Según varios abogados, se habrían detectado incoherencias en la denuncia (en particular, la ausencia de elementos que permitan vincularlo directamente con los hechos).
En ambos casos, la principal prueba que se le imputa es el supuesto hallazgo de documentos comprometedores en su ordenador. Expertos en investigación digital han constatado que dichos documentos fueron colocados allí mediante un troyano de acceso remoto cuya existencia desconocía el Sr. Gadling.
Varias organizaciones de abogados han exigido su liberación inmediata y han denunciado el uso de la Ley de Prevención de Actividades Ilegales (UAPA), considerada especialmente represiva.
La prolongada detención del abogado Surendra Gadling suscita serias preocupaciones en cuanto al respeto del derecho a la libertad y a un juicio justo. También plantea dudas sobre la protección de los abogados/as y los defensores/as de derechos humanos, en particular cuando se ven implicados en casos sensibles.
El Observatorio insta a las autoridades indias a garantizar el respeto de los derechos fundamentales del Sr. Surendra Gadling, en particular su derecho a un juicio justo en un plazo razonable.
El Observatorio recuerda a la República de la India sus obligaciones en virtud del derecho internacional, en particular los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados.
El Observatorio insta a la República de la India a cumplir con las obligaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 14, apartado 3 dispone que: «Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (…) b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas; (…)».
[1] El caso hace referencia a los actos de violencia de Bhima Koregan, que tuvieron lugar el 1 de enero de 2018 durante la conmemoración del bicentenario de la batalla de Koregaon Bhima, ganada por los Dalits contra los peshwas (dirigentes de casta superior).