El Salvador: La abogacía bajo asedio en un contexto de erosión del Estado de derecho
Fecha del informe: Febrero 2026
Descripción: El presente informe elaborado por el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD) y Lawyers for Lawyers (L4L) analiza el grave deterioro del Estado de derecho en El Salvador y su impacto directo en el ejercicio independiente de la abogacía.
Desde mayo de 2021, el país ha experimentado una profunda erosión de la división de poderes, marcada por la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General, reformas que facilitaron la remoción masiva de jueces y fiscales, y la consolidación de amplias facultades discrecionales en el Ejecutivo. Este proceso se ha visto agravado por la aplicación prolongada del régimen de excepción desde marzo de 2022, que ha suspendido garantías fundamentales como el derecho de defensa y la inviolabilidad de las comunicaciones.
En mayo de 2025, la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros añadió nuevas restricciones al espacio cívico, imponiendo un impuesto del 30% a fondos internacionales y otorgando amplias facultades al Ejecutivo para sancionar o cancelar organizaciones, afectando directamente la labor de defensa de derechos humanos.
En este contexto, el informe documenta un patrón sistemático de hostigamiento y criminalización contra abogados y abogadas, especialmente quienes representan a personas detenidas bajo el régimen de excepción o denuncian abusos de poder. Entre las principales preocupaciones identificadas se encuentran:
- Detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas temporales.
- Incomunicación prolongada y restricciones al acceso a clientes.
- Juicios secretos y utilización de “jueces sin rostro”.
- Procesos disciplinarios selectivos como mecanismo de presión.
- Campañas de estigmatización y vigilancia.
- Represión transnacional mediante notificaciones de INTERPOL.
El informe presenta casos emblemáticos que ilustran estos patrones, incluyendo las situaciones de Ruth López, Alejandro Henríquez, Enrique Anaya, Ingrid Escobar, así como Ivania Cruz y Rudy Joya, quienes han enfrentado detenciones, incomunicación, exilio o persecución internacional por el ejercicio legítimo de su profesión.
OIAD y L4L concluyen que estos hechos constituyen represalias por el ejercicio legítimo de la abogacía y vulneran obligaciones internacionales asumidas por El Salvador, incluyendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los Principios Básicos de la ONU sobre la Función de los Abogados.
El informe formula recomendaciones urgentes al Estado salvadoreño y a la comunidad internacional para garantizar la protección de los abogados en riesgo, restablecer las garantías procesales y asegurar el ejercicio libre e independiente de la profesión jurídica.
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