NICARAGUA: La abogada Eilyn Margarita Cruz Rojas exiliada de manera forzosa
14 de septiembre 2021
La abogada nicaragüense Eilyn Margarita Cruz Rojas ha sido víctima de hostigamientos continuados por lo que se vio forzada al exilio encontrándose actualmente en una situación muy vulnerable.
Eilyn Margarita Cruz Rojas es abogada nicaragüense y miembro de la organización Acción Penal formada por abogados exfiscales. La iniciativa Acción Penal surge para dar respuesta a la necesidad de defensa legal de los presos políticos y de asistencia legal a personas que ven vulnerados sus derechos.
Eilyn Margarita ejerció como fiscal en el Ministerio Público durante 13 años, renunciando al cargo en el año 2017. A partir de 2018, comenzó a trabajar como abogada asesorando y defendiendo a presos políticos y víctimas directas de la represión estatal nicaragüense.
En agosto de 2019, Eilyn junto con otros dos compañeros sufrieron asedio policial en las oficinas de Acción Penal en Managua. Los integrantes de la organización denunciaron los hechos públicamente, vinculándolo a su actividad profesional y postura crítica ante las arbitrariedades del sistema de justicia en Nicaragua[1].
En el caso de Eilyn, el hostigamiento y riesgo se incrementó desde finales de mayo de 2021, cuando empezó a dar asistencia legal a Cristiana Chamorro y los miembros de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Este hostigamiento se materializó en un asedio a su domicilio por parte de personas vestidas de civil, hombres motorizados y en vehículos, así como policías. De igual manera fue retenida al salir del Ministerio Público, el 27 de mayo del 2021, al salir de presentar un escrito de justificación de Cristiana Chamorro. Esta retención fue realizada por personas miembros de la policía nacional y personas vestidas de civil, quienes fotografiaron su vehículo, documentos que portaba y a ella misma.
Ante esta situación Eilyn se vio forzada al exilio, abandonando el país y siendo alertada de visitas regulares a su casa de personas vestidas de civil, preguntando por ella con la intención de entregarle documentación.
En la actualidad el estado Nicaragüense ha impuesto unas medidas precautelares en su persona, como congelación de las cuentas, levantamiento del sigilo bancario y retención migratoria.
Por otro lado, a la crisis social y política que vive el país, con los últimos ataques a los operadores judiciales, sumaría en la actualidad la provocada por la pandemia del coronavirus. Especialmente en los centros penitenciarios debido a la imposibilidad de adoptar medidas preventivas que eviten el contagio, las condiciones de insalubridad, el acceso limitado al agua potable, alimentación inadecuada y atención médica insuficiente.
Frente a esta situación, el OIAD recuerda que la independencia de los abogados es uno de los principales indicadores de salud democrática y consolidación del Estado de Derecho. Ello, de conformidad con lo dispuesto en los Principios de Naciones Unidas para La Función de los Abogados.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los Principios de Naciones Unidas para La Función de los Abogados, y en particular los Principios 16 y 17 que establecen lo siguiente:
Principio 16: “Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; b) puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto dentro de su país como en el exterior; y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión.”
Principio 17: “Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada.”
Principio 18: “Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones.”
[1] https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/498588-crisis-nicaragua-asedio-policia-accion-penal/