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[Flickr / Alexander Schimmeck 2018]
Los abogados y abogadas de Acción Penal se han visto obligados a continuar su labor desde el exilio tras sufrir constantes ataques por la defensa legal de presos políticos.
Acción Penal es una iniciativa creada por un colectivo de abogados especialistas en Derecho Penal que son Ex Fiscales del Ministerio Público de Nicaragua. Esta asociación surge en febrero de 2019 para dar respuesta a la necesidad de defensa legal de los presos políticos y de asistencia jurídico penal a personas víctimas de la represión, en el marco de la crisis sociopolítica que afecta a Nicaragua. Acción Penal está formada por un equipo permanente de tres abogados que trabajan ocasionalmente con otros tres abogados asociados.
Los miembros de Acción Penal trabajan con el fin de asistir a las personas privadas de libertad que protestan por el respeto de los derechos humanos en Nicaragua. De esta forma promueven el acceso a la defensa legal gratuita y de calidad, la creación de documentación especializada que registre violaciones de derechos humanos, así como la interposición de acciones legales contra el Estado de Nicaragua por estas violaciones.
El equipo legal de Acción Penal viene trabajando en un contexto hostil al tratar temas jurídicos relacionados a la crisis sociopolítica de abril 2018. La represión estatal se ha incrementado en el marco del contexto electoral[1], intensificándose la persecución criminal en contra de precandidatos a la presidencia, periodistas independientes y profesionales de la abogacía[2].
En Nicaragua, de los más de 30.000 abogados y abogadas en ejercicio, apenas 40 se dedican a la defensa legal de presos políticos y defensa de derechos humanos. Entre estos últimos se encuentran los miembros de Acción Penal. Por su experiencia en la asistencia legal de casos de alto perfil[3], han sido fuertemente asediados y amenazados, lo que ha obligado a todo el equipo legal a exiliarse. Desde el exilio, tratan de continuar su actividad como organización especializada en cuestiones jurídico-penales, que también participa en un grupo de trabajo sobre Justicia Transicional.
Frente a esta situación, el OIAD recuerda que la independencia de los abogados es uno de los principales indicadores de salud democrática y consolidación del Estado de Derecho. Ello, de conformidad con lo dispuesto en los Principios de Naciones Unidas para La Función de los Abogados.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los Principios de Naciones Unidas para La Función de los Abogados, y en particular los Principios 16, 17 y 18 que establecen lo siguiente:
Principio 16: “Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; b) puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto dentro de su país como en el exterior; y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión.”
Principio 17: “Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada.”
Principio 18: “Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones.”
[1] Las próximas elecciones generales en Nicaragua tendrán lugar el 7 de noviembre de 2021.
[2] https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/145.asp ; https://www.confidencial.com.ni/nacion/regimen-enfila-persecucion-contra-abogados-defensores/
[3] Acción Penal ha asistido casos de alto perfil como el asesinato del periodista Ángel Gahona q.e.p.d., la jovén medico brasileña asesinada Rayneia Gabrielle Da Costa Lima Rocha, asistencia legal a periodistas y miembros de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
